El valle del Javarí, la riqueza amazónica amenazada por el narcotráfico y la pesca ilegal

La densa selva amazónica en el Valle del Javarí, el noroeste de Brasil fronterizo con Colombia y Perú, esconde las violentas disputas de los narcotraficantes por el control de sus ríos para transportar cocaína, la pesca ilegal, la tala de árboles, la caza furtiva y la minería. Unos 6.000 indígenas que habitan en las once tribus del Valle del Javarí, considerada la mayor concentración de comunidades originarias del mundo, ven amenazado su modo de vida por la destrucción del ecosistema y los conflictos provocados por la explotación de los ríos y bosques de esta remota zona del Amazonas.

El periodista británico de 57 años, Dom Phillips, y el indigenista brasileño de 41, Bruno Araújo Pereira, desaparecieron la mañana del 5 de junio cuando navegaban por el río Itaquai hacia Atalaia do Norte para seguir con sus entrevistas a los habitantes de estas tribus. Phillips vivía en Brasil desde hace 15 años y era un apasionado del Amazonas. Pereira era un experto conocedor del terreno y trabajaba en proyectos juntos a las comunidades para preservar el ecosistema del valle.

Phillips preparaba un libro sobre la conservación de la Amazonía con la ayuda de la fundación estadounidense Alicia Patterson. Periera organizaba con los indígenas planes para reforzar la vigilancia de la zona con el fin de combatir la pesca ilegal, la tala de árboles para vender la madera, el contrabando de especies protegidas y otras actividades delictivas.

Los dos detenidos por la desaparición de Phillips y Pereira son dos hermanos pescadores, Amarildo da Costa ‘Pelado’ y Oseney da Costa. Ambos han confesado haberlos asesinado, según han informado fuentes policiales y la prensa local. Los detenidos cometieron el crimen después de que Pereira los sorprendiera mientras pescaban en una zona prohibida dentro de una reserva indígena.

Tras retenerlos, llevaron al periodista y al indigenista a un lugar aislado de un río donde supuestamente los mataron, descuartizaron, quemaron y enterraron. Uno de los detenidos llevó el miércoles a la Policía al lugar, donde los agentes encontraron restos humanos. La policía investiga a otros cinco sospechosos. A la espera de verificar la identidad de los cuerpos, las autoridades brasileñas consideran el caso parcialmente resuelto.

Los académicos, reporteros y activistas que investigan en el Valle del Javarí sufren amenazas y ataques de los grupos criminales. La demanda de pescado en la región ha aumentado a medida que crecen las poblaciones en la ciudad brasileña de Tabatinga y Leticia en Colombia, una ciudad al sur de Colombia junto al río Amazonas.

Tensiones entre indígenas y pescadores

La escasez de peces en el río Amazonas ha convertido a los ríos del Valle del Javarí en un lugar muy codiciado por los contrabandistas. Los turistas de Leticia es probable que degusten pescado capturado ilegalmente. El Valle del Javarí ha sufrido las últimas décadas el incremento de las históricas tensiones entre las tribus indígenas y los comerciantes que ponen en riesgo esta zona de la Amazonía, el gran pulmón del planeta cuya conservación los científicos consideran clave para combatir el cambio climático.

A pesar de la resistencia de la población local no indígena, el Gobierno federal de Brasil creó en 2001 el Territorio Indígena del Valle del Javarí con el objetivo de proteger un área del tamaño de Portugal. Históricamente, las comunidades no indígenas que viven fuera de esta zona pescaban allí. La protección del terreno les prohibió el acceso. Desde entonces, las tensiones han crecido.

La agencia gubernamental para asuntos indígenas de Brasil, conocida como Funai, estableció una base permanente en el punto donde se encuentran los ríos Itui e Itaquai. “Hasta día de hoy, los lugareños no aceptan que no se pueda pescar, cazar o cortar leña allí”, contaba a AP Armando Soares Filho, funcionario retirado de la Funai que estuvo a cargo del monitoreo de los pueblos indígenas aislados en la zona entre 2003 y 2005. Los indicios apuntan a que el caso de Phillips y Pereira está relacionado con las actividades ilegales de peces, especialmente la captura de una especie llamada pirarucu, uno de los mayores peces de agua dulce protegido desde la década de los ochenta.

“Colombianos y peruanos también consideraron la zona como una reserva para que se llevaran lo que quisieran”, subraya Soares. La bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gabriela Jiménez, explica a LA RAZÓN que “la explotación ilegal rompe el equilibrio que tienen los habitantes de las tribus indígenas con la naturaleza, que ellos consideran la sagrada Pachamama”.

Droga y lavado de dinero

“La pesca ilegal en el Valle de Javarí es solo la parte inferior de una cadena delictiva que involucra carteles de drogas y lavado de dinero. El trabajo de Bruno Pereira perjudica a un eslabón de esa cadena”, cuenta desde el Valle del Javarí el periodista brasileño del diario Estadão, Vinícius Valfré. El reportero detalla los mecanismos de los carteles para lavar dinero: “Los traficantes tienen en las ciudades de la Triple Frontera negocios que buscan dar apariencia de legalidad a las reales fuentes de ingresos. Son hoteles, restaurantes, cafés y empresas de turismo, por ejemplo”.

El aumento de los cultivos de coca en Perú la última década ha repercutido en un incremento de la actividad criminal en el Valle del Javarí. Los traficantes procesan la coca para hacer cocaína que después envían a través del Valle del Javarí y el río Amazonas, escasamente poblado, para ser distribuido en las ciudades de la región. La ruta de la cocaína continúa hacia otras ciudades brasileñas y Europa.

