La Fiscalía se querella contra la directora de la Alhambra y otros tres altos cargos más

La Fiscalía de Granada presentó ayer una querella criminal contra la directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, tres cargos más del organismo gestor del monumento, y dos empresarios por posibles irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de alquiler de audioguías.

Además de Villafranca, han sido denunciados la secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro; el jefe de la Sección Económica y de Contabilidad de la Sección de Gestión y Contabilidad de Ingresos y actualmente, de la Sección de Comercialización, José María Visedo; el interventor delegado del Patronato, el administrador único de la empresa adjudicataria del servicio, Stendhal Museum Solutions SL, antes GTP Museum Solutions SL, y su director general, que, como la máxima responsable del monumento, ya declararon ante la Policía en calidad de detenidos. Según el Ministerio Público, y «sin perjuicio de lo que resultare posteriormente» en la investigación, se les puede considerar presuntos autores de un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de malversación de caudales públicos, y un delito de blanqueo de capitales.

La investigación de la Fiscalía se inició tras la denuncia presentada ante la Agencia Tributaria sobre una serie de irregularidades en la contratación efectuada por el Patronato de la Alhambra y Generalife en la explotación el sistema de audioguías de la Alhambra. La querella ha sido formalizada ante el Decanato de los Juzgados de Granada para su reparto al que por turno corresponda, al haber sucedido los hechos objeto de investigación en la ciudad. La Fiscalía no hizo público el contenido de la querella, porque entiende que no procede publicitarla en tanto que no se haya trasladado a las personas contra las que se dirige. Tras declarar como detenida, Villafranca anunció que si finalmente era imputada por este caso pondría su cargo a disposición de sus superiores, aunque se mostró convencida de que la adjudicación ha podido tener «incidencias», pero nunca de «relevancia penal». Además, se quejó de que la Policía le informara de que declararía en calidad de detenida sin tener conocimiento previo de ello, por lo que sintió conculcados sus derechos fundamentales, algo que rechazó el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, que indicó que precisamente se ha procedido así para evitarle la llamada «pena de telediario». Después de conocer que había comparecido como detenida, el portavoz del equipo de Gobierno local, Juan García Montero, reclamó de nuevo su dimisión, si bien el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, no solicitó su cese aunque sí pidió un cambio en la gestión del monumento e instó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a sentarse a hablar. El presidente del PP-A, Juanma Moreno, sí pidió a Díaz que cese «de manera inmediata» a Villafranca, mientras que Marifrán Carazo reiteró que su grupo va a pedir una comisión de investigación.