El funcionario que denunció el fraude ha tenido que registrar por segunda vez un escrito dirigido al presidente Juan Pablo Durán después de constatar que no había llegado a los partidos

«¿Cómo se justifica este hecho?, ¿cómo estos hechos se pueden producir en el Parlamento de Andalucía?». La queja es del funcionario que denunció el presunto «fraude en los cursos de formación» y que la jueza Mercedes Alaya nombró «testigo protegido» durante la instrucción de la causa. El empleado público registró el pasado martes por segunda vez un escrito en la Cámara autonómica al que ha tenido acceso este periódico para «su pronta distribución tanto al presidente de la comisión que investiga el «fraude de los cursos de formación» y los distintos grupos políticos que componen la comisión, incluido el PSOE». La información es la misma que aportó por esta vía el pasado 21 de diciembre y que iba dirigida al presidente de la institución, Juan Pablo Durán, con copia al presidente de la comisión de investigación contra el «fraude en los cursos de formación», el diputado de Cs Julio Díaz. Lo ha hecho tras constatar con «sorpresa» e «indignación» que no se había dado traslado a los partidos políticos con representación parlamentaria.

El escrito en cuestión contiene dos partes. En el primero recuerda que aportó a la comisión un informe sobre el curso «Organización, gestión y función de laboratorio multidisciplinar en la industria agroalimentaria» que fue objeto de debate durante su comparecencia del pasado 22 de abril. Lamenta no haber tenido respuesta hasta la fecha.

La segunda parte contiene el aspecto más sustancial del escrito. El funcionario denuncia una persecución por parte de la Junta de Andalucía que ha culminado con la «desaparición prácticamente de todas las competencias y funciones que tenía asignadas el departamento de gestión de FPO» que él dirige.

La Delegación territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo anunció el pasado mes de noviembre la nueva distribución de competencias que debían asumir los distintos departamentos del servicio de formación para el empleo. Casualmente, el que capitanea el testigo protegido ha quedado vacío de contenido. Su nueva función, plasmada en un escrito que traslada a la Cámara autonómica, se limita a la «gestión y tramitación íntegra de todas aquellas acciones formativas que se programen al amparo de la Orden de 29 de julio de 2016 por la que se regula el procedimiento de autorización, seguimiento, evaluación y control de las acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad en la modalidad presencial, no financiadas con fondos de formación profesional para el empleo».

En la práctica, explica la denuncia, esta distribución de tareas «prácticamente elimina el departamento en su totalidad y por tanto, las funciones propias de mi puesto de trabajo». De hecho, de 39 procedimientos que tenía asignados –según desglosa en un cuadro–, ahora solamente tendrá que llevar a cabo uno.

Este vaciamiento de funciones ha sido progresivo en los últimos años. Así «de más de 40 técnicos que tenía a mi cargo en el año 2009», en la actualidad «solo dispongo de 4». Además, desde la jefatura de servicio «se me impide la realización de todo tipo de actuaciones, se me limita la posibilidad de consultar expedientes, así como la utilización de la base de datos en el programa Gefoc».

Se da la circunstancia que este trabajador ya denunció esta situación de acoso en 2010 y que con fecha de 12 de marzo de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó por «mobing», «tanto a mis superiores como a la Junta de Andalucía a reintegrarme a mi puesto de trabajo». La historia se repite, «mi situación no ha cambiado», dice y «no sólo continúa en mi ámbito laboral un incesante goteo de incidentes y desagravios que hacen insoprtable mi día a día», sino que ahora su departamento queda arrinconado. Por eso, también reclama amparo para que cese el «acoso laboral» al que se está viendo sometido.

Pese a la contundencia del escrito, los diputados de la comisión no han tenido acceso al mismo. Una de ellas, Teresa Ruiz-Sillero, del Partido popular, aseguró a este periódico que se trata de un hecho «gravísimo» ante el que pedirán explicaciones. Además, asegura que en el registro del Parlamento no consta la presentación del primer escrito, sellado con un número de asiento que, casualmente se salta en el listado oficial, como si no «existiera» –ocurre con más números, apunta–, un hecho que «podría vulnerar la ley de procedimiento administrativo». Por su parte, fuentes de Ciudadanos señalaron que el presidente de la comisión, Julio Díaz, tampoco ha recibido este escrito –pese a que iba dirigido tanto al presidente de la Cámara como a él mismo–. El diputado sí recuerda haber trasladado a los grupos otra documentación aportada por el funcionario.