La jueza Núñez pide al tribunal de los ERE un informe sobre ayudas estatales

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta, ha solicitado mediante un exhorto al tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, encargada de juzgar a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el conocido como procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y las ayudas a empresas en crisis, un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre las ayudas otorgadas por la Administración estatal entre 2001 y 2010.

En un exhorto, con fecha de 6 de abril de 2018 y al que accedió Ep, la jueza María Núñez Bolaños pidió a la Sección Primera «a la mayor brevedad posible» el informe de fecha de 8 de febrero remitido por el Ministerio de Empleo y suscrito por el director general de Empleo, Javier Thibault. El tribunal aludido, a través de una diligencia de ordenación del letrado de la Administración de Justicia, ya ha decidido, de hecho, remitir dicho documento.

Esta demanda se enmarca en la pieza separada de la «macrocausa» que investiga el ERE del restaurante sevillano Río Grande, que recibió 1,3 millones en ayudas de la Administración andaluza.

En el citado informe, solicitado por la Audiencia como ampliación de la información remitida el 18 de septiembre de 2017 al juzgado sevillano en la pieza por las ayudas a empresas de la Faja Pirítica de Huelva sobre ayudas extraordinarias para trabajadores dadas por la entonces Dirección General de Trabajo estatal entre 2001 y 2011, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social asegura que «todos» los expedientes relativos a las subvenciones «están sujetos» a fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada de la Administración General del Estado en el ministerio.

La Dirección General de Empleo recuerda en el informe que la Orden de 5 de abril de 1995 establece en su artículo tercero que las ayudas extraordinarias tenían que ser solicitadas «conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores o directamente por éstos últimos». En todos los expedientes de concesión de ayudas «consta la resolución expresa sobre su concesión o denegación».

Respecto a si las resoluciones contenían «mención expresa en su caso de los compromisos que eran asumidos por sus beneficiarios», Thibault señala que la Orden de 1995 «no establece, como tales, compromisos del trabajador, sino condiciones para ser beneficiario de la ayuda». En concreto, según precisa el informe, «se exige que el trabajador haya sido despedido en un proceso de reestructuración de empresa y encontrarse en una situación de desprotección que no fuera susceptible de ser cubierta por ningún otro mecanismo de garantía».

Por otro lado, el director general afirma que «todos» los expedientes reseñados «están sujetos» a fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada de la Administración estatal.

Una generación socialista «haciéndose el longui»

El vicesecretario de Organización del PP-A, Toni Martín, expresó ayer que «qué triste» era «ver a toda una generación de socialistas andaluces haciéndose el longui e intentando esconderse en el lugar lejano que supone el silencio» en el primer juicio del «caso ERE». Como también lo es para el popular «ver sentado a un ex presidente de la Junta delante de un juez –en alusión a Manuel Chaves–, igual que ocurrió la semana pasada con otro –José Antonio Griñán–», y «más todavía» el «ver la actitud con la que lo han hecho», lamentó.