La Justicia argentina avaló ayer la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a un centro comunitario judío en 1994.

La Justicia argentina avaló ayer la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a un centro comunitario judío en 1994. Concretamente, el fiscal titular a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal, Gerardo Pollicita, imputó a Kirchner y al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, por el supuesto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA. Al contrario de lo que sostenía el Gobierno, el representante del Ministerio Público cree que hay elementos para que se abra un expediente como consecuencia de la denuncia de Nisman. En el escrito, el fiscal reclama una batería de medidas que no incluyen pedidos de indagatoria para los acusados. Cabe recordar que Nisman sí había pedido la indagatoria tanto de la mandataria como del resto de los acusados.

Pollicita tampoco ha pedido al juez encargado de la causa la detención de Cristina Kirchner, como había evaluado Nisman en el borrador que fue encontrado en su apartamento tras su muerte, el 18 de enero. Pero tanto la jefa de Estado como sus funcionarios quedan imputados desde el momento en que sus nombres figuran en la investigación que el fiscal acaba de abrir para averiguar si existió delito en el accionar del Poder Ejecutivo tal cual denunció Nisman el 14 de enero. El fiscal Pollicita también imputó al diputado nacional por el Frente para la Victoria Andrés «Cuervo» Larroque; al piquetero Luis D’Elía; al líder de Quebracho Fernando Esteche; al ex juez Héctor Yrimia y a Allan Bogado. Yrimia y Bogado –según la denuncia de Nisman– eran espías que intervinieron en la maniobra por la cual se intentó desvincular a los iraníes acusados de perpetrar el atentado contra la AMIA. Nisman había acusado que desde el Ejecutivo se instrumentó y promovió la aprobación del memorándum con Irán como herramienta para desvincular a los iraníes; y también se especuló con fabricar falsos acusados.

El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, calificó ayer como «una clara maniobra de desestabilización antidemocrática» el movimiento de Pollicita, quien continuará las investigaciones de su fallecido colega. En su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, el funcionario anticipó, no obstante, que «no tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia».

El artículo 72 del Código Procesal Penal define como imputado a «cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso». Además de la acusación de encubrimiento, Pollicita también considera que las acciones del Gobierno «podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público». Las pruebas aportadas incluyen documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del ministerio de Economía sobre el intercambio comercial, entre otros. Ahora el juez Daniel Rafecas deberá analizar la resolución de Pollicita y evaluar cuáles serán los siguientes pasos en el proceso penal.

Lo cierto es que el Gobierno argentino mantiene una guerra abierta con los jueces. De hecho, el próximo 18 de febrero hay una manifestación convocada por fiscales para protestar por el asesinato de su colega. El kirchnerismo denuncia que en año electoral, la oposición pretende politizar la muerte de Nisman. El 18 de julio de 1994 una camioneta cargada con explosivos detonó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), y causó la muerte de 85 personas. Dos años antes, un ataque similar destruyó la Embajada israelí en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos. Ninguno de estos ataques ha sido esclarecido.

Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en su piso cuatro días después de haber presentado la denuncia contra la presidenta. El investigador requirió una investigación a Fernández y al resto de los imputados. Horas después del hallazgo del cuerpo sin vida de Nisman estaba prevista una reunión del fiscal con un grupo de legisladores en el Congreso donde se esperaban que ofreciera más detalles sobre su acusación, la más grave que haya recibido Fernández. La mandataria lleva más de siete años de Gobierno y culmina su mandato en diciembre. Desde el kirchnerismo, ya buscan un nuevo cargo político para la viuda peronista que le permita blindarse ante cualquier denuncia y, posiblemente, volver a presentarse en cuatro años.

¿Quién es quién?

HÉCTOR TIMERMAN

El actual ministro de Exteriores argentino ya criticó muy duramente al fiscal Alberto Nisman antes de su muerte. Nisman le había acusado de encubrir a Irán tras el atentado contra el centro judío AMIA en 1994. Después del deceso del fiscal, ha mantenido un perfil muy bajo en la escena política argentina.

LUIS D’ELÍA

Este dirigente kirchnerista estaba también en el punto de mira de Nisman. En la denuncia que preparaba el fiscal antes de morir se revelaban escuchas grabadas en las que se confirmaba su contacto fluido con el supuesto agente iraní Alejandro Yusuf Khalil.

ANDRÉS LARROQUE

El fiscal Nisman denunció a este diputado argentino porque había mantenido contacto con Mohsen Rabbani, uno de los máximos responsables del ataque terrorista contra el centro AMIA, dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento con Irán.