La secretaría general de la OEA abre el proceso para la suspensión de Venezuela

Activa la Carta Democrática ante la posible «alteración del orden constitucional en el país», lo que podría aislar aún más al régimen

Parecía imposible hace dos años, cuando la opositora venezolana María Corina Machado se presentó en Washington para hablar de la situación de su país en la Organización de Estados Americanos (OEA), que este organismo interamericano tomara cartas en el asunto. Pero con la crisis política de Venezuela cada vez más radicalizada, la participación de la OEA se ha hecho efectiva. Su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, convocó ayer una sesión urgente del Consejo Permanente con el objetivo de analizar si Venezuela ha sufrido una alteración del orden constitucional.

El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA autoriza a iniciar un procedimiento jurídico cuando «en un Estado miembro de produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».

De esta forma, en un informe de 132 páginas, Almagro recalca que «la continuidad de las violaciones de la Constitución, especialmente en lo que se refiere al equilibrio de poderes, funcionamiento e integración del Poder Judicial, violaciones de Derechos Humanos, procedimiento para el referendo revocatorio y su falta de capacidad de respuesta respecto a la grave crisis humanitaria que vive el país, afecta al pleno goce de los derechos sociales de la población».

El secretario general de la OEA no descarta «ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas», según concluye el informe. El Consejo Permanente, que se celebrará entre el 10 y el 20 de junio, puede aprobar distintas medidas con una mayoría simple (18 votos), entre ellas las gestiones diplomáticas para «promover la normalización de la institucionalidad democrática». Finalmente, podría convocar un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la cual podría suspender a Venezuela de la OEA si cuenta con el voto de los dos tercios de los 34 estados miembros.

Esta posible sanción implicaría que Venezuela dejaría de participar en todas las actividades del ente, así como en los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos. Todo lo cual aislaría aún más al Gobierno de Nicolás Maduro en la comunidad internacional. Para la oposición política venezolana, el hecho de que se haya activado la carta supone una victoria moral.

En Caracas, la respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El presidente convocó para hoy una marcha en la capital con el motivo de rechazar el «intervencionismo extranjero». Mientras, el ministro venezolano de Comunicación, Luis José Marcano, tachó a Almagro de ser uno de «los bastardos títeres», y añadió: «Somos un ejemplo para el mundo de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Venezuela es objeto de amenaza de poderes económicos porque tenemos la primera reserva de petróleo del mundo», indicó en un acto público retransmitido por la televisión estatal.

Sin embargo, las tensiones políticas siguen en aumento en Venezuela, donde los ciudadanos son víctimas de una alta inflación, que se estima podría llegar al 720% este año, a lo que se suman los graves problemas de escasez de alimentos, medicinas y productos básicos. El país sufre una recesión económica agravada por la caída del precio del petróleo, cuyo barril se vende en el mercado a menos de 40 dólares.

El pasado enero, el jefe de la Diplomacia de Estados Unidos, John Kerry, respaldó la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra el Gobierno de Venezuela. La decisión de Almagro, que llegó al cargo en marzo 2015 con la voluntad de dotar a la OEA de un protagonismo perdido, es de carácter personal. Como él ha dicho, no está contando si tiene o no los apoyos para dar este paso. Para él es una cuestión de principios.