La Guardia Civil ha entregado a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE irregulares de Andalucía, el resultado de las últimas investigaciones realizadas, que se recogen en un atestado de más de 1.400 folios, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

La Benemérita incluye en dicho documento las pesquisas realizadas que permitieron a la magistrada, tras una baja de seis meses, reactivar el sumario de una forma espectacular, con un total de 22 nuevas detenciones. Actualmente hay seis personas en la cárcel de forma preventiva. Los directivos de la mediadora Vitalia Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín; además del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero; el «conseguidor» Juan Lanzas y su presunto testaferro, Eduardo Leal. Un cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, salió de prisión tras reunir en tiempo récord la fianza de 50.000 euros. La semana próxima pasarán por el despacho de la juez el abogado Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, y el administrador de Uniter, José González Mata.

Las citadas fuentes señalaron que el atestado, que se encuentra bajo el secreto que todavía pesa sobre el sumario, es un documento pormenorizado, en el que han trabajado decenas de agentes, y que ha permitido confirmar, prácticamente al cien por cien, las expectativas de investigación que se había marcado la Guardia Civil en esta fase de las pesquisas. Tal y como adelantó este periódico, la Unidad Central Operativa (UCO) trazó hasta cinco líneas de actuación, que los distintos agentes que han participado en la operación han seguido con la tenacidad y rigor que caracteriza a la Guardia Civil, hasta completar el trabajo que se recoge en los más de 1.400 folios del atestado y que se suman a los más de 26.000 que acumula el caso en manos del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Las cinco líneas de investigación son las relativas a ayudas sociolaborales; ayudas directas a empresas; estudio de la gestión de las ayudas y los pagos realizados; investigación de las «mediadoras»; y, finalmente, análisis de la forma con la que trabajaban los supuestos implicados y la forma de abortar los presuntos delitos que se estaban cometiendo.

La denominada «Operación Heracles» es el resultado de una de las principales líneas de investigación del juzgado y la Guardia Civil, centrada en averiguar cómo se repartía y se introducía en el sistema financiero el dinero proveniente de las abultadas sobrecomisiones. Para ello hay una serie de actores fundamentales: empresas comisionistas, despachos de abogados, testaferros, empresas pantalla y también los sindicatos. CC OO y UGT son una pieza más del engranaje que convirtió los procesos de expedientes de regulación de empleo en un verdadero «negocio». El directivo de Vitalia Antonio Albarracín, en prisión preventiva sin fianza, relató a la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, que la mediadora para la que trabajaba pagó a los entornos de los dos principales sindicatos de clase 4.291.384,10 euros a través de dos empresas satélites: Temiqui (UGT) y FQT (CC OO).

El «negocio» se articulaba de la forma que sigue. La Junta de Andalucía aprobaba para financiar los ERE partidas infladas, contando con el visto bueno de la autoridad laboral. Así era posible un reparto de sobrecomisiones y de labores de intermediación. Quien cobra del Gobierno andaluz es la compañía aseguradora, que a su vez paga a las empresas intermediarias o consultoras (principalmente Uniter y Vitalia) y éstas a su vez–en el caso de Vitalia está probado– reparten otro trozo sustancial de la tarta entre «conseguidores» como el encarcelado Juan Lanzas, sindicatos y, en última instancia, los que dieron luz verde a las subvenciones.

Es el caso del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, también en prisión.

La tarifa de CC OO y UGT era entre un 0,5 por ciento y un uno por ciento de la prima. «A los sindicatos se les abonaba un 0,5 por ciento de la prima por cada expediente en que intervenían, si había dos sindicatos se les abonaba el 1 por ciento para los dos. Si la prima era elevada desde Barcelona recortaban», explicó el ex directivo de Vitalia. Esto ocurrió «entre un 15 y un 20 por ciento de las pólizas de la Junta».

Los sindicatos proporcionaban principalmente información privilegiada, facilitaban el proceso y dirigían a las mediadoras a qué empresas podían dirigirse para poner en marcha el «negocio» del ERE, ya que el proceso de contratación de dichas mediadoras era opaco y no competitivo. El caso de Mercasevilla es paradigmático. La lonja pública, génesis del escándalo al destaparse un intento de soborno a dos empresarios, llevó a cabo dos ERE financiados con fondos públicos: en 2003 y 2007, aunque de este último se desvinculó el Gobierno andaluz. En 2003 la Junta prejubiló a 50 personas. A partir de ese momento la lonja, en connivencia con el resto de actores de la trama, inició un proceso de contratación masiva para preparar a Mercasevilla para otro expediente laboral, que se planteó en 2006. En ese intervalo hay 190 nuevos trabajadores.

En ningún momento se quejaron los sindicatos. Muy al contrario, la juez señala en el auto por el que envía a prisión a Juan Lanzas que un agente de Vitalia –también imputado–, Francisco González, aprovechó en 2003 su «buena relación» con el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CC OO) para acercarse al entorno de la empresa y plantear un ERE. El «conseguidor» Juan Lanzas cobró por los dos ERE casi medio millón: 492.665 euros.