La política siempre tiene giros inesperados que enriquecen las crónicas parlamentarias. Y muchas veces son los personajes secundarios los protagonistas del mejor giro al guión. Sue Gray, la funcionaria que estuvo a cargo de la investigación del Partygate -el escándalo que acabó forzando la dimisión de Boris Johnson por las fiestas en pleno confinamiento de pandemia- ha aceptado ser la nueva jefa de Gabinete del líder de la oposición laborista Keir Starmer, el mismo que tiene todas las papeletas (según los sondeos) para convertirse en el próximo inquilino de Downing Street.

El Partido Laborista aseguró ayer que Gray asumirá el cargo una vez cumplidos los “procedimientos normales”, que establecen que un funcionario debe esperar un mínimo de tres meses antes de aceptar otro empleo fuera del Gobierno.

La noticia generó grandes críticas dentro de los diputados conservadores afines a Johnson que cuestionan ahora la imparcialidad de la funcionaria. “Realmente perjudica el trabajo que ha hecho, perjudica a la función pública y realmente pone en duda el buen juicio de Starmer”, señaló el tory Alexander Stafford, que pidió se investigue cuándo Sue Gray se puso en contacto por primera vez con el líder laborista. Asimismo, el exministro de Empresa Jacob Rees-Mogg señaló que las conclusiones de la investigación del Partygate parecen “una cosita de izquierda” y “perjudican el trabajo que ha hecho”.

Después de que la prensa sacara a la luz las fiestas celebradas por los trabajadores de Downing Street y de otros ministerios en pleno confinamiento, se abrió una investigación independiente liderada por Gray quien, el año pasado, concluyó que hubo importantes “fallos de liderazgo y juicio”.

En definitiva, un gran varapalo para el entonces primer ministro conservador que, criticado también por otros escándalos, acabó dimitiendo el verano pasado presionado por sus propias filas.

La respetada funcionaria, que se unió a la administración pública en los pasados años setenta, ocupaba desde mayo de 2021 el cargo de segunda secretaría permanente del Ministerio del Gabinete (similar al de Presidencia). Las personas que han trabajado con ella le atribuyen fama de trabajadora exhaustiva, con un marcado sentido de la justicia. Pero el hecho de que haya aceptado ahora el puesto con los laboristas ha llamado la atención.

Sobre todo, porque el caso del Partygate sigue coleando. Una investigación parlamentaria evalúa ahora si Johnson mintió a la Cámara de los Comunes cuando, en repetidas ocasiones, recalcó que no era consciente de que se hubieran violado las normas del confinamiento. Mentir al Parlamento es motivo de expulsión. Por lo que las consecuencias para Johnson podrían ser perder su escaño.

De momento, el comité al frente de la nueva pesquisa publicó ayer un informe que asegura que “las pruebas sugieren con rotundidad que las infracciones de las normas habrían sido obvias para Johnson en el momento en que se celebraban estos encuentros” ilegales. El que fuera líder tory tendrá que testificar en la investigación la semana del 20 de marzo a petición del Partido Laborista, que solicitó que se le investigara el pasado año.

La oposición laborista cuestionó que Johnson no hubiera tenido constancia, como él mantenía, de que las fiestas celebradas en oficinas gubernamentales durante el confinamiento impuesto por la pandemia de covid-19 iban en contra de la ley. “Hay evidencias de que aquellos que asesoraban a Johnson sobre qué decir a la prensa y en la Cámara (de los Comunes) tenían dificultades para sostener que algunos encuentros se ceñían a las reglas (del confinamiento)”, según señala el documento del comité difundido ayer.

La citada comisión apuntó asimismo que valorará por qué Johnson dijo ante el Parlamento que no se habían quebrado las normas “cuando sabía cuáles eran las pautas y estuvo presente en encuentros en los que esas normas se habían infringido”. También examinará las alegaciones hechas por el entonces primer ministro, en diciembre de 2021, de que “en Downing Street se seguían todas las normas completamente” y de que “las pautas y las reglas se seguían en todo momento”. La comisión también estudiará “por qué (Johnson) no habló al Parlamento sobre los encuentros en los que él había estado presente”. Los actos sociales celebrados en varias oficinas públicas se produjeron en un momento en que la ciudadanía en este país se ceñía a durísimas reglas sociales, que limitaban al mínimo la interacción para evitar la propagación del coronavirus.