El choque político entre el presidente de Filipinas y su inmediato predecesor en el cargo ha derivado en un inesperado intercambio de acusaciones por consumición de drogas duras. Rodrigo Duterte asestó el primer golpe. En un mitin celebrado en la noche del domingo en Davao, ciudad del sur del país en la que fue alcalde y en la que hoy gobierna su hijo, Sebastián «Baste» Duterte, el exmandatario acusó a Ferdinand Marcos Junior, más conocido como «Bongbong», de conspirar con sus aliados en la Cámara de Representantes para perpetuarse en el poder como hiciera su padre. Todo queda en familia.

Los diputados del bloque de Marcos plantean enmiendas a la Constitución de 1987, en línea con la intención del actual presidente de modificar algunos aspectos del texto, como los límites a la propiedad de empresas extranjeras, para atraer una mayor inversión externa y «adaptarla a un mundo globalizado», sin cerrar la puerta a entrar en cuestiones políticas. Duterte, en cambio, acusó a los miembros del Parlamento próximos al mandatario, entre los que se incluye el presidente de la Cámara, Martín Romuáldez, de sobornar a funcionarios locales para eliminar el límite del mandato presidencial, reducido a seis años sin posibilidad de reelección. No aportó pruebas.

Pero no se quedó ahí, sino que además acusó a Marcos de figurar en la lista de vigilancia antidroga del Gobierno. «Bongbong, está colocado. Por eso os lo digo. Bongbong Marcos estaba colocado entonces. Ahora que es presidente, sigue colocado. Ustedes, los militares, especialmente los de Malacañán [la residencia presidencial en Manila], lo saben. Las Fuerzas Armadas de Filipinas lo saben. ¡Tenemos un drogadicto como presidente! ¡Ese hijo de puta!», declaró el exmandatario.

La Agencia Antidroga de Filipinas (PDEA, por sus siglas en inglés) desmintió poco después una acusación que forma parte del modus operandi de Duterte. No es la primera vez que el líder populista vincula sin pruebas a otros políticos y funcionarios públicos con el tráfico y el consumo de drogas. Es un recurso habitual. Duterte, que sistematizó la violencia extrajudicial a manos de su famoso «escuadrón de la muerte» durante sus 22 años en la alcaldía de Davao para reducir los niveles delincuencia, trasladó los mismos métodos a su llegada a la presidencia. Su «guerra contra las drogas», en la que amenazó con «matar» a los sospechosos de traficar con estupefacientes, se cobró la vida de más de 12.000 personas, según las estimaciones de Human Rights Watch.

Mientras, el actual presidente, que presentó dos informes –uno con el sello de un hospital privado y otro procedente de un laboratorio de policía– para demostrar que daba negativo en cocaína y metanfetamina cuando era todavía un aspirante a la presidencia, decidió responder a las acusaciones. «[Duterte] ha estado tomando la droga desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que nos dijo que tomaba fentanilo? ¿Hace cinco o seis años? Después de cinco o seis años, tiene que afectarle», reaccionó Marcos antes de iniciar su visita oficial a Vietnam. «Quizá por eso se comporta así. Espero que sus médicos le cuiden mejor que esto y no permitir que estos problemas queden desatendidos».

El contraataque resultó ser efectivo. Y es que Duterte reconoció en 2016 haber utilizado parches de fentanilo, el opioide sintético considerado 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Lo hizo, dijo, para aliviar sus dolores de columna tras sufrir un accidente de tráfico.

El cruce de acusaciones evidenció, además, la ruptura política definitiva entre el exmandatario y su propia hija, Sara Duterte, actual vicepresidenta y compañera de ticket electoral de Bongbong Marcos en las presidenciales de 2021 sin contar con la aprobación de su padre. Duterte-Carpio se ha mostrado crítica con algunas decisiones del presidente, en especial con las negociaciones con la guerrilla comunista Nuevo Ejército del Pueblo, que describe como un «pacto con el demonio». Pero está del lado de Marcos.

El telón de fondo del choque sigue siendo el plan de reforma constitucional. La oposición a esta medida se concentra en el Senado. La Cámara alta, de 24 miembros, entre los que se encuentra la hermana del presidente, Imee Marcos, emitió la pasada semana una declaración en la que advertía de que su función como contrapeso podría verse socavada si la Cámara de Representantes, que cuenta con un total de 316 diputados, seguía adelante con sus planes de introducir enmiendas en una sesión conjunta en lugar de votar por separado en el Senado.

La Constitución de 1987, que limita, por ejemplo, la propiedad extranjera de la tierra y la participación de empresas internacionales en determinados sectores industriales, sigue siendo importante. Entró en vigor un año después del levantamiento pacífico del Poder del Pueblo que acabó con el régimen cleptocrático del dictador Ferdinand Marcos, padre del actual presidente. Cuenta con múltiples controles y equilibrios para limitar la capacidad del Ejecutivo y evitar cometer los errores del pasado.