Manuel López Braseros, presidente del comité de empresa de Primayor, reconoció ante la jueza de Instrucción número 6 María Núñez Bolaños, en la pieza separada que investiga las ayudas de la Consejería de Empleo a Hamsa, que se reunieron con Gaspar Zarrías para contarle el problema y pedirle ayuda para las prejubilaciones y que «el conseguidor» Juan Lanzas intervino en todo, también en las reuniones con la Delegación del Gobierno y de Empleo.

Asimismo, López Braseros indicó que Estudios Jurídicos Villasís entró por Juan Lanzas y el comité pagó 3.000 euros a Carlos Leal, quien aparte consiguió otra ayuda de 170.000 euros. López Braseros admitió que sabían que Luis Sobrino, jefe de personal, se había hecho una póliza.

Posteriormente, Rafael Arévalo, jefe del servicio de relaciones laborales de la Junta de Andalucía que firmaba los expedientes de revisión de oficio, que fue declaró como testigo en la pieza de Aeronáuticas del Sur, confirmó que los expedientes no tenían solicitud ni fiscalización previa; que las ayudas ni se publicaban ni nada y que los beneficiarios sabían que no era correcto el procedimiento porque debían saber que no se cumplían las exigencias de una subvención, por lo que todo no es achacable a la Administración. Arévalo hizo referencia a todos los expedientes, no sólo a esa ayuda concreta.