Ha pasado un año desde el golpe militar en Myanmar. El ejército tomó el poder reivindicando un fraude en las elecciones democráticas que ganó el partido Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi. La mandataria y los miembros de su partido fueron detenidos y los militares declararon un año de emergencia nacional. Desde entonces el régimen ha reprimido brutalmente a la población en su intento de sofocar la disidencia y consolidar su control sobre el país.

En febrero de 2021, el general de división Min Aung Hlaing y otros líderes militares ejecutaron un golpe de Estado. La maniobra se produjo después de que el partido apoderado del ejército, el Partido de Solidaridad y Desarrollo de la Unión (USDP), sufriera un duro revés en las elecciones de 2020. La junta -llamada oficialmente Consejo de Administración del Estado- detuvo y acusó a la líder civil de facto de corrupción y otros delitos. Puso bajo arresto domiciliario a parlamentarios de su partido, la LND así como a multitud de activistas.

En la actualidad, el general Min Aung Hlaing depende por completo de la buena voluntad de Rusia y China para obtener apoyo internacional. Estados Unidos y Europa han respondido imponiendo nuevas sanciones contra el actual líder y sus partidarios, que probablemente tengan un calado muy limitado dada la dilatada experiencia del Ejército para sortear las restricciones mundiales.

Aunque hay cierta simpatía por la situación personal de Suu Kyi -está incomunicada e imputada desde el golpe de Estado y se enfrenta a una batería de cargos absurdos como importación de walkie talkies o violación de los protocolos de las medidas contra la pandemia, entre otros- cualquier acuerdo político futuro tendrá que implicar a una nueva generación de líderes. Al mantenerla en prisión y prohibirle el acceso a la política de por vida, la Junta espera defenestrarla.

A lo largo de sus décadas de independencia, Myanmar ha luchado contra el gobierno militar, la guerra civil, la falta de Gobierno y la pobreza generalizada. El último golpe echó por tierra las esperanzas de reformas democráticas en esta nación del sudeste asiático. Desde entonces, el país está sumido en la más absoluta confusión. La violencia y la inseguridad han continuado mientras está sufriendo en gran medida la pandemia, el caos sanitario y la consiguiente crisis económica.

Millones de personas han tomado las calles para protestar y exigir a los militares que abandonen el poder. Las fuerzas de seguridad han respondido con una violencia brutal y detenciones. Los grupos de derechos humanos los acusan de crímenes contra la humanidad, como asesinatos, torturas, privación de libertad, desapariciones y violaciones. Al menos 320.000 personas han sido desplazadas y millones corren el riesgo de caer en la pobreza y el hambre.

El general de alto rango Hlaing no preveía, que su ascensión al poder se encontraría con una resistencia tan fuerte y firme cuando ideó el golpe. La oposición surgió casi inmediatamente después de que su junta depusiera al gobierno.

Desde entonces, a pesar de la brutal represión, el régimen militar ha sido incapaz de consolidar el control del país. El gobierno recurre a una violencia cada vez mayor para intentar someter a la población.

En el país del sudeste asiático, de 54 millones de habitantes, los movimientos políticos antigolpistas han proliferado. Diputados, representantes de minorías étnicas y activistas de la sociedad civil han formado un Gobierno de Unidad Nacional para hacer frente a la Junta. Y en todo el país se han formado milicias antijunta de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), que atacan al personal de las fuerzas de seguridad y a los civiles que se consideran partidarios del gobierno. En las últimas semanas, los soldados han arrollado con un camión del ejército a un grupo de manifestantes pacíficos y transeúntes en el centro de Yangon, matando a varias personas e hiriendo a otras. En la región de Sagaing, los militares han incinerado a un grupo de once aldeanos, entre los que había niños, algunos aparentemente mientras estaban vivos, y en la víspera de Navidad, en el estado de Kayah (una zona predominantemente cristiana), las tropas han quemado a 31 personas tras detenerlas en un puesto de control cuando intentaban huir de los combatientes del ejército y las fuerzas de la resistencia.

En este último incidente, cuatro miembros de una milicia local alineada con el régimen fueron también asesinados a tiros cuando intentaban negociar un paso seguro para los civiles.

El golpe de Estado también ha traído consigo además, una grave situación humanitaria fruto de la agitación económica, que ha acabado con los modestos avances en la reducción de la pobreza conseguidos en la última década. De hecho, la economía se contrajo casi un 20% en 2021.