El Gobierno en funciones otorgó más de 60 subvenciones para la memoria histórica

La Memoria Histórica es uno de los asuntos que están sobre la mesa tras la doble negociación entre PP y Cs y PP y Vox para conformar Gobierno. El PP recoge en su programa la derogación de la Ley de Memoria Democrática y su sustitución por una Ley de Concordia, ante la que Cs tendrá que posicionarse. De entrada, Juan Marín se ha hecho con las competencias para tener mayor potestad en esta materia, al igual que en otro de los temas más cuestionados por Vox: la ley de violencia de género. El Gobierno saliente, no obstante, sobre la bocina continuó impulsando la norma. El Ejecutivo de Susana Díaz en funciones aplicó competencias hasta el último momento, delimitando, como adelantó este diario en base al BOJA del pasado 16 de enero, en cinco provincias los llamados espacios de la memoria con enclaves simbólicos, como, por ejemplo, la esquina en la que fue asesinado García Caparrós. Previamente y en la misma línea, el portal de la transparencia recoge más de 60 subvenciones en materia de memoria democrática, con fecha de 18 de diciembre, más de dos semanas después del resultado electoral que arrojó una mayoría de los denominados partidos de derechas. Justo en esa fecha, el PSOE dejaba claro que no apoyaría un Gobierno de Cs para evitar el pacto con Vox. Las subvenciones en su conjunto superan los 186.000 euros.

En concreto, reciben la ayuda en base a la orden de 12 de julio de 2018, los ayuntamientos de El Campillo de Huelva; Hinojos; Peligros; y Trigueros, con 2.280 euros cada uno; el Consistorio de Peñaflor (2.220 euros); los de Aljaraque, Andújar, Lucena, Olivares, Almargen, Huelva, Posadas y Salar, con 1.980 euros por Corporación; y el de Motril (1.680 euros). Asimismo, el Ayuntamiento de Aracena recibió 4.980 euros, igual que el de Gualchos. El de Benacazón, 2.861,92 euros; La Carlota, 4.380 euros; Beas, 1.680 euros, como El Viso; Jimena de la Frontera, 2.580 euros; Higuera de la Sierra, 2.280 euros, igual que Lopera; el Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas, 4.020 euros; el Ayuntamiento de Cádiz, 3.480 euros, igual que el de Bonares; el ayuntamiento de Alameda de Málaga, 2.580 euros; como el de Galaroza, Hornachuelos y Montilla. El Ayuntamiento de Cártama, 4.380 euros; el de Cuevas del Campo, 2.880 euros; igual que el Cúllar; el de Doña Mencia, 1.380 euros; y Abla, 1.080 euros. También cuentan con la ayuda la Fundación de Estudios Sindicales y Cooperación de Andalucía (5.400 euros); la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (3.960 euros); la Asociación para la Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (3.480 euros); la Asociación de Estudios Históricos Frente Sur (3.720 euros): la Asociación de Familiares Represaliados y la Asociación Andaluza de Recuperación de la Memoria Histórica (con 3.120 euros cada una); la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (2.760 euros); la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática (2.700 euros); la Asociación Pasaje Begoña (2.640 euros); el Ateneo Republicano y Memorialista de la Isla (2.520 euros); la Fundación Andaluza Memorua y Cultura (2.280 euros); el Ateneo Popular de Herrera (1.920 euros); la Asociación Foro por la Memoria de Córdoba (3.840 euros); la Asociación Baena Solidaria (5.640 euros); la Unidad Cívica Andaluza por la República, la Asociación 14 de Abril para la Recuperación de la Memoria Histórica (cada una con 5.220 euros); la Asociación para la Recuperación de la Memoria (5.160 euros); el Foro por la Memoria de Almería y la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática (4.320 euros cada una); el Foro por la Memoria del Puerto de Santa María (2.468,40 euros); la Confederación Nacional del Trabajo de Andalucía (3.900 euros); la Asociación Memoria Histórica de Rota (3.720 euros); la Asociación Foro por la Memoria Campo de Gibraltar (3.720 euros); y la Asociación Cultural por la Memoria de Lebrija (3.480 euros). La Universidad de Cádiz recibió la ayuda más alta, 8.800 euros; y la de Granada, 6.000 euros.

Durante el debate de investidura, Susana Díaz y Teresa Rodríguez reprocharon al presidente Juanma Moreno el acuerdo para derogar la Ley de Memoria Democrática. Por su parte, el líder de Vox, Francisco Serrano, criticó la ley de «supuesta memoria histórica» ya que se trata de «un claro ejercicio de manipulación intelectual de la extrema izquierda». Serrano descalificó el texto porque promueve la «amnesia histórica».