El fiscal de la trama rusa pide cárcel para un ex asesor de Trump

Paul Manafort, director en 2016 de la campaña del hoy presidente, afronta cargos por más de ocho delitos.

El fiscal especial a cargo del «Rusiagate», Robert S. Mueller, ha acusado al Paul Manafort, director de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, de tentativa de manipulación de testigos en el caso que se sigue en su contra por los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Un cargo federal que podría acabar con Manafort en la cárcel antes de la celebración del juicio. Una acusación que los investigadores basan en el testimonio de otros dos testigos, a los que habría contactado con mensajes encriptados para tratar de influir en sus declaraciones. Los mensajes estarían en manos del FBI.

Se complica así la situación procesal de un hombre al que sus abogados han intentado librar, sin demasiado éxito, de las pesquisas de Mueller. En su opinión, y así lo argumentaron ante un juez a finales de abril, el fiscal general, encargado de investigar la supuesta trama rusa para favorecer la candidatura de Trump, no tiene potestad para indagar en los hipotéticos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero. Para contrarrestar este argumento el equipo de Mueller, por boca del fiscal Michael Dreeben, argumentó que Manafort «mantenía sólidos lazos con políticos apoyados por Rusia». Es normal, sostuvo, preguntarse si estos políticos le «proporcionaron canales de comunicación con Rusia» más allá de sus actividades privadas y resulta «lógico que los investigadores examinen algo así». Hasta la enésima acusación en su contra Manafort tenía que responder ya por otros ocho presuntos delitos. Entre otros el de conspiración. De poco o nada le estaría sirviendo, al menos de momento, su asunción de varios de esos cargos ante un Mueller que a cambio de colaborar le habría prometido eximentes.

Entre tanto continúan vigentes los rumores que apuntan a un posible cierre de la investigación y el despido de Mueller. Sólo Trump podría hacer algo así, aunque en su honor cabe añadir que después de infinitas especulaciones y, también, de todo un repertorio de declaraciones y tuits incendiarios, el fiscal especial sigue en su puesto y las pesquisas nunca se han detenido. En realidad la posible decapitación del «Rusiagate» llegaría demasiado tarde, con cientos de testimonios y documentos reunidos por los fiscales y un juez, Beryl A. Howell, con mando en plaza. En última instancia le corresponderá a él decidir qué hacer con las pesquisas de Mueller y qué con el Gran Jurado encargado de examinarlas, 23 ciudadanos que podrían firmar un informe propio y extraer sus propias conclusiones, incluso en ausencia de Mueller. A su vez, el juez Howell puede publicar dicho informe como crea oportuno, enviándolo por ejemplo al Comité de Inteligencia del Senado, que trabaja en su propia investigación.

Cabos muy poco sueltos que Mueller, avezado investigador y director del FBI con Bush y Obama, reúne siguiendo su propio manual de instrucciones. Ese que, en sus días de fiscal en Nueva York, le permitió destruir a la familia Gambino y encarcelar al último padrino, John Gotti, a base de estrangular a sus lugartenientes. Mueller los puso en la tesitura de aceptar la inmunidad que ofrecía a cambio de información contra sus jefes, o arrostrar penas draconianas. En el caso de Trump hay que añadir a Rick Gates, número dos de Manafort, y a Michael Flynn, ex consejero de Seguridad Nacional.