Comando Rojo

Durante años, las pandillas Familia del Norte, el Primer Comando de la Capital y el Comando Rojo lucharon por el control del Amazonas. El Comando Rojo es considerado el cartel dominante desde hace dos años. Amazonas es el estado con los índices más altos de violencia en relación al tamaño de su población. Un estudio de la Universidad de Sao Paulo y el Foro Brasileño de Seguridad y el medio G1 alerta que el número de asesinatos en esta región el año pasado ha aumentado un 54%.

La ley brasileña limita el contacto con las tribus aisladas. Muchos miembros de estas tribus han quedado traumatizados por el contacto con foráneos, que propagan enfermedades o siembran la violencia. Los grupos ecologistas y defensores de los derechos de los indígenas han argumentado que las posiciones de Bolsonaro, defendiendo la explotación del Amazonas porque “son gente pobre” viviendo “en tierras ricas”, ha animado a muchas personas a participar en actividades ilegales en la Amazonía sin temor a ser detenidos. Bolsonaro se ha negado a aumentar el área protegida del Amazonas.

A pocos meses de las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre, los colectivos ambientalistas temen una mayor explotación de la Amazonía para incentivar a toda costa el crecimiento económico. Bolsonaro ha criticado a periodistas que investigan en la zona como Phillips al considerar que realizan una cobertura engañosa de la deforestación. El presidente brasileño rechaza abiertamente las posiciones de los activistas que, como Pereira, defiende que los pueblos indígenas deben ser protegidos. El mandatario de 67 años argumenta que deben integrarse y que desean el desarrollo económico.

Bolsonaro ha abogado a menudopor explotar los recursos de los territorios indígenas, especialmente los minerales. Jiménez recalca que “cuando se explota una mina se deteriora también el terreno que la rodea”. La Amazonía brasileña ha perdido 2.867 kilómetros cuadrados de vegetación nativa en entre enero y mayo, un 13% más que el mismo periodo del año anterior. La selva amazónica perdió 13.235 kilómetros cuadrados de terreno vegetal entre agosto de 2020 y julio de 2021, la mayor extensión degradada en un periodo de doce meses en los últimos 15 años.

Pérdida de biodiversidad

“La pérdida de la biodiversidad es una gran amenaza para las comunidades indígenas que mantienen desde hace siglos una relación con la naturaleza en la que saben cuánto pueden recibir de ella y cuánto deben devolverle a su diosa Pachamama”, subraya la bióloga de la UNAM. Jiménez explica que los contrabandistas “talan grandes extensiones de terreno para sembrar frutos que no tienen allí como maíz, cítricos o frijol”. La investigadora destaca otros lucrativos negocios como en la Amazonía como “el tráfico de animales exóticos y plantas endémicas”. Pereira había dirigido operaciones para confiscar pescado, tortugas y huevos de tortuga. Funai y el ejército son las únicas autoridades presentes en el Valle del Javarí.

El abandono de esta zona por parte del Estado brasileño complica la supervivencia de las 6.000 personas que conforman las once tribus del Valle del Javarí. El economista y analista, Joel Pinheiro da Fonseca, defiende que las autoridades brasileñas han perdido la capacidad de controlar la Amazonía: “Bolsonaro siempre coqueteó con la idea de vender la explotación de la Amazonía a grandes empresas extranjeras, pero lo que terminó haciendo fue más sencillo. El gobierno simplemente abandonó la escena y dejó que cualquier hiciera lo que quisiera”, sostenía esta semana en una columna de opinión en el diario Folha de São Paulo.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, calificó la región como un “Estado paralelo dirigido por el crimen organizado del narcotráfico transnacional que se impone donde el Estado brasileño no llega”. La impunidad se ve reflejada en el caso del asesinato del investigador Maxciel Pereira dos Santos en 2019, cuando lo mataron a plena luz del día cuando viajaba en una moto junto a su esposa en la ciudad de Tabatinga, en el estado brasileño de Amazonas. Dos Santos, mano derecha de Pereira en la agencia estatal de defensa de los indígenas Funai, investigaba la minería, la explotación de la madera, la caza y la pesca ilegal.

Dos Santos y Pereira ayudaron a la policía en 2019 a elaborar un plan para destruir 60 balsas de mineros ilegales que exploraban las áreas cercanas a la reserva indígena del Valle del Javarí. Dos Santos fue asesinado dos días antes de que se ejecutase la operación. Pereira abandonó la Funai un mes después. “Eso les expuso tremendamente a los dos”, explicaba a G1 Alexandre Saraiva, ex delegado de la Policía Federal en el Amazonas. Las investigaciones y la colaboración con los pueblos indígenas para preservar el ecosistema suponen grandes riesgos de ser amenazado, atacado o asesinado por los grupos criminales que amenazan el modo de vida ancestral de las tribus indígenas aisladas.

El indígena del Valle del Javarí, Beto Marubo, alertaba en 2018 a la ONG Survival International la grave situación en el Valle del Javarí: “Los indígenas aislados del valle están pidiendo socorro. Sin Funai, que está siendo destruida a propósito de forma irresponsable”. Marubo expresaba en un fluido portugués el gran temor de los 6.000 habitantes que forman parte de las once tribus del Valle del Javarí: “Tal vez de aquí a un tiempo, la gente solo pueda contar que un día ellos existieron”.

Un joven navega en una pequeña canoa de madera la mañana del jueves en un río del Valle del Javarí, acompañado por la frondosa selva amazónica y una fina lluvia. Los indígenas han organizado protestas pidiendo respuestas ante el crimen contra Phillips y Pereira, personas apreciadas en estas comunidades, como cuenta Valfré desde la orilla del río: “Cae una lluvia débil en el borde del bosque. Por aquí, mucha gente afligida por la confirmación de la barbarie en el día de ayer”.