La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha ordenado a la Guardia Civil que investigue quiénes fueron los verdaderos beneficiaros de las ayudas por valor de 510.000 euros concedidas por la Junta de Andalucía a las empresas Novomag Manufacturas Metálicas y a Electrificaciones Roma.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez dice que quiere "aclarar los verdaderos beneficiarios de la ayuda concedida y determinar el destino final dado a los fondos públicos recibidos".

La instructora señala que, según los datos del equipo de blanqueo de capitales de la Guardia Civil, Novomag recibió en 2003 una ayuda de 420.708,47 euros gracias a un acuerdo entre la dirección general de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

La otra empresa recibió 90.151,81 euros tras un acuerdo similar firmado también en 2003, según señala la juez tras indicar que las ayudas fueron ingresadas en dos cuentas bancarias, por lo que reclama a los agentes que investiguen mediante el análisis de la información financiera de las dos compañías.

Alaya pretende que dos entidades financieras informen a los agentes sobre las cuentas bancarias y detallando la fecha de apertura, la titularidad y autorizados actuales o que lo hayan sido, así como su nombre, DNI/CIF, dirección y teléfono.

La juez pide que se informe del listado de los movimientos bancarios habidos en ambas cuentas entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2012.

Respecto a Novomag, la juez libra un oficio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cádiz para que informen a los agentes de los datos consolidados que tienen en su base sobre esa empresa.