Lo que conduce a la melancolía es el debate sobre si la Infanta debe descender la rampa del Juzgado de Palma. Lo que algunos ven en este paseo es un símbolo de una Justicia igualitaria, un linchamiento.

Sin ánimo de interpretar al Rey, eso de que la Justicia es igual para todos es un oxímoron, contradicción de términos en una misma expresión; propio de la mística y la lírica amorosa. Resulta más directa la definición de San Agustín sobre una justicia siempre utópica: «Dar a cada uno lo suyo», que ya es bastante, y aún así va la máxima cargada de subjetividad. Ejemplo muy publicitado de la desigualdad que habita en los tribunales es el del estadounidense O. J. Simpson, estrella del fútbol americano, mediocre actor cinematográfico y asesino de su esposa y del amante de ésta. El mejor (y más caro) abogado criminalista de California logró su absolución por falta de pruebas, librándole de la inyección letal o dos cadenas perpetuas sin posibilidad de revisión (y eso que el sujeto es negro), pero tales eran las evidencias de su crimen que hubo de afrontar otro juicio civil para resarcir económicamente a los deudos de sus víctimas. Si no cuentas con un abogado de los de mil dólares la hora, prepárate para lo peor, aunque seas émulo del de Asís.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Víctor Manuel de Saboya hubo de abdicar y exiliarse, Benito Mussolini acabó colgando en una gasolinera de Milán y Hitler se autocondenó con un pistoletazo en la boca. El emperador Hiro Hito, sin embargo, quedó incólume, porque el sabio criterio del presidente Truman y el general-virrey Douglas MacArthur estimó que ahorcarle ensangrentaría la democratización de los nipones. El peor castigo que sufrió fue que MacArthur cabalgara por el centro de Tokio sobre su caballo blanco de ceremonia ante el estupor de los japoneses.

En España está aforada toda la dirigencia, electa o no, de las estanterías del Estado, y hasta el concejal más superfluo del municipio más perdido encuentra caminos para hurtarse a su juez natural. Las Infantas, como el Príncipe, carecen de ese privilegio legal. No así el comunista folclórico Sánchez Gordillo, alcalde «perpetuo» de Marinaleda, Sevilla, salteador de fincas y supermercados, que acude ante los jueces que le reclaman cuando le pete, si es que alguna vez ha comparecido ante alguno y sabe dónde levantan su sede los juzgados que le son propios. La Justicia iguala a todos, pero con distintos raseros y sin distinción de calidad social.

Es el transfondo del choque entre los antaño amigos y hoy antagonistas, juez Castro y fiscal Horrach. En la jerga judicial, el fiscal es «el instructor del instructor», pero en el rifirrafe que nos ocupa, el último está a las doce menos cinco de tachar al primero de prevaricador. Lo que conduce a la melancolía es este debate subnormal sobre la rampa de acceso a los juzgados de Palma de Mallorca. Hemos visto a simples imputados etarras o narcotraficantes entrar a la Audiencia Nacional por las cocheras por razones de seguridad, y a personajes secundarios subir las escaleras de la puerta principal con casco de motorista para no ser fotografiados por la guardia periodística.

Por no recordar influyentes y pisaverdes con sentencia firme que no cumplen sus condenas, aproximándonos a aquella II República en la que decía don Manuel Azaña que no nombraba ministro de Justicia a Alejandro Lerroux en el temor de que subastara las sentencias a la puerta de los juzgados.

Al marido de la Infanta Cristina se le sugirió bajar la rampa en su coche y prefirió dos veces hacerlo andando, y hasta hizo una declaración a la Prensa. En ninguna parte está escrito cuál es el protocolo para acceder al despacho de un juez; se supone que será traspasando la puerta, pero no está legislado si se puede entrar por la ventana o escalando el edificio, o en aerostato, porque lo sustancial reside en la comparecencia. Además, ¿tiene el juez competencias sobre el tráfico municipal para permitir o prohibir un puntual estacionamiento ante la puerta de lo suyo?

Algunas insistencias delatan el deseo morboso de que la Infanta baje la rampa en sollozos, de rodillas y hasta arrastrándose para postrarse ante el juez Castro. La rampa de Palma la ven como paradigma de la Justicia igualitaria, confundiendo los adoquines con los códigos.

Los linchamientos son tan despreciables como cobardes porque la ley del juez Lynch fue necesaria cuando la vida y la muerte dependían del caballo, y el cuatrero y el abigeato eran enemigos de la Humanidad, pero hoy el árbol del ahorcado sólo es muestra de una sociedad enferma. A los mastuerzos de la rampa de la Infanta se les da un ardite: se trata de barrenar la forma del Estado para hacer la demorada chacinería de una de las naciones más viejas del mundo.