Los represaliados por Ortega a LA RAZÓN: "No sabemos cuánto más podremos estar en nuestras casas o dónde dormiremos mañana"

Daniel Ortega y Rosario Murillo han decidido castigar plenamente la disidencia. Apenas días después de desterrar de Nicaragua a 220 presos políticos, enviados a Estados Unidos directamente desde sus lugares de reclusión, y despojarlos de su nacionalidad antes de que aterrizaran en Washington DC ha decidido extender su decisión a otros 94 opositores.

Este miércoles fueron declarados como "traidores a la patria" 94 críticos de su régimen, la gran mayoría ya exiliados que abandonaron el país principalmente entre 2018 y 2020 cuando el régimen Ortega-Murillo profundizó la represión política. Pero no contento con dejarlos sin identidad jurídica, fueron despojados de sus bienes inmuebles dentro del país.

Se trata de opositores, defensores de derechos humanos, activistas ciudadanos y periodistas e intelectuales. En la lista se cuentan nombres como los de los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, pero también con los periodistas Lucía Pineda y Wilfredo Miranda, por ejemplo. Los primeros simpatizaron con la revolución hace décadas, antes de su deriva autoritaria posterior, y militaron en el sandinismo. Los segundos reportaron en los últimos años la transformación en dictadura de un gobierno que ganó las elecciones para volver al poder.

"Aquí seguimos. Ellos piensan que quitándome nacionalidad y casa podrán con uno: pero todo eso se recupera", dice Pineda desde Costa Rica, donde está residiendo desde 2019 cuando salió de la cárcel a donde fue enviada y torturada durante seis meses.

Había sido detenida en diciembre de 2018 por denunciar la represión contra el canal 100% Noticias y la detención de su director Miguel Mora Barberena, y acusada de terrorismo por sus reportajes críticos. Pineda fue la primera reportera en presentar en televisión nicaragüense las denuncias de Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra de Daniel Ortega que lo acusó de supuestamente abusar sexualmente de ella.

"Nosotros seguimos trabajando. Una nacionalidad que nos quiten y una casa que nos quiten no nos va a callar. Son unos ladrones y Dios me va a devolver lo que me está robando", dijo Pineda a LA RAZÓN tras conocer la sentencia en su contra. La periodista, que también tiene nacionalidad costarricense, confirmó que seguirá trabajando desde San José para mantener informada a la población de Nicaragua pues "esta es una lucha por la verdad de Nicaragua, por la justicia, por las libertades".

Dentro de los castigados en el lote de 94 personas hay algunos que aún residen dentro de Nicaragua. La sentencia implica que el Estado asume el control de bienes y propiedades de los mencionados, pero hasta la tarde de este 16 de febrero no se habían reportado todavía desalojos ni toma de los inmuebles.

Dos de los incluidos en la medida, consultados por LA RAZÓN pero que solicitaron resguardar su identidad para evitar más represalias, manifestaron su desconcierto y temor por posibles desalojos. "No sabemos cuánto más podremos estar en nuestras casas o dónde dormiremos mañana", dijo uno de ellos al referirse a toda su familia. Rápidamente se han activado redes de solidaridad y evalúan próximos pasos.

Entre los afectados por la disposición anunciada por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía del Tribunal de Apelaciones de Managua, están también la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el periodista Carlos Fernando Chamorro, la exguerrillera Mónica Baltodano y su familia, y el excomandante sandinista Luis Carrión. La lista también incluye al obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la líder campesina Francisca Ramírez, el disidente exembajador ante la OEA Arturo McFields, el excanciller Norman Caldera y el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, que abandonó Nicaragua tras las protestas sociales de 2018.

Supuestos delitos de "conspiración" y noticias falsas

Los delitos imputados contra los acusados son "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y "propagación de noticias falsas”, indicó Rodríguez Mejía. Esos delitos se han aplicado a decenas de opositores encarcelados en los últimos años.

También se produce tras una condena a 26 años de cárcel impuesta contra el obispo de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, el religioso más crítico al régimen de Ortega, quien se negó a ser desterrado junto a los presos políticos.

Por estar en el exilio, el tribunal consideró que se trata de personas "pófugos de la justicia", aun cuando varios de ellos no estaban acusados de nada penalmente. Además, extiende sobre ellos, así como sobre los 222 desterrados días atrás, una prohibición de ejercer cargo público en su país a perpetuidad.

En 2021 durante las elecciones generales que incluían votaciones para presidente, Ortega inhabilitó y encarceló a al menos nueve candidatos, y finalmente resultó ganador con el 75% de los votos, según anunció la autoridad comicial, luego de que opositores denunciaran el veto a sus aspirantes y llamaran a no participar.