Francia vive con la atención puesta en el primero de mayo. Los sindicatos preparan estos días la simbólica fecha en la que quieren batir un récord histórico de gente en la calle a sabiendas de que puede ser su último cartucho contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, ya aprobada y promulgada, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, y con ella el retraso de la edad de jubilación de los 62 años actuales hasta los 64.

Aunque la reforma de las pensiones sigue siendo impopular y mantiene el rechazo de 7 de cada 10 ciudadanos franceses, lo cierto es que las ganas de pasar página tras cuatro meses de conflicto en la calle también son palpables. Y eso es lo que quiere aprovechar Macron y su Gobierno. La primera ministra, Élisabeth Borne, ha presentado este miércoles su hoja de ruta para los simbólicos 100 días que Macron ha dado a su Gobierno para calmar los ánimos y sobre todo, mirar al futuro.

«Solo creo en los resultados. Debemos obtener resultados en todos los ámbitos, y quiero que sean concretos, tangibles y visibles para los franceses», declaró Borne al presentar el nuevo plan del Gobierno que se basa, fundamentalmente, en tres ejes: el pleno empleo, la economía verde y el orden y la justicia social.

Borne enumeró algunas medidas, pero renuncia, de momento, a meterse en debates de calado.

De hecho, lo más llamativo del nuevo plan del Ejecutivo francés es lo que no figura en él. El anuncio más esperado era en realidad un aplazamiento: el proyecto de ley sobre inmigración, presentado como la futura gran prueba de fuego tras la reforma de las pensiones, ha sido aplazado hasta el otoño de este año.

«No hay mayoría para votar un texto así, como pude comprobar ayer cuando hablé con los dirigentes de Los Republicanos en la Asamblea Nacional. Todavía tienen que encontrar una línea común entre el Senado y la Asamblea», justificó la primera ministra, que ya dijo que no era partidaria de volver a activar el botón nuclear del decretazo en nuevas ocasiones tras el traumático episodio de la reforma de las pensiones.

Sin mayoría en la Asamblea, el Gobierno de Macron tiene complicado sacar adelante reformas sensibles, aunque Borne confía en «la capacidad para encontrar mayorías proyecto por proyecto o por bloques de textos». «Mi voluntad es, sobre cada uno de los textos, buscar mayorías», aseguró.

Así las cosas, Borne prefirió centrarse ayer en medidas sociales y de seguridad. La primera ministra anunció que el Gobierno desplegará más de un centenar de policías en la frontera con Italia para contener la crisis migratoria la semana próxima, también medidas para reforzar los servicios públicos, sobre todo hospitales, y otras iniciativas para «mejorar la vida de los ciudadanos», como un proyecto para que las empresas compartan parte de sus beneficios con los trabajadores.

Ante la falta de apoyos parlamentarios, esta hoja de ruta tiene la apariencia de un parche para capear el temporal tras las protestas. Una especie de balón de oxígeno para ganar tiempo y que se acabe apagando la crisis social en la calle para más adelante pasar a otra cosa, previsiblemente, con cambios en el Gobierno que podrían llegar en verano y dar carpetazo, ya con la reforma de las pensiones en vigor a partir de otoño, a una nueva fase en este segundo quinquenio que venga marcada por una vitrina de lujo, la de los grandes acontecimientos que a Francia le esperan en la agenda de la temporada que viene: mundial de rugby, reapertura de Notre Dame y sobre todo, los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

Ese ciclo de acontecimientos es la esperanza de Macron para cambiar el signo de su segundo quinquenio, en el que no habrá renunciado, al mismo tiempo, a su reforma estrella. Falta por saber si ya por entonces el malestar social estará amortizado o si, por el contrario, perseguirá a Macron hasta el final de su mandato.