La Fiscalía advierte del riesgo de prescripción en una ayuda de los ERE

Recurre una resolución de Núñez para que incoe pieza separada centrada en Pacsa Sanders

A veces se es consciente de la necesidad de acción. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de reforma contra una resolución de la instructora del «macroproceso» centrado en expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, María Núñez Bolaños, fechada el pasado 26 de abril, en la que se acordó oficiar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que elaborara un atestado policial sobre la ayuda que el Gobierno autonómico concedió a la empresa Piensos Andaluces Compuestos SA (Pacsa Sanders), que acabó en concurso de acreedores.

En el escrito del 7 de mayo, al que tuvo acceso LA RAZÓN, el Ministerio Fiscal recuerda que en otro previo del 24 de abril se interesó, «tras una sucinta relación de hechos», la incoacción de pieza separada», el traslado a una serie de personas «del contenido del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» en el que se establecen los derechos de aquéllos a los que se les atribuya un hecho punible; a lo que sumó la realización de «una serie de diligencias y oficios», además de, por último, «la acumulación a las diligencias previas» que giran en torno a la entidad Huevos Giraldas, que también llegó al concurso de acreedores.

La Fiscalía apunta que la resolución recurrida «no se pronuncia» sobre su retahíla de solicitudes, si bien sí ordena a la UCO que arme el informe policial. En ese punto, el Ministerio Público traslada a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que se ocupa de los ERE supuestamente irregulares, que sin perjuicio de lo que se ha demandado a la Guardia Civil, pero teniendo en cuenta una serie de circunstancias procede «acordar la práctica de las diligencias interesadas». ¿A qué alude? Para arrancar, a que consta en la causa un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y «el expediente paginado» de la Junta de Andalucía vinculado a la subvención que se otorgó a Pacsa Sanders, de los que «se infiere una conducta indiciariamente delictiva». A esto hilvana que el pago de fondos que se detrayeron de las arcas públicas se efectuó el 17 de octubre de 2008 y un motivo de peso ligado a ello del que los fiscales advierten al órgano judicial sevillano: «El riesgo de prescripción». Éste, junto a la conveniencia de que se informe de sus derechos a quienes se incluye en el grupo de posibles investigados, «como propia garantía para los mismos» y para que éstos puedan «ejercitar ya su derecho de defensa interviniendo en las actuaciones», es lo que ha motivado su recurso. Le piden a la magistrada que lo estime y «reforme» la resolución que han impugnado.

La sombra de la prescripción de los delitos ha planeado sobre el «caso ERE» desde hace años. Es más, la instructora primigenia de la «macrocausa», la jueza Mercedes Alaya, aludió en un auto ya en octubre de 2013 a ese posible peligro y requirió a Anticorrupción para que, «antes de proceder a la práctica de cualquier otra diligencia», informara sobre ese asunto. La jueza quería entonces decidir si convenía o no «encomendar la investigación» a la Guardia Civil «de las ayudas sociolaborales más antiguas». Han pasado más de cuatro años y medio desde entonces y esa negrura de vencimiento sigue estando ahí. Prueba de ello es que, entre medias, la Audiencia de Sevilla ha anulado la imputación de varios encausados como dos empresarios a los que se les atribuían los presuntos delitos de prevaricación y malversación afincados en la Sierra Norte, una zona que llegó a acumular en torno a los 55 millones de euros en ayudas a empresas de las que se repartieron en la comunidad entre 2001 y 2010, el periodo investigado. El tribunal provincial explicó en aquel auto de marzo de 2016 que es el acto de la imputación con el que empieza a contar el tiempo. «Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito», se exponía.