Ayudas de los ERE tramitadas por un ex director general de Trabajo y su sobrino «no han llegado al juzgado»

Un empresario asegura haber rechazado la mediación «gansteriana» del «conseguidor» Lanzas

Quien se reveló como una verdadera amenaza para algunas defensas en el juicio de la rama política del «caso ERE», la ex asesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta María José Rofa, declaró ayer en otras piezas en las que se desmembró el «macroproceso», entre ellas la ovillada en torno a los más de 400.000 euros que se otorgaron a la sociedad cooperativa Virgen de la Luz (Coviluz), de Lucena del Puerto (Huelva). A preguntas del abogado del Gobierno andaluz, la testigo reconoció que su ex jefe, el que fuera director general de Trabajo Juan Márquez «metió» en ese departamento a «personas que ya habían trabajado con él en Huelva» en su etapa como delegado de Empleo en aquella provincia. Según trasladaron fuentes del caso a LA RAZÓN, mantuvo ante la instructora, la jueza María Núñez, que ése fue el caso de cuatro trabajadores entre los que se incluyó a ella misma, procedente de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), así como al sobrino del propio Márquez, Jesús Andrés Rodríguez. De acuerdo a la versión de Rofa, el ex alto cargo repartía las tareas entre ellos y su familiar «trabajaba en un despacho pegado» al del tío con el que se ocupaba «directamente» de expedientes de ayudas concretos. En ese punto, la ex asesora admitió, según lo transmitido por las mismas fuentes a este diario, que cuando Rodríguez se fue «nadie sabía dónde estaban los documentos de esos expedientes» y que nunca «pudieron poner en pie lo que llevó» el sobrino del ex director general, dado que «no guardaba nada en el servidor de esos temas». Rofa aseveró que esos expedientes «no han llegado al juzgado» que investiga las subvenciones repartidas por la Junta de forma presuntamente fraudulenta. Precisó que a Rodríguez «los empresarios le mandaban las solicitudes por correo» y no las cosía al registro oficial y que cuando aquellas demandas llegaban a otros miembros del equipo, «ellos sabían que esos empresarios habían hablado todo con Márquez».

Al margen de lo narrado por Rofa, las fuentes consultadas destacaron de la jornada judicial lo declarado como investigado por el empresario Juan Julián Illanes, en el bloque centrado en Cuerotex, empresa que compró en 2003. A la luz de su relato, tras adquirir la sociedad, le sorprendió que los trabajadores de la misma «se dieron de baja por depresión», atendiendo, expuso, la recomendación de un despacho de abogados. Entonces se reunió con el ex delegado sevillano de Empleo Antonio Rivas, quien le garantizó que le «iba a ayudar haciendo un ERE con financiación de la Junta» y que «Vitalia iba a ser la mediadora». Su pretensión inicial era la de incluir en él sólo a «nueve» personas que además eran las únicas «mayores de 52 años», pero Rivas le habría comunicado que el «mínimo legal» eran 10, por lo que acordaron «meter a una trabajadora» que «en realidad no se iba a prejubilar» para «poder conseguir el ERE» que al final subvencionó el Ejecutivo regional. En aquel punto de la trama hizo su aparición el ex sindicalista y «conseguidor» Juan Lanzas, quien se ofreció para llevar a cabo «gestiones» como intermediario para «asegurarle la financiación de la Junta», al «tener mano con la Consejería de Empleo». A cambio le «pidió un porcentaje», lo que le pareció «gansteriano» y rechazó la oferta, con lo que desconoce si obtuvo algo de los 90.000 euros que pagó a Vitalia.

La Fiscalía persiste en señalar a Fernández

Insiste. Si la instructora de la «macrocausa» de los ERE supuestamente irregulares, María Núñez Bolaños, excluye al ex consejero Antonio Fernández de la pieza centrada en los fondos públicos otorgados por la Junta a Fundiciones Caetano, como hizo en una providencia, estaría concediéndole un «salvoconducto procesal», por lo que la Fiscalía le pide que estime un recurso que ha formalizado y que no lo haga. En su escrito advierte a la jueza además de que su providencia es nula, dado que lo solicitado por el Ministerio Público en relación a este asunto exigía «de todo punto una resolución mediante auto».