Con 100.000 residentes en un país de 10 millones de habitantes, la comunidad kurda posee una influencia difícil de ignorar en Suecia. Prueba de ello es que la continuidad en el poder de la primera ministra, la socialdemócrata Magdalena Andersson, ha dependido desde noviembre del decisivo voto de la diputada independiente kurdo-iraní Amineh Kakabaveh en el Parlamento. En su opinión, «el Gobierno de Estocolmo se ha rendido a Ankara». «Ha sacrificado» a los partidos kurdos a cambio de que Recep Tayyip Erdogan levante su veto al ingreso en la OTAN, lamenta.

Con el «Riksdag» (Parlamento) cerrado por vacaciones hasta las elecciones del 11 de septiembre, Kakabaveh ya no representa una amenaza para el Gobierno, pero la inquietud entre la comunidad kurda es patente. Para muchos, Suecia ha renunciado a la defensa de los derechos humanos en aras de satisfacer las demandas turcas para combatir el terrorismo y levantar el embargo de armas.

Para Ridvan Altun, miembro de la organización kurda NCDK, una de las más grandes de Suecia, el memorándum entre Estocolmo, Helsinki y Ankara genera preocupación. «Nosotros, como kurdos en Suecia, estamos preocupados y decepcionados de que una vez más hayamos sido víctimas del acuerdo entre una dictadura y una democracia», asegura a Radio Suecia.

Por su parte, Ragip Zarakolu, un activista turco de derechos humanos y editor que reside en Suecia, opina que el acuerdo debe verse como «una especie de acoso» a los disidentes turcos y kurdos, con el objetivo de «dañar la vida pacífica de los disidentes que viven fuera de Turquía». Kenez, cuya extradición la Corte Suprema sueca rechazó el año pasado, aseguró a la televisión pública SVT que no veía a Suecia más favorable para extraditarlo ahora. «Soy periodista», explica. «Y eso no es un delito».

En un intento de tranquilizar a la comunidad kurda, la primera ministra y su ministro de Justicia han insistido en que ningún ciudadano sueco será extraditado y que son los tribunales quienes deciden sobre cada caso.

“Hay algunos en Suecia que sienten cierta preocupación y luego queremos ser claros con tres cosas: la primera es que nunca extraditaremos a nadie que sea ciudadano sueco. La segunda es que seguiremos como antes el derecho sueco e internacional. La tercera es que si no participa en actividades terroristas, no tiene que preocuparse”, explicó Andersson la pasada semana desde la Cumbre de Madrid de la OTAN.

El compromiso con Erdogan, que habla de 73 extradiciones, también ha creado malestar entre veteranos dirigentes socialdemócratas críticos con el giro en el rechazo a la OTAN defendido históricamente por el partido. En opinión de Pierre Schori, ex ministro de Ayuda al Desarrollo y mano derecha del asesinado Olof Palme, «el texto está escrito por los turcos». «Gran éxito para Erdogan, vergüenza para Suecia y traición a los kurdos», resumía el diplomático al diario «Expressen».

Mientras, la ex ministra de Exteriores Lena Hjelm-Wallen, considera un «un mal necesario» que Suecia pueda convertirse en miembro de la OTAN. Una adhesión en la que «no teníamos opción» porque Finlandia decidió antes unirse a la Alianza.