La represión contra la Iglesia en Nicaragua, cuatro años de persecución de Ortega

Como si su voz hubiese llegado demasiado lejos en un país asfixiado por la represión del dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue detenido a las tres y media de la madrugada el 19 de agosto por las Fuerzas Especiales de la Policía de Nicaragua en la Curia Episcopal de esta ciudad en el interior del país centroamericano. Desde entonces, Álvarez continúa aislado en arresto domiciliario acusado por el gobierno nicaragüense de “actividades desestabilizadoras y provocadoras”. La audiencia inicial de su juicio, sin las mínimas garantías procesales, está prevista el 10 de enero.

Álvarez, de 55 años, fue arrestado después de permanecer en el interior de la curia junto a otros seis religiosos durante dos semanas, desde que la policía mantuviese acordonada la zona imponiéndole un arresto domiciliario de facto. El presidente nicaragüense Daniel Ortega, que gobierna Nicaragua desde 2007 con puño de hierro junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, acusa a la Iglesia católica de “golpista”. El ex guerrillero sandinista de 77 años, católico, sostiene que la “Iglesia es la dictadura perfecta”. El autócrata nicaragüense no se siente “representado” por las autoridades católicas.

Tras la detención del obispo Rolando Álvarez, la policíaprohibió las procesiones de San Jerónimo. Álvarez, una de las voces más críticas con Ortega, había denunciado el cierre de cinco emisoras de radio religiosas

Pese al riesgo de ser detenidos o atacados por la Policía o las juventudes sandinistas, los feligreses de Álvarez salieron a las calles de Matagalpa para mostrarle su apoyo. Álvarez trató de calmar a la comunidad de Matagalpa en una misa que transmitió por Facebook: “Nos encontramos bien de salud gracias a Dios y viviendo en comunidad”. En plena madrugada del viernes 19 de agosto, Álvarez fue arrestado tras denunciar el cierre de cinco emisoras de radio religiosas. Tras su detención, la policía prohibió las procesiones en honor a San Jerónimo alegando “razones de seguridad pública”. Un comunicado de la Policía Nacional confirmaba el arresto de Álvarez y su envío a prisión domiciliaria, conocida en Nicaragua como “casa por cárcel”.

Sin embargo, las autoridades enviaron a cuatro sacerdotes y dos seminaristas a la temida Dirección de Auxilio Judicial, conocida como la prisión “El Chipote”. En “El Chipote”, denunciado como el centro de torturas de la dictadura de Ortega, están recluidos la mayoría de los 255 presos políticos sin alimentación adecuada, sin acceso a medicamentos, sufriendo torturas y sin apenas ver la luz del Sol.

“El asedio contra los sacerdotes es constante con personas maliciosas que ingresas a los templos a grabar homilías y tomar fotografías”, contaba el padre Edwin Román a LA RAZÓN desde su exilio en Miami.

Desde sus homilías retransmitidas por Facebook y YouTube, Álvarez exigía a Ortega que “respete” la libertad de culto ante los “hostigamientos” a la Iglesia católica. El padre Edwin Román, perseguido por la dictadura de Ortega, se encuentra en Estados Unidos desde agosto de 2021, cuando decidió no regresar de un viaje ante el riesgo de ser detenido. Román dejó su cargo como párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya. El sacerdote recuerda las misas en las que era vigilado por la policía y las juventudes sandinistas: “El asedio contra los sacerdotes es constante con personas maliciosas que ingresan a los templos a grabar homilías y tomar fotografías”, contaba a LA RAZÓN en septiembre desde Miami.

El padre Román confesaba que llegó a Miami “con mucho trauma psicológico” por el miedo a ser detenido: “Me perturbaba escuchar la alarma de la Policía. Fue impactante poder salir solo a la calle o montarme en autobús. Tenía años de no disfrutar de sentirme libre”. El sacerdote explicaba sus críticas a la dictadura: “No militamos en partidos de la oposición, pero sí debemos ser discípulos fieles a Cristo que no se calla ante el opresor”.

Ortega acusa a “algunos curas y obispos” de “llamar a la gente a matarme”. La persecución contra la Iglesia católica se ha ido recrudeciendo desde las protestas estudiantiles de abril de 2018, apoyadas por algunos religiosos y duramente reprimidas por el régimen

En el acto de una academia militar la semana pasada, el dictador nicaragüense acusaba sin pruebas a “algunos curas y obispos” que “llamaron a la gente a que me metieran a plomo, a matarme”. La persecución de Ortega a religiosos católicos se ha ido recrudeciendo desde las marchas de estudiantes de abril de 2018 en las que la represión de la Policía y las juventudes sandinistas provocaron 355 muertos, 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados, según organismos de Derechos Humanos.

