Donald Trump anunció hoy el fin del plan conocido como DACA, promulgado por Barack Obama y que ha protegido de la deportación a 800.000 indocumentados, aunque la suspensión se hará efectiva dentro de seis meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa.

Antes de anunciarse, la derogación de la Ley de Acción Diferida ante la Llegada en la Niñez (DACA, en sus siglas en inglés) ya había generado controversia y vaticinaba una guerra civil en el Partido Republicano. Por ello, el presidente Donald Trump ordenó que fuese ayer el fiscal general del Estado, Jeff Sessions, el que anunciase el fin en seis meses del programa que protege a los indocumentados jóvenes de ser deportados de Estados Unidos. El DACA fue un «parche» del presidente Barack Obama después del fracaso de la ley de reforma migratoria con la que intentó sacar de las sombras a los más de once millones de indocumentados que viven en el país. De esta forma, Obama decidía proteger a los conocidos como «dreamers», todas aquellas personas que llegaron a Estados Unidos de niños y en algunos casos no saben que son irregulares.

Junto con esta ley, el ex presidente demócrata también aprobó en 2012 el DAPA, que protege a los padres en situación ilegal de niños que ya ha adquirido la nacionalidad por haber nacido en suelo estadounidense. Para anunciar su decisión, Trump emitió un comunicado por escrito a través de la Casa Blanca en el que echó la culpa a Obama por aprobar esta ley por decreto presidencial. «No estoy a favor de castigar a los niños, la mayoría de ellos ahora adultos, por las acciones de sus padres», reconoció el presidente en una declaración distribuida a los medios de comunicación después del anuncio oficial de Sessions. «Pero tenemos también que reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes», quiso matizar Trump para justificar su decisión de poner fin a un progrma del que se benefician alrededor de un millón de personas. «Sólo con la aplicación de la ley migratoria en la que se pueda confiar, se pueden crear comunidades seguras, una clase media robusta y justicia económica para todos los estadounidenses», apuntó el mandatario, que acusó a su antecesor de excederse en su poder ejecutivo con el decreto presidencial.

«Antes de preguntarnos qué es justo para los inmigrantes ilegales, tenemos que preguntarnos qué es justo para las familias de los estadounidenses, estudiantes, contribuyentes y personas que buscan trabajo», advirtió Trump.

En un intento de controlar los efectos de la derogación del DACA, Trump ha concedido un plazo de seis meses con la intención de que el Congreso presente una reforma para sacar a estos indocumentos del limbo en el que viven en Estados Unidos. Por ello, antes de emitir el comunicado oficial, el inquilino de la Casa Blanca escribió en su cuenta de Twitter a primera hora de la mañana: «Congreso, prepárese para hacer su trabajo –DACA!».

Con su decreto Obama protegió en 2012 a estos 800.000 indocumentados de ser deportados de Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, les metió en un callejón sin salida, ya que no pueden buscar cualquier tipo de trabajo. De hecho, están limitados a desempeñar labores en lugares donde no se les pida ninguna prueba de documentación legal.

Antes de anunciarse la decisión presidencial de ayer, los diferentes miembros del Congreso empezaron a dar cuenta de la batalla que les espera. La cuestión migratoria siempre ha dividido al Partido Republicano, debido a las posturas encontradas de sus votantes dependiendo de los estados en los que viven e incluso de los distritos dentro de los mismos. Mientras, Trump, a pesar de su línea dura ante la cuestión migratoria en términos generales, siempre ha mostrado cierta deferencia hacia estos inmigrantes que en muchas ocasiones no tienen recuerdos de los países en los que nacieron.

Ileana Ros, congresista republicana de Florida de origen cubano, fue quien ayer abrió las ostilidades en la formación conservadora al criticar al presidente en Twitter: «Después de tomar el pelo a los #Dreamers (soñadores) durante meses con su conversación de su ‘gran corazón’, @POTUS [acrónimo del presidente de Estados Unidos] les da un portazo. Vaya ‘corazón’...».

Sin embargo, en realidad, las críticas recaerán sobre los congresistas republicanos porque este debate pondrá de manifiesto las divisiones de la formación, como ya ocurrió con la reforma sanitaria para sustituir el «Obamacare». Por ello, ya se empieza a escuchar por los pasillos del Capitolio que esta reforma supondrá un «suicidio» para los políticos del Congreso a un año de las elecciones de medio término.

En este sentido, hace unos días, en privado, el portavoz de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, junto con una docena de legisladores, le pidieron a Trump que esperase unos meses para dar a los congresistas tiempo suficiente para redactar una ley que tuviese el respaldo al menos del Partido Republicano al completo. De momento, los senadores Lindsay Graham y Dick Durbin ya han presentado un proyecto que otorgaría un estatus legal de forma permanente a un millón de jóvenes que hubiesen llegado a Estados Unidos antes de cumplir 18 años. Además, estos inmigrantes deberían cumplir ciertos requisitos, como estar matriculados en un centro universitario, unirse al Ejército, tener trabajo o pasar los controles de seguridad del FBI y otros agencias de seguridad.

Desde la oposición demócrata, la senadora Catherine Cortez Masto aseguró que la «lucha no se ha acabado» y urgió a los republicanos en la Cámara Alta a que «consideren y aprueben el ‘Dream Act’. El objetivo de los latinos es que se dé luz verde a una nueva versión de la ley que ya fue presentada en el Congreso y que permitiría a los jóvenes indocumentados obtener la residencia.