Ola de violencia

Fugas de la cárcel, secuestro de funcionarios y amenazas: Daniel Noboa combate el caos impuesto por las mafias de la droga en Ecuador

Todavía se desconoce la situación de 171 agentes de prisiones que fueron secuestrados en siete cárceles del país

 Daniel Noboa se muestra cada vez más duro. Un día después de decretar en Ecuador la existencia de un «conflicto armado interno», el presidente ratificó que «estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas». Lo dijo este miércoles en una entrevista a una radio local de Quito, la capital ecuatoriana, donde se refirió a la crisis de violencia que vive su país desde el lunes: «Se acabaron los momentos de gobiernos tibios». El mandatario afirmó que las 22 bandas que ha identificado como grupos terroristas están conformadas por más de 20.000 personas. Noboa explicó que el estado de guerra declarado significa que ahora esas agrupaciones son objetivos militares. «Cuando son terroristas y cuando vivimos un estado de conflicto, de estado de guerra, aplican otras leyes, aplica también el Derecho Internacional Humanitario, que es diferente al usual que ocurre en el Ecuador», precisó.

Indicó que la ola de violencia que vive la nación no es un accidente, sino una reacción de la delincuencia y el narcotráfico a que su Gobierno comenzó a aplicar un plan de seguridad y a luchar contra la corrupción. «Ahora que decretamos el estado de conflicto armado no internacional se quieren acoger al Tratado de Ginebra; ahora hablan de derechos humanos. Tienen cuarenta o sesenta rehenes en una cárcel y hablan de derechos humanos. (Están) asustados», apuntó señalando que están «combatiendo al narcoterrorismo». Hasta este miércoles se habían registrado 11 personas muertas producto de incidentes violentos, principalmente en Guayaquil, epicentro del conflicto. Es la segunda ciudad más importante del país, luego de la capital, pero la de mayor relevancia económica. Su posición geográfica costera la ha convertido en clave para las operaciones de narcotráfico internacional y el envío de drogas a Estados Unidos y Europa. En estos tres días se han registrado más de 40 hechos de violencia. Entre los sucesos estuvieron el asalto a un canal de televisión, a una universidad y a un hospital y otros sitios públicos, así como el incendio de vehículos particulares y autobuses, detonación de explosivos, incluyendo coches bomba.

Hasta ahora la Policía de Ecuador ha informado sobre 70 detenciones por los atentados perpetrados en Ecuador, desde el 8 de noviembre. Los detenidos serán procesados por terrorismo, que implica una pena de 10 a 13 años de cárcel. Entre ellos están secuestradores de policías y el grupo de encapuchados que, armados con fusiles y granadas, entraron a la transmisión en vivo del canal TC Televisión. La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, dijo que no se han registrado bajas militares «pero sí tuvimos que lamentar muertes de nuestros policías», en referencia a dos agentes asesinados a 37 kilómetros al norte de Guayaquil.

Todavía no se conoce la situación de los alrededor de 171 agentes penitenciarios secuestrados por los presos de siete prisiones ecuatorianas, a raíz de los motines ocurridos desde el lunes. El martes circularon vídeos de ejecuciones a los funcionarios en redes sociales, pero su veracidad no ha sido confirmada por las autoridades. Desde las cárceles se han grabado varias amenazas dirigidas al presidente Daniel Noboa. En las imágenes se observa a los guías retenidos y amenazados con cuchillos. En algunas grabaciones los agentes son obligados a leer los mensajes escritos por los criminales.

Entretanto, en Quito se han militarizado las calles, con unos 700 militares y 400 policías que resguardan el centro histórico donde está la Presidencia, la Vicepresidencia, la Alcaldía y otros despachos oficiales. Desde el poder legislativo también se tomaron medidas en el marco del estado de guerra interna. La Asamblea Nacional manifestó, en un pronunciamiento respaldado por todos los partidos políticos que lo conforman, su respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás funcionarios encargados de mantener la seguridad y la paz frente a la ola de violencia que vive el país y anunció que adoptará «indultos y/o amnistías» en los casos que sean necesarios para garantizar que puedan cumplir su tarea. En un pronunciamiento publicado en X, antes Twitter, los miembros del poder legislativo ecuatoriano dijeron estar trabajando «en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas», en respuesta a los ataques perpetrados el martes en varias ciudades simultáneamente por grupos criminales.

Los legisladores respaldaron en su pronunciamiento las acciones emprendidas por el Gobierno y pidieron que se determine quienes son los responsables de las fugas carcelarias y se los sancione con «el máximo rigor de la ley»; y anunciaron que darán prioridad legislativa a las normas en materia de seguridad que se encuentren en trámite, incluyendo la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Justamente Noboa expresó ayer que hace falta entender el alcance institucional de su guerra interna. «Esto no lo podemos combatir de un solo lado, y no es solo bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces que apoyen a estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista", afirmó en la entrevista.

Más allá de la frontera

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó que buscará extraditar a unos 1.500 presos extranjeros. Dijo que la mayoría son colombianos, peruanos y venezolanos, al tiempo que ratificaba que construirá dos grandes cárceles de máxima seguridad con la misma empresa que construyó unas en El Salvador.

Entretanto, en Perú el ministro de la Defensa, Jorge Chávez, anunció una auditoría para determinar si la munición de los delincuentes de Ecuador procede de sus Fuerzas Armadas, visto que se ha detectado una "presunta posibilidad" de que así sea, vistos los videos del asalto al canal TC Televisión de Guayaquil.

Al mismo tiempo, el gobierno peruano declaró bajo estado de emergencia toda su frontera -de más de 1.400 kilómetros- con Ecuador y reforzará la vigilancia con contingentes policiales y militares. Este miércoles las Fuerzas Armadas ecuatorianas mostraron un video de una redada a tiros en Huaquillas, cerca de la frontera con Perú.

Por su parte, las embajadas de Estados Unidos y China anunciaron la cancelación de todas las citas consulares y Francia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Ecuador. Dentro del país, las ciudades afectadas muestran poca gente en sus calles y miedo de sus pobladores, aunque con el transporte público funcionando.