A Cristina Kirchner se le avecina un futuro judicial cada vez más negro con dos procesos abiertos y otros dos en camino. Ayer la Fiscalía argentina pidió a la Justicia que se investigue a la ex presidenta en una causa sobre presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas. Los fiscales la consideran responsable de los delitos de fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. El fiscal solicitó que se emita la orden para que la ex mandataria declare junto a otros 33 acusados. También pidió al juez que dicte «la inhibición general de bienes» para los implicados. Desde la acusación pública ven indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la provincia de Santa Cruz que beneficiaron al empresario Lázaro Báez, detenido y estrecho colaborador del fallecido presidente Néstor Kirchner.

«Los ex presidentes escogieron a la provincia de Santa Cruz como la destinataria de las mayores inversiones en materia de obra pública vial en perjuicio de las restantes, dotaron al Ministerio de Planificación y a la Dirección Nacional de Vialidad de una importantísima cantidad de fondos para que se gastaran en ese concepto», alegan los fiscales. Para ellos, el entonces titular de Planificación, Julio de Vido (al que también quieren procesar), y los funcionarios de su cartera «otorgaron permisos irregulares de obra a favor de las empresas de Báez». Asimismo, existían «estrechos vínculos económicos» entre la familia Kirchner y el empresario, como la explotación de negocios hoteleros que garantizó a los ex residentes «pagos millonarios».

Báez no es el único protegido de los Kirchner. La Justicia argentina encontró ayer el escondite donde el ex secretario de Obras Públicas José López habría ocultado casi nueve millones de dólares. El ex funcionario sería uno de los recaudadores de la campaña K, pero como otros secuaces tras la muerte de Néstor Kirchner empezó a robar en su propio beneficio.