La Iglesia católica de Nicaragua ha informado este domingo se unirá a la 56 Jornada de la Paz que el Papa Francisco celebrará el 1 de enero. La jornada de oración en Nicaragua será presidida por el cardenal Leopoldo Brenes desde la Catedral Metropolitana de Managua, indicó un portavoz de la Iglesia en un mensaje que fue transmitido por el Canal Católico de Nicaragua, que se emite en Facebook desde mayo, cuando sus transmisiones por televisión abierta y cable fueron suspendidas por el gobierno.

Pese a declararse católico, Ortega acusa al Vaticano de “usar” a sus obispos para “dar un golpe de Estado”

Tras la detención o el exilio forzada de políticos, periodistas, estudiantes y referentes de la sociedad civil, la Iglesia católica se ha convertido en una de las principales voces opositoras dentro de Nicaragua. Ortega mantiene encarcelados al menos a diez sacerdotes, además de al obispo Rolando Álvarez. Pese a declararse católico, Ortega tilda a la Iglesia de “dictadura perfecta”. El autócrata nicaragüense acusa al Vaticano de “usar” a sus obispos para “dar un golpe de Estado” en el país centroamericano: “Los oímos hablar de democracia y no practican la democracia”.

El obispo de Managua, fuera de Nicaragua desde hace 4 años por decisión del Papa, califica de “cínico” al dictador nicaragüense.

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, quién se encuentra fuera de Nicaragua desde hace 4 años por decisión del Papa Francisco por motivos de seguridad, calificó de “mentiroso” y “cínico” a Ortega por los señalamientos a la Iglesia católica. “¡Cuánta ignorancia, cuánta mentira y cuánto cinismo! Un dictador dando lecciones de democracia. Alguien que ejerce en forma ilegítima el poder, criticando la autoridad que Jesús otorgó a su Iglesia. Alguien que es ateo, lamentándose de no sentirse representado por la Iglesia”, escribió en un tuit el obispo de la capital nicaragüense.

El destierro de Báez no ha sido el único. Once religiosos han sido expulsados del país, entre ellos destacan el sacerdote Luis Carrillo o el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw. El exilio de sacerdotes o monjas es una de las prácticas en ascenso del régimen. A otros ocho religiosos se les ha impedido entrar a Nicaragua. El régimen de Ortega expulsó en julio a 18 hermanas de la Orden Madre Teresa de Calcuta, fundada el 16 de agosto de 1988 durante el primer régimen sandinista (1979-1990) tras una visita a Nicaragua de la madre Teresa de Calcuta.

La expulsión de 18 hermanas de la Orden Madre de Calcuta, acusadas de terrorismo y lavado de dinero, ha sido uno de los golpes más duros del régimen sandinista a la Iglesia católica.

Las 18 religiosas fueron “acompañadas” a la frontera con Costa Rica por agentes sandinistas acusadas de lavado de dinero y terrorismo. Las hermanas fueron recibidas por la Diócesis de Tilarán Liberia. Junto a la comunidad católica, el obispo de esta congregación, monseñor Manuel Eugenio Salazar, mostró su solidaridad: “Es un honor para nuestra Diócesis de Tilarán Liberia que sus plantas pisen estas tierras”. La organización mantenía en Nicaragua una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas y un asilo de ancianos que comenzaron a cerrar el pasado 15 de junio ante la represión del gobierno nicaragüense y las juventudes sandinistas.

Desde 2018, la Iglesia católica en Nicaragua ha sufrido 396 agresiones, 94 de ellas de junio a octubre

La Iglesia católica en Nicaragua ha sufrido 396 agresiones desde 2018, apunta la investigadora y abogada Martha Patricia Molina en su informe ‘Nicaragua ¿Una Iglesia perseguida?’. Los ataques a sacerdotes ascienden a 133, los templos religiosos han sufrido 104 profanaciones o daños por personas afines al régimen de Ortega, 14 procesos penales contra religiosos y 12 hostilidades contra creyentes católicos. Los ataques a la Iglesia católica han aumentado drásticamente los últimos meses. En 2018 se registraron 81 agresiones contra la Iglesia, 76 ataques en 2019, 54 en 2021 y este año se han producido 127 agresiones. De ellas, 94 se han realizado desde junio a octubre, poco antes de que la investigadora presentase sus conclusiones. Ante la opacidad de la dictadura de Ortega, Molina explica que “cada una de las fuentes de información ha sido exhaustivamente verificada”.

