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Nueva York
EE UU limita el acceso de la NSA a los datos telefónicos
Antes de empezar la sesión, se presintió una nueva pelea en el Senado de Estados Unidos por culpa de la legislación para terminar con la recolección de registros de llamadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Primero se aprobó terminar el debate por 83 votos a favor y 14 en contra. A continuación, se votó la Ley de Libertada de EE UU por 67 votros contra 32.
Poco antes todo estuvo a punto de naufragar por las dudas del líder de la Cámara Alta, el republicano Mitch McConnell, que planeaba introducir tres modificaciones. Nunca le gustó la ley que le había mandado el líder de la Cámara de Representantes, el también republicano John Boehner. En la Cámara Baja, la ley se aprobó el mes pasado por 338 votos a favor y 88 en contra. McConnell consideraba que se limitaba la capacidad del Gobierno en materia antiterrorista. En cambio, pudo más su necesidad de salvar su prestigo como líder de la mayoría. No podía forzar una pelea sin final en su Cámara cuando se trataba de una de las leyes más polémicas del Congreso.
Como consecuencia, los agentes de la NSA siguieron de cerca los movimientos del Capitolio. A un lado, estaban los senadores de la Cámara Alta. Al otro, los de la Baja, insatisfechos con los cambios que se querían hacer en el Senado. Les advirtieron de que si hacían muchas modificaciones a la ley que les habían enviado, sencillamente, no la aprobarían de nuevo. Y habría que empezar otra vez. Aun así, estos días, desde la comunidad de inteligencia, se ha contemplado con calma la pelea en Washington. Sabían que se iba a prolongar durante el par de días que ha durado.
Finalmente, el Congreso envío la legislación aprobada al presidente Barack Obama. De esta forma, se recupera el controvertido programa de vigilancia con ciertas modificaciones. Esta legislación eliminará de forma gradual durante seis meses el secreto plan de recogida de datos masivo, que fue hecho público hace dos años por Edward Snowden. Se sustituirá por un programa que mantendrá los registros telefónicos con las compañías de telecomunicaciones. Sin embargo, permitirá al Gobierno pedirlos con una orden judicial. Fue precisamente esto lo que no gustó a los senadores de la Cámara Alta. A McConnell y otros políticos no les convenció que se comprometiesen las capacidades de la Administración en materia antiterrorista. Aquí, la batalla se produjo porque esta medida estaba respaldada por Obama y el líder de la Cámara Baja.
La aprobación de esta ley ha supuesto una cambio inusual de alizanzas entre Obama y Boehner contra McConnell, que no consiguió persuadir al resto de senadores. «Es un paso en la dirección equivocada», indicó un frustrado McConnell antes de que se procediera a la votación final. A su juicio, la nueva ley mina la seguridad de EE UU. En cambio, Boehner reconoció que «esta legislación es crítica para mantener a los estadoundienses a salvo del terrorismo, al tiempo que protege sus libertades civiles». «Aplaudo al Senado por haber renovado las capacidades de nuestra nación en inteligencia exterior. Estoy satisfecho», añadió Boehner.
Con todo, la legislación mantiene otros programas de vigilancia que se consideran más efectivos que la recolección de datos telefónicos. Esto incluye la autoridad del FBI para recoger información sobre las llamadas de teléfono hechas desde los pequeños negocios en investigaciones de casos de terrorismo y espionaje. Aun así, la aprobación de la ley se puede entender como una victoria para los críticos de las prácticas de la NSA. Por primera vez desde el 11-S, se aprueba una norma en materia de seguridad nacional que establece los límites de los poderes de vigilancia del Gobierno.
Se da la coincidencia de que esta norma, la Ley de la Libertad de EE UU, se aprobó para terminar con la recogida en masa de registros telefónicos casi dos años después de que Snowden filtrase la existencia de este programa. «Es un momento histórico», reconoció el senador demócrata Patrick Leahy. «Es el primer cambio en leyes de vigilancia del Gobierno en décadas y añade significativas protecciones en materia de privacidad para el pueblo estadounidense», explicó Leahy.
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