Traslada a los abogados un auto «vacío» mientras se publica el rechazo a su recurso contra el archivo de la pieza de los cursos centrada en el ex «número dos» del PSOE

De diplomacia judicial depurada no se podría calificar. Los representantes procesales del PP-A en varios casos judiciales han remitido un escrito al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que dirige la jueza María Núñez Bolaños, del que se desprende que no están dispuestos a tragar con el líquido amargo de la «indefensión». En el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los abogados trasladan al órgano judicial que «es habitual, y no por ello procesalmente adecuado», que las partes implicadas en las causas que gestiona el juzgado sevillano se enteren del «contenido de las resoluciones» del mismo «por algunos medios de comunicación antes de que se notifiquen». Lo que no lo es, puntualizan, es que hayan conocido «a través» de uno de ellos «unos interesados argumentos» para desestimar uno de sus recursos de reforma «que nada tienen que ver con el objeto del debate», además de ser «falaces y en algún caso mendaces»; ni que «a las partes se les notifique un auto de 22 de enero de 2018 vacío de contenido», como el que tienen en su poder, consultado también por este periódico.

Los representantes del PP aluden a una información adelantada ayer por «Diario de Sevilla», según la cual, Núñez habría dictado una resolución en la que rechazaría el recurso de reforma presentado por el PP contra el archivo de cuatro ayudas de los cursos de formación de la Junta vinculadas al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco y la decisión de enviar a los juzgados de Córdoba otras nueve subvenciones. Se trata de una de las piezas de la «macrocausa» arrancada por la magistrada Mercedes Alaya en torno a las actividades formativas subvencionadas por el Gobierno autonómico, que ya ha sido rebajada en buena medida por su sucesora en el cargo, Núñez Bolaños. De acuerdo al auto de ésta que ha sido trasladado a los medios, la instructora insiste en que no existe ninguna red clientelar hilvanada a los cursos y sostiene, entre otras cuestiones, que la «teoría sobre la trama política, concierto o asociación ilícita en la Administración» andaluza, «mantenida de forma acérrima por el PP-A» es una cuestión «instruida, resuelta y desechada» no sólo en el que podría considerarse el bloque político del caso de la formación, sino en resoluciones dictadas por órganos judiciales de otras provincias como Jaén. A su juicio, no es significativo que hubiera 39 subvenciones relacionadas con el PSOE entre las miles que se repartieron en el periodo de tiempo analizado en la causa.

Si bien, el auto, que en el ámbito de la pieza centrada en el ex «número dos» del PSOE andaluz, han recibido los letrados del PP, que ejercen la acusación popular, sólo consta la fecha, nada bajo los rótulos habituales en esas resoluciones de «hechos», «razonamientos jurídicos» y «parte dispositiva»; para acabar con un «así lo acuerda, manda y firma don José Ignacio Vilaplana», que es el actual magistrado de refuerzo del ente de Instrucción número 6 de Sevilla, tras la salida de Álvaro Martín. Pertrechados con tal documento, los representantes procesales de los populares optaron por dirigirse por escrito al juzgado para plantearle que, «en aras de subsanar la evidente indefensión provocada» por éste a dicha acusación, y «de conformidad con el artículo 267.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial», le sea complementado. En ese sentido, los abogados piden que se complete el inusual auto del pasado 22 de enero «con los hechos», los «fundamentos de derecho» y el pronunciamiento «a que hubiere lugar». Algo que no sea blanco folio.