El PSOE pide ahora derogar la Lomce en un último ataque a la desesperada

Los padres hablan de «pataleta» de la Junta y celebran una «estabilidad asegurada» para los próximos años

La Junta ha perdido la última batalla, pero se resiste a perder la guerra contra el modelo pedagógico diferenciado. «¿Pataleta?», se preguntan los padres. Probablemente. El Gobierno socialista andaluz pretende abanderar la defensa de la «coeducación» en la aulas, eliminando de la oferta pública los centros no mixtos, a pesar de que el Tribunal Supremo afirma que «no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo». Y el último recurso que le resta ahora pasa por anular la base normativa que respalda a los nueve colegios que han visto recuperado su derecho a los conciertos, denegados hasta el pasado miércoles por la Administración autónoma.

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, respeta que lo que ella llama con desprecio modelo «segregador» sea de «libre elección» por parte de los padres, «pero no que tengamos que financiar un tipo de educación que no cumple con concepciones que deben ser las lógicas». Como si los cientos de padres y madres de la diferenciada no fueran contribuyentes y sólo hubiera un criterio que aplicar: el del Ejecutivo de Susana Díaz.

Abducido por este discurso único, el grupo socialista en el Parlamento instará a sus homólogos en el Congreso de los Diputados a que se presente algún tipo de medida en la que se incida en la derogación de la Lomce o, al menos, la modificación y anulación del artículo 84.3 y la disposición transitoria segunda, en la que se sustentan las sentencias favorables a los colegios –tras la recibida por Altair, ayer se conoció en los mismos términos el dictamen del TS sobre Ribamar y seguirán cayendo en cascada hasta completar los nueve centros–. Sentencias que la Junta acatará, posibilitando el inicio del próximo curso con «normalidad», pero que «no comparte».

La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, aseguró que la Junta mantendrá su postura porque «para trabajar en igualdad y evitar situaciones de violencia la coeducación es uno de los elementos más importantes». Sin valorar, por ejemplo, la labor de un centro como Ribamar, donde sus alumnas no se encuentran discriminadas, sino que «impulsan el diseño de actuaciones específicas para la mujer, con el fin de corregir los desequilibrios que se producen en el mercado de trabajo». como recuerda Gemma García, de la plataforma «Mis padres deciden».

En medio de la lenta gestación de un «Pacto por la Educación» a nivel nacional, una posible derogación de la Lomce no tendría efecto inmediato sobre los conciertos ahora renovados a los centros diferenciados de Primaria, por seis años, y Secundaria, cuatro años. «Parece una pataleta, pero la realidad es la que es. Las sentencias son claras y de obligado cumplimiento. Un hipotético cambio de la ley no sería aplicable hasta que fuera necesario prorrogar los convenios hoy garantizados, por eso estamos muy tranquilos y los padres, muy satisfechos», explica Gemma García.

Según explicó a Ep la letrada de CECE-A, Carmen Mora, los fallos del Supremo tienen efecto de «cosa juzgada» e «invalidan» la decisión de la Administración autonómica.

Desde el sindicato FSIE-A se congratularon por la decisión del tribunal, pues «salvaguarda las condiciones laborales y salariales de todos los profesionales, docentes y no docentes, que desarrollan su labor en los nueve centros, que se han visto afectados continuamente por la retirada del concierto por parte de la Administración».

Paralelamente, la patronal Escuelas Católicas anunció que recurrirá la denegación del concierto al centro San Vicente de Paúl de Cádiz, de educación mixta, pese a que éste cuenta con demanda. Educación dice que hay plazas libres en centros públicos del entorno.