La Casa Blanca inicia sus cruzadas: inmigración y políticas de género

Es solo su cuarto día al frente de Estados Unidos, pero parece que Donald Trump lleve meses dirigiendo el país. En cuestión de horas, el republicano ha creado un terremoto social y político a golpe de órdenes ejecutivas. En la frontera sur con México, cientos de inmigrantes atrapados en Ciudad Juárez (lugar de paso para miles de personas que tratan de llegar al país estadounidense) lloran desconsolados después de que la nueva administración cerrara este lunes la aplicación CBP One, una herramienta utilizada hasta ahora por 1.400 personas al día para procesar su estatus migratorio.

Por si fuera poco, siguiendo las órdenes de Trump, miles de tropas estadounidenses están poniendo rumbo a esa zona del país para unirse a los 2.200 efectivos que ya se encuentran sobre el terreno ayudando en labores de Oficina de Aduanas y Protección fronteriza. Con ellos trabaja también un contingente de la Guardia Nacional de Texas, llamado Operación Lonestar, formado por 4.500 agentes.

Se trata de una primera oleada de ayuda que sentará las bases para la llegada de una mayor presencia militar en la zona, y de momento no se ha aclarado si los soldados recién enviados estarán armados. En principio, ninguna de las nuevas tropas destinadas a la frontera puede desempeñar detenciones o incautación de drogas. Aunque esto también podría cambiar, Trump dijo el lunes que en 90 días decidirá si invoca o no la Ley de Insurrección (uno de los poderes de emergencia más poderosos que tiene el presidente para desplegar las fuerzas armadas nacionales con el fin de frenar una insurrección, contener disturbios civiles o hacer cumplir la ley) en la frontera entre México y EE UU, lo que le permitiría usar las tropas en servicio activo para hacer cumplir la ley.

El nuevo líder norteamericano también ha dado luz verde a las autoridades federales de inmigración para llevar a cabo arrestos en áreas hasta ahora «sensibles», como escuelas e iglesias, lugares que desde el 2011 eran considerados espacios seguros donde no se podían producir arrestos. Entre las áreas seguras también se encontraban hospitales, bodas, funerales o manifestaciones públicas, pero no está muy claro si lo siguen siendo. «Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de EE. UU. para evitar el arresto» apuntó el martes en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional, «la Administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden, en su lugar, confían en que usen el sentido común» para «hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a criminales extranjeros –incluidos asesinos y violadores– que han entrado ilegalmente a nuestro país».

Los empleados de ICE (el Servicio de Control de inmigración y Aduanas) también han sido informados de que podrán realizar redadas de inmigración cerca de los juzgados e inmediaciones, algo que hasta ahora estaba prohibido. Además, se investigará a cualquier funcionario que se niegue a hacer cumplir las políticas migratorias de Trump. El nuevo memorando distribuido propone un cambio en la terminología, a partir de ahora se llamará «extranjeros ilegales» a las personas que se encuentren en situación irregular en el país; y la página web de la Casa Blanca en español, que llegó con la administración de Joe Biden hace cuatro años, ya ha sido cancelada. Ante la avalancha de acciones y medidas contra la inmigración, se ha desatado el pánico entre las personas indocumentadas, y las llamadas «ciudades santuarios» están preparándose para lo peor.

De poco parecen haber servido las súplicas públicas que hizo la obispa Mariann Edgar Budde en un discurso inédito en la Catedral Nacional de Washington el martes, pidiéndole al actual mandatario misericordia con los niños, los migrantes y la comunidad LGTBI.