¿Se atreverá Maduro a invadir Esequibo y entrar en guerra con Guyana?

Todavía Nicolás Maduro no ha ordenado poner un pie dentro del territorio Esequibo. El mandatario venezolano ha ordenado, entretanto, aumentar la presencia en la frontera siguiendo el «mandato», ha dicho, surgido del referéndum consultivo del 3 de diciembre donde el Gobierno afirma participaron 10,5 millones de personas a pesar de la soledad que caracterizó ese día los centros electorales. El conflicto fronterizo entre Venezuela y Guyana está en su punto más caliente desde hace décadas. Lo que hasta ahora se mantenía como una reclamación «dormida», ahora es el tema principal en la agenda de la opinión pública venezolana, con una insistente operación de propaganda oficial y los temores de que detrás de ella el interés del chavismo sea sortear las presidenciales de 2024.

Una escalada violenta pudiera ser usada para decretar el año entrante un estado de conmoción, la única excusa legal para suspender las elecciones presidenciales previstas. Las últimas encuestas hablan de una brecha de casi 70 puntos entre el mandatario que aspira reelegirse y Machado, que sigue estando «inhabilitada» para competir. Ya el régimen ha anunciado que aquellos políticos que no respalden la forma y el fondo del reclamo territorial no deben poder aspirar a cargos de elección popular. En Venezuela hay unanimidad en la postura de que el Esequibo fue arrebatado. Un reclamo centenario que comenzó cuando Venezuela apenas daba sus primeros pasos como nación independiente y Guyana era colonia británica. Son unos 160.000 kilómetros cuadrados mayormente rurales, con amplias reservas mineras en tierra y petroleras en su fachada atlántica. Eso último se confirmó en 2015, cuando Exxon Mobil descubrió los yacimientos.

Ahora Maduro dice que no considera más como «zona en reclamación» al Esequibo. Por eso ha ordenado aumentar la presencia militar en la línea fronteriza, construir instalaciones castrenses en el puesto fronterizo de la isla de Anacoco –un islote en el río Cuyuní que sirve de frontera–; así como preparar la cedulación de los habitantes del Esequibo como «ciudadanos venezolanos» y construir viviendas en San Miguel de Turumbán, un pueblito del lado venezolano. Además, le ha dado un plazo de tres meses a empresas petroleras que operan con concesiones guyanesas en aguas no delimitadas de retirarse, so pena de acciones para combatir esa ocupación de la fachada atlántica.

En paralelo, a través de su Parlamento impulsa una ley para convertir el área en disputa en una provincia –lo que Guyana considera una anexión de territorio– pero cuya aplicación se cuida de cruzar la línea: el asiento de las autoridades estará en Tumeremo, en el estado Bolívar, que serán nombradas por el poder central y operarán desde el lado venezolano.

Maduro dice que quiere imponer la diplomacia de paz, que quiere que Guyana vuelva a las conversaciones. Esta semana los cancilleres de ambos países tuvieron una llamada para «mantener canales de comunicación abiertos».

Georgetown transita el camino de la Corte Internacional de Justicia, donde se decidirá la validez del Laudo Arbitral de 1899 que definió la cuestionada frontera; al tiempo que confirma que cuenta con apoyo incluso militar de Estados Unidos, con quien ha comenzado a hacer ejercicios militares en la zona.

Caracas no reconoce a la CIJ como instancia válida, pero igual está llamada a presentar sus argumentos en abril de 2024. El abogado experto en asuntos internacionales Mariano de Alba cree, además, que una decisión de esa Corte «difícilmente resolverá definitivamente la disputa porque la implementación de sus decisiones depende en gran medida de la voluntad y aceptación de los países involucrados».

Dentro de las fronteras venezolanas el asunto lo que ha hecho es aumentar la represión. Por una parte, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, anunció que fue detectada una supuesta conspiración a favor de Guyana y emitió órdenes de captura contra varios integrantes del entorno de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, y dirigentes políticos en el exilio incluyendo dos exministros de Chávez ahora críticos con el régimen.

Roberto Abdul, uno de los organizadores de la primaria opositora, que pareció atraer más interés popular que el referéndum chavista, fue detenido y llevado a El Helicoide por esta causa, considerado un centro de tortura por Amnistía Internacional. Otros

de los acusados están «en res-guardo», como pudo confirmar

LA RAZÓN.