“La misión de la Iglesia está muy limitada y amenazada”, denunciaba el padre Román ante el cierre de más de 3.000 ONGs desde 2018: “Ortega obstaculiza la labor de personas caritativas”

El régimen sandinista hostiga también a las ONGs presentes en Nicaragua, muchas de ellas católicas. En base a una polémica ley, las autoridades nicaragüenses han disuelto más de 3.000 ONGs desde 2018, casi la mitad de las más de 7.000 ONGs registradas en Nicaragua, revela ‘Expediente ONG’. La clausura suponía en muchos casos apropiarse de los bienes de organizaciones religiosas, culturales, deportivas, científicas, educativas o sanitarias. El dosier de tres informes ha sido presentado a principios de diciembre en Costa Rica por representantes del Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Fundación del Río y la Fundación Popol Nah. Estas dos últimas ONGs también han sido cerradas por el régimen de Ortega. El padre Román remarcaba a este diario que “la misión de la Iglesia está muy limitada y amenazada”: “Han cerrado muchas ONGs, incluyendo la labor social de las Hermanas de la Caridad”. El sacerdote nicaragüense exiliado en Miami añadía que “Ortega obstaculiza la labor de personas caritativas que han apoyado obras sociales”.

“La nueva etapa represiva de la dictadura tiene dos blancos: la Iglesia católica y las organizaciones civiles”, denunciaba en julio el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Mcfields.

“La nueva etapa represiva de la dictadura tiene dos blancos: la Iglesia católica y las organizaciones civiles”, denunciaba a LA RAZÓN en julio el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Mcfields. En un gesto aplaudido por la oposición nicaragüense, Mcfields denunció el autoritarismo del gobierno de Nicaragua, en el que él mismo trabajaba. Hace dos semanas, gobierno de Estados Unidos ha prohibido la entrada a 500 personas vinculadas al gobierno de Daniel Ortega por “socavar las instituciones democráticas”, anunció el pasado 19 de diciembre el secretario de Estado, Antony Blinken. Antes de la oleada represiva, Ortega mantenía una tensa relación con la Iglesia católica, pero no ejercía una represión tan intensa como estos últimos cuatro años.

Meses antes de las elecciones del 7 de noviembre de 2021, rechazadas por la oposición y la mayoría de la comunidad internacional, Ortega inició una oleada represiva que mantiene para aferrarse al poder. Ortega detuvo a siete candidatos presidenciales y decenas de periodistas, líderes estudiantiles, campesinos, empresarios y abogados. La ola represiva forzó al exilio a otros candidatos, como la jurista María Asunción Moreno, y a destacadas voces opositoras, entre ellas antiguos guerrilleros sandinistas como Dora María Téllez, presa en El Chipote a sus 67 años.

Desde sus homilías, el obispo Álvarez criticaba la deriva autoritaria del régimen sandinista. Su detención encendió en agosto las alarmas de la comunidad internacional.

Tras llegar al poder en 1979 derrotando a la dictadura de Anastasio Somoza, Ortega perdió unas elecciones democráticas en 1991 frente a una oposición unida en bloque en torno a Violeta Chamarro. Ortega regresó al poder en 2007 en unos comicios limpios. Desde entonces, Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han consolidado una dictadura en este país de 6,7 millones de habitantes.

Tras cuatro años de intensa represión en la que los principales líderes políticos y periodistas independientes están en la cárcel o en el exilio, la Iglesia católica es una de las voces más críticas con la dictadura de Ortega.

La detención de Álvarez, una de las voces más críticas con el régimen de Ortega dentro de Nicaragua, encendió en agosto las alarmas de la comunidad internacional. Desde sus homilías, el obispo de Matagalpa, la séptima ciudad más grande de Nicaragua, criticaba la deriva autoritaria del régimen Ortega-Murillo. Su arresto confirmaba que Ortega recrudecía su deriva autoritaria y, en particular, su persecución contra la Iglesia católica. El régimen Ortega-Murillo parecía querer mandar un mensaje: si puedo arrestar al obispo Rolando Álvarez, cualquiera puede ser detenido.

Tras cuatro años de intensa represión en la que los principales líderes políticos y periodistas independientes están en la cárcel o en el exilio, la Iglesia católica es una de las voces más críticas con la dictadura de Ortega. Tras la detención del padre Álvarez, el Papa Francisco se pronunció en agosto por primera vez su preocupación y dolor ante la crisis política y social en Nicaragua: “Sigo con cercanía, con preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua que afecta a personas e instituciones”. El Papa Francisco, sin mencionar el proceso judicial del padre Álvarez que tendrá su audiencia inicial el 10 de enero, instó a una negociación que permita el regreso de la libertad religiosa y los Derechos Humanos a Nicaragua: “Quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueden encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”.