La tiranía cubana aumenta su apuesta contra la libertad de prensa

EEUU exige la liberación inmediata de Roberto Quiñones, que fue condenado a un año de cárcel por desobediencia y resistencia a las autoridades. Lo que en la realidad cubana se traduce en que fue detenido por “informar”.

Desde que la revolución socialista se hizo con el poder hace 60 años, la desinformación y la censura se han convertido en norma. Y es que en Cuba, la Constitución sólo autoriza la prensa oficial, es decir, la prensa castrista. Hasta el punto de que Reporteros sin Fronteras (RSF) haya bautizado a Cuba como “el país más hostil a la libertad de prensa de América Latina”, colocándolo en el puesto 169 de su ranking de libertad de prensa.

Según RSF, “en lo que va de 2019, en Cuba han aumentado los actos de intimidación y hostigamiento que pueden ser tipificados como tortura por el Derecho Internacional, cometidos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado, sin orden ni supervisión judicial, contra defensores de derechos humanos y periodistas independientes, con el objetivo de que, mediante el castigo o la intimidación, se inhiban de ejercer su derecho a opinar, expresarse, asociarse y reunirse pacíficamente.”

Pero RSF no es la única organización que se suma a la denuncia: otras 20 fundaciones en defensa de la libertad de expresión y los Derechos Humanos, 12 medios de comunicación, y varias decenas de periodistas han expresado su profunda preocupación por la situación de los periodistas cubanos.

Entre estas instituciones, están la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acusa al Gobierno cubano de “perseguir periodistas”. O la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que instó al régimen a poner fin a la detenición arbitraria, el hostigamiento a los defensores de los Derechos Humanos, y a dejar de criminalizar a quienes ejercen el derecho de libertad de expresión, de asociación y de prensa.

Y es que los arrestos arbitrarios, las palizas, y la injerencia en las comunicaciones de los periodistas son “el pan de cada día” en el país caribeño, algo que evidencia que el régimen nunca dejará de perseguir a la verdad.

Los periodistas y defensores de los Derechos Humanos, muy a menudo se ven en la necesidad de exhiliarse para poder informar desde el exterior. Algo que no es en absoluto sencillo, no solo porque salir de la isla no sea precisamente “cosa de niños”, sino que, además, el acceso a internet es solo posible desde el 5% de los hogares cubanos. A lo que hay que añadir la tremenda censura a la información en la red cubana.

Uno de los periodistas que luchan por reivindicar la información como la mejor herramienta contra la tiranía y los abusos de poder es Roberto Quiñones, un abogado de 62 años al que el Gobierno retiró la licencia para ejercer su oficio. Desde hace 12 años ejerce como periodista independiente. El 22 de abril, cuando se dirigía a cubrir el juicio contra una familia que prefería instruir a sus hijos en casa, varios agentes de la Policía Revolucionaria lo esposaron y lo agredieron, dejándole varias heridas y contusiones, además de una perforación en el tímpano del oído derecho.

Lo mantuvieron retenido durante cinco días, acusado de resistencia y desobediencia a la autoridad. Un capitán de la Policía “Revolucionaria” ofreció pagar una multa al periodista y olvidar el tema, pero Quiñones se negó a pagarla, porque eso implicaría admitir su culpa. El pasado 7 de agosto fue definitivamente condenado a un año de prisión.

Este miércoles, 21 de agosto, Estados Unidos exigió su liberación inmediata: “Instamos al régimen cubano a liberar inmediatamente al Sr. Quiñones, y a cesar el abuso y maltrato contra él”, decía en un comunicado el secretario de Estado, Mike Pompeo. El político calificaba el proceso como “una desconsideración flagrante hacia las normas legales, lo que es típico del régimen cubano”.

Pompeo advirtió también que seguirá imponiendo sanciones al Gobierno de la isla, porque “usa sus ingresos para reprimir a su propio pueblo y apoyar el régimen de Maduro en Venezuela”.