Aprobará un nuevo decreto de jornada y horarios para sus empleados tras tumbar el Constitucional el anterior

Era previsible. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado el decreto ley que regula la jornada laboral de 35 horas de los más de 250.000 empleados públicos andaluces, tras admitir a trámite varios recursos interpuestos por el Gobierno central y restituir el horario mínimo de 37,5 horas. Considera que la norma invade competencias estatales y vulnera las dictadas por el Estado para regular el régimen jurídico de las administraciones. Había marcado el camino al dictaminar lo mismo en relación a otras comunidades y a algún ayuntamiento como el de Madrid, de ahí que la Junta supiera ya que a veces puede que no alcance con decretos destinados al cajón. De hecho, el Ejecutivo andaluz trabajaba desde hacía semanas en un «plan B» con los sindicatos. Esto le permitió adelantar, tan sólo poco más de una hora después de contar con la notificación del Constitucional, que aplicaría esa vía paralela para intentar burlar la decisión del Alto Tribunal.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, lo dejaba claro en su perfil de la red social Twitter: «Andalucía acata la sentencia del TC sobre las 35 horas y seguirá defendiendo a los empleados públicos. Gobierno andaluz y sindicatos acordarán medidas para no alterar la jornada presencial ni que se produzcan despidos de trabajadores», escribió. La encargada luego de explicar el subterfugio ideado para sortear lo mandatado por el TC fue la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien avanzó que el asunto será abordado de nuevo el próximo lunes con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de la Administración regional –CC OO, UGT y CSIF– y el acuerdo que se alcance se aprobará al día siguiente, en forma de otro decreto de jornada y horarios, en el Consejo de Gobierno. La fórmula a utilizar pasará por computar tareas que los trabajadores de la Administración autonómica «venían desarrollando fuera de su puesto», en «el ámbito doméstico», para «mejorar la calidad de los servicios» que prestan, de forma que puedan alcanzar las 37,5 horas que ha refijado el Constitucional para el conjunto del país. Dicho de otro modo, el tiempo que los funcionarios pasen en sus domicilios estudiando o llevando a cabo actividades relacionadas con las funciones que ejercen en sus puestos de trabajo servirán para completar su jornada laboral, a modo de «teletrabajo». Entre ellas la consejera incluyó ayer el «descargar vídeos», «ver reportajes», «mirar» bibliografía» o «preparar clases». Se trata, en palabras de Montero, de «una reclamación histórica de las centrales sindicales», limitada hasta la actualidad al «ámbito universitario», que la Junta está dispuesta a atender ahora, tal vez para frenar la avalancha de críticas que conllevaría dar marcha atrás en este asunto inflado de expectativas. La titular de Hacienda se afanó por garantizar que el Ejecutivo andaluz no modificará «la jornada presencial de los empleados públicos» y que «las plantillas, los horarios y las personas que se contrataron con motivo» de la alteración de la misma «van a permanecer y no se van a ver afectados». Desde ahí, Montero quiso trasladar un mensaje de «tranquilidad y claridad absoluta para todos» los funcionarios y negó que existan «incertidumbres» en torno a los contratados tras la aplicación de las 35 horas, relaciones contractuales, dijo, que seguirán «vigentes». Se anunció que se costearían nuevas nóminas para un global de 7.000 empleados gracias al decreto del Gobierno autonómico. Tomada posición, la consejera «exigió» al Gobierno que dirige Mariano Rajoy que «regule para todo el Estado» la jornada de 35 horas en los Presupuestos del 2018, iniciada «la recuperación», dado que «sería muy triste aprovechar la crisis para no devolver a los trabajadores lo que habían conseguido con su esfuerzo», lanzó. Aunque desde de la Junta «se conforman» con que el Ejecutivo de Rajoy no recurra el futuro decreto, según fuentes de la misma. De momento, el representante de éste en la región, Antonio Sanz, instó al Gobierno autonómico a «rectificar, respetar y acatar» una sentencia que, a su juicio, evidencia «la necesidad de que las diferentes administraciones dialoguen y colaboren estrechamente».