Las protestas violentas no cesan en Perú: al menos siete muertos y dos menores de edad

Siete muertos, incluyendo dos menores de edad. Todos por impacto de proyectiles de armas de fuego durante enfrentamientos con la Policía Nacional. Las protestas en Perú ya son sangrientas. Así lo ha confirmado la Defensora del Pueblo. Eliana Revollar, quien encabeza esa institución informó que algunos perdieron la vida en la toma del aeropuerto de Huancabamba (al norte del país), otros en el aeropuerto de Arequipa y los demás en los enfrentamientos de Chincheros, ambas zonas al sur de la nación andina. Revollar confirmó que hay 32 civiles heridos, más 24 policías heridos y declaró que “la situación es muy tensa en el país”. La Policía Nacional contabiliza en 32 los agentes lesionados.

Los datos de la Defensoría especifican que tres de los fallecidos tenían 18 años, uno tenía 26 y los dos menores de edad contaban 15 y 16 años, respectivamente. La persona que murió en Arequipa sumaba 28 años de edad.

“Todos han fallecido en enfrentamientos, algunos en la toma del aeropuerto de Huancabamba, otros en la toma del aeropuerto de la ciudad de Arequipa, y los demás en protestas que tenían en Chincheros, donde estaban protestando. Todos han sido alcanzados por proyectiles de armas de fuego, lamentablemente. Hemos pedido investigación porque son siete vidas que han tenido un mismo destino”, añadió Revollar.

La presidenta Dina Boluarte había dicho en los últimos días que la acción policial estaría sujeta al respeto a los derechos humanos, y su nuevo Ministro de Justicia, José Alfaro, declaró que “la población tiene derecho a protestar, pero las protestas tienen que ser bien encausadas y pacíficas. Tenemos que movernos en función de los parámetros que nos da el Estado de derecho”.

El ministro dispuso que los defensores públicos del Ministerio de Justicia presten apoyo legal a quienes requieran tales servicios en las zonas afectadas por manifestaciones, de manera gratuita para “velar y garantizar por el respeto pleno de los derechos fundamentales”. Mientras,

Pero sobre el asfalto las reivindicaciones aumentan de temperatura, con los bloqueos de carreteras, el incremento de resguardos policiales en aeropuertos y zonas de interés, como la plaza San Martín de Lima, donde la presencia de uniformados se ha robustecido. Hace varios días la Policía Nacional de Perú había suspendido todos los permisos y vacaciones para convocar a todo su pie de fuerza.

Este martes, en la quinta jornada de protestas desde la destitución de Pedro Castillo, el mapa de Perú registraba aún más bloqueos en carreteras y se mantenía cerrado el aeropuerto de Cuzco, tomado por manifestantes. Las protestas continúan con grupos exigiendo distintas cosas, pero todos coincidiendo en la necesidad de cambios políticos. Unos piden elecciones adelantadas, otros el cierre del Congreso y la convocatoria a una constituyente, y algunos hasta exigen la restitución de Pedro Castillo en la presidencia.

Gabriel Amnaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), aseguró que existen infiltrados en las manifestaciones que son los responsables de los actos violentos registrados durante las movilizaciones.

Dentro de las oficinas gubernamentales la búsqueda de soluciones también se debate. El Ejecutivo y el Congreso recién inician el debate político para adelantar las elecciones generales. Un sector apuesta porque sea en 2024, siguiendo la solicitud de la presidenta Dina Boluarte que pidió hacerlas en abril de ese año, pero bancadas de izquierda y de oposición demandan que las votaciones sean el próximo año.

El ministro de Justicia, José Tello, explicó este martes que por un tema de plazos es imposible que sea en 2023 porque no alcanzaría el tiempo para impulsar reformas electorales y políticas. Señaló que las normas electorales no se pueden modificar en el año previo a los comicios y que unas elecciones deben convocarse con 270 días de anticipación al día del sufragio. Esto lo reafirmó el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas.

En cualquier caso, el Congreso debe aprobar las respectivas leyes electorales hasta abril próximo para poder cumplir los lapsos planteados por Boluarte: convocar el proceso en junio, realizando la primera vuelta en abril de 2024, el balotaje en junio y la asunción de las nuevas autoridades al mes siguiente.

Las leyes peruanas establecen que previo a ello deben realizarse un proceso de inscripción en el padrón, y unas primarias abiertas y obligatorias.

Pero la última palabra la tiene el Congreso. El legislativo que preside José Williams Zapata discutirá dos escenarios electorales este miércoles: la propuesta de Boluarte o una que permita votar en 2023. Varios diputados creen que debe incluirse otras reformas en ese llamado a elecciones, desde la bicameralidad legislativa hasta la convocatoria a un proceso constituyente.

Pero desde el parlamento también se impulsa otra agenda, la del castigo al expresidente Pedro Castillo por su intento de autogolpe de Estado. El Congreso se mantiene en un proceso constante de interpretación de leyes que sigan el paso a la actuación de la Fiscalía en el caso, lo cual ha generado críticas por parte de especialistas.

El abogado Ronald Atencio asumió la defensa de Pedro Castillo, luego de que Miguel Pérez renunciara a hacerlo y Aníbal Torres, el exprimer ministro que había tomado ese rol al inicio del proceso, fuera acusado por la Fiscalía por lo que afirmó pasaría a la clandestinidad.