Entiende que «no ha quedado acreditado» que Arellano conociera las irregularidades en torno a la adjudicación de un centro de la US.

El consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, se ha deshecho de momento de la etiqueta de investigado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado las diligencias abiertas contra él al entender que «no existen indicios suficientes» de los delitos de prevaricación y falsificación en torno a la adjudicación de la construcción del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (US), el conocido como edificio Centrius, en su etapa de vicerrector de Infraestructuras.

Tras una primera denuncia del Colegio de Arquitectos, la Fiscalía Superior de Andalucía trasladó el asunto al Alto Tribunal autonómico al detectar posibles anomalías en cuatro contratos vinculados al mencionado proyecto, presupuestado en más de 34 millones. Si bien, el magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJA Juan Ruiz-Rico sostiene ahora que, según las pruebas practicadas, «no ha quedado acreditado» que Ramírez de Arellano «conociera los datos de los licitadores que habían concurrido a los mismos, ni cómo se habían documentado las ofertas y demás trámites administrativos ni, en definitiva, que se hubiera producido cualquier tipo de irregularidad»; así como que éste participara en el «proceso selectivo». El consejero fue citado a declarar y negó que a él o a la universidad los ligara nada con los adjudicatarios de las contratas, recordó que el concurso fue público y expuso cómo funciona la Hispalense en este tipo de tramitaciones. Para el magistrado su versión resultó creíble, además de que fue «ratificada por los distintos funcionarios» de los diversos «servicios y áreas administrativas» de la universidad que también prestaron declaración y que corroboraron «en todo» las manifestaciones del titular de Economía.

Ruiz-Rico centra el foco en su auto, consultado por LA RAZÓN, en que «lo decisivo para constatar el carácter absolutamente irregular» de las cuestionadas contrataciones sería que «la decisión de adjudicar los distintos proyectos estuviera ya tomada de antemano bien por el investigado o por otras personas, conociéndolo y consintiéndolo aquél». Desde ahí asevera que la explicación de Ramírez de Arellano sobre su desconocimiento en ese sentido, resulta «no sólo muy verosímil, sino además ciertas de acomodarse a lo más probable». Con todo, la resolución puede ser aún recurrida.

Tras conocerse el carpetazo, la US se mostró satisfecha y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, deslizó que «más de uno, y de una», debería pedir perdón al señalado. A C’s le pareció que la decisión del TSJA les da la razón en cuanto a que no era un tema de corrupción política y Podemos saludó la «eliminación de la sombra» de ésta.