El Constitucional alemán abre el proceso para ilegalizar el partido NPD

El Tribunal Constitucional alemán (TC) abrió un proceso contra el Partido Nacional Democrático (NPD), formación irrelevante a escala parlamentaria, pero con notable capacidad operativa como brazo político del neonazismo más violento.

El Tribunal Constitucional alemán (TC) abrió hoy un proceso contra el Partido Nacional Democrático (NPD), formación irrelevante a escala parlamentaria, pero con notable capacidad operativa como brazo político del neonazismo más violento.

Trece años después de fracasar un primer intento de ilegalización, el TC inició de nuevo el procedimiento contra el partido en respuesta a la demanda de la Cámara Alta (Bundesrat), según la cual el NPD atenta, por su ideología y actividades, contra los principios y orden democráticos del país.

Sin escaños en el Parlamento federal (Bundestag) y apenas cinco puestos en una cámara regional -la de Mecklenburgo-Antepomerania-, el NPD tiene sin embargo representantes en 360 administraciones locales, principalmente en el este del país, y vínculos con las 200 camaraderías o grupúsculos neonazis repartidos por toda Alemania.

A su militancia -5.600 afiliados- o simpatizantes no organizados se atribuyen acciones de acoso e intimidación a alcaldes y otros políticos locales, marchas contra albergues de refugiados, agresiones xenófobas o antisemitas y proselitismo neonazi.

"Todo proceso de ilegalización de un partido implica poner a prueba al conjunto de la democracia constitucional del Estado", advirtió al abrir la vista el presidente del TC, Andreas Vosskuhle.

En toda la historia de la República Federal de Alemania (RFA) solo han prosperado dos demandas de prohibición -contra el Partido Socialista del Reich, heredero del nacionalsocialismo, y el Partido Comunista de Alemania, ambas en la postguerra-, recordó Vosskuhle.

Al TC le compete "evaluar y juzgar", en un "proceso justo", si procede la ilegalización, lo que exige cuestiones objetivas y "no coyunturales", ya que debe demostrarse con pruebas fehacientes, como se haría en un juicio penal, que el partido pretende "socavar"el orden democrático, alertó.

La apertura del proceso coincide con la alarma política y social generada en Alemania por el incremento de la violencia neonazi y también con la efervescencia adquirida por nuevas formaciones xenófobas apuntaladas en un voto de protesta contra la acogida de refugiados en el país.

Al primer ministro del "Land"de Sajonia y presidente de turno del Bundesrat, Stanislaw Tillich, le correspondió encabezar ante el TC la representación de la parte demandante.

En Sajonia se concentran 101 del total de 360 cargos que tiene el NPD en los entes locales y ese "Land"es ahora presentado como exponente de la nueva violencia xenófoba, con repetidos ataques contra refugiados o como cuna del movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida).

Tillich, quien se ha visto confrontado con los déficit de su región en la lucha contra la ultraderecha, advirtió hoy de la peligrosidad del NPD, de su capacidad operativa y de su propósito de alterar "el orden democrático europeo".

En esta órbita se inscribe el expresidente del partido Udo Voigt, eurodiputado de la formación que hoy estuvo presente en el TC junto a la cúpula del NPD y al también militante y abogado Peter Richter, su representante legal.

Voigt, con un abultado historial de procesos a sus espaldas, incluida una condena por negación del Holocausto, accedió a la Eurocámara en 2014 tras obtener apenas un 1 % de los votos, ya que en los comicios europeos se eliminó el listón mínimo del 5 % que existe en el resto del sistema electoral alemán.

En la primera vista, de las tres previstas esta semana, el NPD presentó varias alegaciones contra el proceso: intentó recusar a dos de los magistrados del TC por supuesta imparcialidad y denunció también la presunta participación de infiltrados policiales en la demanda.

En 2003 el TC sobreseyó la primera causa contra el partido -respaldada por el Gobierno y las dos cámaras del Parlamento- por estar sustentada en declaraciones de infiltrados o confidentes.

Casi una década después, el Bundesrat decidió en 2012 impulsar en solitario esta segunda demanda, bajo el impacto de las revelaciones en torno a la célula Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), que en una década asesinó impunemente a nueve inmigrantes en distintas partes del país.

La existencia del grupo, integrado por tres neonazis y con presuntos cómplices en el NPD, salió a relucir a raíz del suicidio de dos miembros del trío acosados por la policía tras un atraco.

El Gobierno federal no se sumó a la iniciativa del Bundesrat y tampoco lo hizo la Cámara Baja, por temor a un nuevo fracaso que podría envalentonar aún más a la ultraderecha.

Efe