La magistrada, que quiere «cambiar el sistema desde dentro», insiste en la falta de independencia de los fiscales y del propio Consejo General del Poder Judicial

Alaya opta por el «entrismo», la táctica empleada por algunos grupos trotskistas de la Cuarta Internacional y que consistía en que sus miembros se afiliaran o entraran en los grandes partidos de masas y/o en la propia administración con el objetivo de cambiar el sistema desde dentro. La magistrada, después de que trascendiera en la mañana de ayer que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias de información para estudiar si sus críticas a la Fiscalía –darles las instrucciones de los casos de corrupción sería «tener al lobo metido dentro del gallinero», dijo– merecen un expediente disciplinario, aprovechó el receso del juicio del «caso ERE» para utilizar a los medios como caja de resonancia de su reacción ante esta medida y la anterior de sus compañeros de la Junta de Jueces de Sevilla. Alaya ratificó sus palabras, aseguró estar «muy tranquila» y admitió que «estaría mejor sin hablar» pero pretende «cambiar el sistema desde dentro».

La que fuera instructora del «caso ERE» y ahora es magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia tras pedir la plaza y solicitar una comisión de servicios para continuar la investigación de las macrocausas que le fue denegada al negarse a dividir el trabajo con la actual jueza de Instrucción 6, María Núñez Bolaños –a la que, asimismo, criticó con dureza en una carta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aludiendo incluso a su amistad con el entonces consejero de Justicia Emilio de Llera– dijo ignorar si las diligencias abiertas van «a ir a algún lado» pero, según recogió Efe, se mostró «muy tranquila» con lo que dijo en una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid y se ratificó en «que necesitamos fiscales independientes del Gobierno». Sobre el escrito de sus compañeros en el que mostraron su «malestar profundo» por las crítica a «la capacidad y profesionalidad de sus compañeros», como el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción 6, Alaya señaló: «A mí me dan igual las críticas de mis compañeros». De su rechazo a los jueces de refuerzo, indicó que «para mí era más eficaz hacerlo yo que explicárselo a compañeros nuevos». En relación al juez Álvaro Martín, del que aseguró que se iba del juzgado para recoger a sus hijas y se marchaba a un club de campo, Alaya manifestó que quienes representan un cargo en una asociación judicial, caso de Martín, «deben ser ejemplares y la ejemplaridad se demuestra trabajando». De Núñez Bolaños, lamentó que «nos rasgáramos las vestiduras» porque se limitó a indicar al CGPJ en «un informe interno» al que «no debió darle publicidad» algo «público y notorio» como su inexperiencia en la jurisdicción penal al proceder de un juzgado de familia y su amistad con el entonces consejero de Justicia, Emilio de Llera, «reconocida por ella misma». La magistrada también se mostró «dolida» por titulares «injustos» en prensa sobre «cómo vestía o mis curvas» que no se hubieran publicado en el caso de hombre.

La magistrada negó estar interesada en la política, como aseguró el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, al ser cuestionado por las críticas de Alaya, quien se sentía engañada al confiar «plenamente» en que se le concedería la comisión de servicios para continuar con las macrocausas. «Confiaba tanto porque me estaban llamando a diario», dijo. Mercedes Alaya indicó que «a día de hoy» tienen una «relación magnífica» porque «él entiende perfectamente lo que yo persigo, que es tratar de modificar el sistema desde dentro». En una reciente comparecencia de Álvarez ante el CGPJ señaló que a raíz de la entrevista ni se saludan. Alaya subrayó que no le pasa «por la imaginación ser otra cosa que juez» y aseguró que es capaz de «llevar esto y todo lo que me echen porque estoy muy acostumbrada a trabajar». «Mis intenciones son las más loables, no pretendo hacer daño a nadie sino cambiar el sistema», expuso, rechazando también la intermediación de las asociaciones judiciales porque es «una persona muy libre» y «las asociaciones tienen las manos atadas y están al albur de los gobiernos que las financian».

Alaya argumentó que la causa de los ERE la dejó prácticamente cerrada, lamentando no poder continuar con el caso de los cursos de formación». «Había cosas muy importantes», dijo, explicando que, tras su marcha, las conclusiones del informe de la Intervención de la Junta se dividieron por provincias y cambió la posición del fiscal, que «conmigo era firme defensor de la causa». De ahí su defensa de que el Fiscal General del Estado «no sea elegido por el Gobierno», sino por un acuerdo entre los partidos mayoritarios ya que, «al ser tan distintos» se verían obligados a nombrar a alguien «independiente», sin querer valorar el nombramiento de la hasta ahora fiscal jefe de Sevilla Mª José Segarra.

Alaya considera que falta independencia en el Ministerio Público y también en los cargos del CGPJ, que son «discrecionales», matizando que no habla de personas sino de instituciones judiciales que «con sus resoluciones pueden modificar procesos». En su caso, comentó, sus resoluciones «siempre» han sido comentadas por «instancias superiores del Poder Judicial» antes de resolver revolcarlas o no. La magistrada también ironizó sobre las críticas políticas por la coincidencia de sus auto contra cargos de la Junta, en muchas ocasiones, con los tiempos electorales, tachándolo como «una solemne tontería». «Con el trabajo que yo tenía lo menos que podía preocuparme era el calendario del Partido Socialista, que siempre estaba con algún acto y era lógico que alguna vez coincidiera», dijo. También se quejó del «primer gran daño» que sufrió con la recusación en el «caso Mercasevilla» al haber sido su marido a auditor de las empresa mixta, recusación que no prosperó porque «no tenía ni pies ni cabeza» pero que el fiscal apoyó de forma «inaudita». «¿Qué hubiese ocurrido si se admite, porque de ahí sale el tema de los ERE? Es algo que te hace pensar», señaló. «Yo no distingo partidos. Al PP le interesan instrucciones determinadas para mover sus piezas y al PSOE igual, y eso no se puede consentir», manifestó. Sobre el «caso Lopera», señaló que se ha «utilizado» a la Justicia y «han desaprovechado» años de instrucción.