Nicaragua se rebela contra Ortega

La marcha atrás del presidente nicaragüense no consigue aplacar el malestar de la población, que volvió a salir a la calle. Los universitarios no se conforman con el diálogo y exigen la renuncia del líder sandinista.

Los nicaragüenses ya no se fían de Daniel Ortega ni de su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo. También parecen haber perdido la paciencia con la corrupción y la violencia del Gobierno. Decenas de miles de personas salieron a las calles el sábado (madrugada del domingo en España) convocados por la Iglesia para exigir democracia y justicia. Y van doce días de protestas, con la reforma de la Seguridad Social como detonante que Ortega tuvo que retirar. Pero no ha sido suficiente. Encendida la mecha ya nada parece contener la indignación popular, que tiene en la Iglesia y los estudiantes el aliento necesario para amenazar al régimen. Esperan el inicio del diálogo que prometió Ortega pero que aún no tiene fecha y no se fían.

LA RAZÓN visita la Universidad Politécnica en Managua, el bastión donde decenas de jóvenes manifestantes siguen atrincherados. Uno de los focos de protesta en la mayor movilización social en los once años de Gobierno sandinista, que han sacado a relucir el descontento acumulado. El taxista prefiere no acercarse más de 100 metros. Enseguida varios jóvenes encapuchados con morteros caseros y escudos nos custodian hasta la entrada. Identificación y seña. En la verja cuelgan los retratos de algunos de los 38 estudiantes muertos en los disturbios.

Varios miembros del autodenominado Movimiento 19 de Abril nos escoltan por el recinto, cuyas aulas sirven ahora de puestos médicos y almacenes improvisados. Los estudiantes anunciaron que se unirán al diálogo entre el Ejecutivo y la patronal, pero con muchas reticencias. «Se le llama diálogo nacional por la paz, pero nosotros no queremos eso, queremos justicia y que el presidente salga del poder», reclama Ángel Roche, estudiante de Marketing ahora colaborando como paramédico para atender a los 435 heridos en la última semana.

Los estudiantes han exigido la destitución y el proceso judicial para toda la cadena de mandos policiales involucrados en las muertes de sus compañeros. «Madres han venido a buscar a sus hijos y no tienen sus cuerpos, no saben dónde están sus hijos, si están muertos», cuenta Litzy Nicole, otra joven visiblemente afectada por el cansancio que empieza a reinar en este fortín.

En los últimos tres días la cifra de fallecidos ha aumentado en nueve, según datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y es porque se han encontrado en la morgue cuerpos de algunos jóvenes supuestamente desaparecidos. Todavía hay madres buscando a sus hijos y se cree que quedan unos 15 por encontrar, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que sitúa el número de víctimas mortales en 63. En los últimos plantones pacíficos abundaban las pancartas de «Justicia por los caídos» y «Nuestros muertos no dialogan».

Resulta complicado sentarse a dialogar cuando todavía se contabilizan las víctimas. La directora del Cenidh, Vilma Núñez, denuncia a LA RAZÓN que el Gobierno no ha dado nombres de los liberados, así como varios casos de maltrato a los detenidos: «Uno que salió con un ojo muy golpeado y entre cinco y seis muchachos que fueron peloneados [rapados] dentro de la cárcel». Otros de los liberados han relatado cómo «los policías hacían filas para patearnos». Para Núñez, «el Gobierno sólo derogó la reforma del Seguro Social para ganar tiempo y esto no puede quedar en la impunidad, no pueden hacer borrón y cuenta nueva».

Desde el miércoles varios operarios se afanaban en limpiar las pintadas de «Fuera Ortega» y «Ortega y Murillo asesinos» de las céntricas plazas de Managua. El Gobierno revocó el decreto que reducía un 5% las pensiones, ha liberado a decenas de manifestantes, ha levantado el cierre de medios de comunicación, ha evitado reprimir las protestas y habría aceptado la renuncia de una jefa policial. Gestos que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) considera una muestra de su voluntad de diálogo.

«Es una oposición con mucho resentimiento personal y eso no permite construir diálogo con nuestro Gobierno. Son a veces posiciones personales, pero no de un movimiento de oposición y eso no les da la capacidad de ver cuál es la agenda que pueden aportar», criticaba la primera vicepresidenta del Parlamento, Maritza Espinales. Sin embargo, cada vez son más las voces críticas con la actuación del Gobierno frente a esta crisis. «Necesariamente tendrá que hacerse un replanteo, ver lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, y creo que el Frente Sandinista tiene que revisar lo que se ha hecho para mejorar y cambiar lo que no está correcto», reconoce a este diario el diputado oficialista Wilfredo Navarro, quien a su vez considera que las demandas estudiantiles son «demasiado elevadas».

La excesiva represión en las protestas hace que el diálogo parta con una enorme desconfianza, incluso de los estudiantes hacia el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (Cosep), la patronal, único interlocutor para el Gobierno y que por primera vez rompe su connivencia con Ortega, uno de los pilares de su gestión para lograr un crecimiento sostenido que desde 2010 siempre ha superado el 4,4%. «La Cosep siempre ha trabajado junto al Gobierno y ha avalado casi todas sus medidas. Esta vez, si los estudiantes no hubiesen salido a protestar, quizá hubiese sido igual. Por eso se vieron obligados a discrepar», según el analista Carlos Pérez.

«La Cosep no representa al pueblo, sino a sus propios intereses. Si no se garantiza la participación estudiantil, no puede haber un diálogo real que logre estabilidad y paz», se queja Rosalía Urtecho, estudiante de Derecho, a las puertas de la Catedral de Managua. El templo sirve ahora de almacén de víveres y refugio para los estudiantes durante los disturbios. No nos permiten entrar. «No tomar fotos», reza un cartel en la puerta vigilada por encapuchados con tirachinas.

En un hecho inédito desde los años 80 la Iglesia católica ha asumido un rol activo en la movilización social para proteger a los manifestantes. «El diálogo es un riesgo grande para toda la nación y la Iglesia, pero la Conferencia Episcopal está dispuesta a correr ese riesgo que podría ser una estratagema del Gobierno para ganar tiempo y alargar la situación marcada por el autoritarismo, la inconstitucionalidad, el irrespeto a los derechos humanos, la ilegalidad», aseguró el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, uno de los más involucrados en esa ayuda a los estudiantes. Mientras, el arzobispo de Managua, Lepoldo Brenes, afirmaba a este diario que «el Gobierno ha abierto espacios para el diálogo, hay esperanza», aunque matizaba que «será un camino bastante difícil». Ante el reto, la oposición y sectores de la Iglesia han pedido la supervisión de organismos internacionales.

«El Gobierno no va a aceptar su responsabilidad por todas las víctimas ni que han perdido el control de una situación que no esperaban», valora el general retirado Hugo Torres, uno de los máximos estandartes guerrilleros en la Revolución de 1979 y ahora uno de los cada vez más sandinistas que se distancian de la deriva personalista que ha tomado el presidente.