China castigará a los internautas que den “me gusta” a publicaciones incómodas

Mientras muchas personas y países se erizan ante la idea de una censura de Internet, el Gobierno comunista de Pekín está intensificando sus esfuerzos para controlar lo que sus ciudadanos pueden leer y debatir en línea. De hecho, acaba de entrar en vigor una normativa de la Administración del Ciberespacio de China (CAC), que comenzó a aplicarse hoy jueves y que reprimirá a los internautas que den “me gusta” a publicaciones consideradas “perjudiciales” o “ilegales”.

Si un usuario de Internet chino busca la palabra “movimiento democrático” o “independencia del Tíbet”, lo más probable es que aparezca un enlace a una pantalla en blanco que dice “no se puede mostrar la página”. Mas allá de estos vetos, las nuevas directrices publicadas en el sitio web de la CAC y que tienen su origen en una ley publicada en 2017, también exigen que todas las plataformas de medios sociales -ya fuertemente censuradas y reguladas- desarrollen un sistema de crédito social para calificar a los usuarios en función de sus opiniones, “me gusta” y otras interacciones con los sitios.

Así trabaja el brazo de hierro censor del régimen comunista de Xi Jinping. La disposición establece que las plataformas deben desarrollar este sistema de calificación crediticia para los usuarios que comenten las publicaciones. Los que obtengan una calificación baja serán expulsados o se les impedirá crear una nueva cuenta en la aplicación. También se exigirá a las redes que verifiquen la identidad real de los usuarios antes de interactuar en sus publicaciones. Se les obligará a facilitar su DNI, teléfono móvil o número de crédito social para que puedan ser verificados.

En la práctica, estas medidas deberían disuadir a muchos internautas de escribir mensajes embarazosos contra el gobierno. No obstante, la Administración del Ciberespacio afirma contribuir a “proteger la seguridad nacional, el interés público y a los ciudadanos”. Por su parte, la prensa oficial ha elogiado la normativa, subrayando que “Internet no es una zona sin ley”. Pero junto al tímido “yo apoyo”, la mayoría de los usuarios parecen hostiles.

“Es una forma de limitar el comportamiento antisocial, los rumores y la violencia en Internet”, afirmó un usuario en la red social Weibo. “¡Pero también hay que escuchar las aspiraciones y las críticas de la gente! No hay normas detalladas. Van a cortar por lo sano”, dice otro.

El país asiático es uno de los más dinámicos del mundo en el sector de Internet, especialmente en ventas, pagos en línea, retransmisiones en directo o redes sociales. Pero varias páginas extranjeras están bloqueadas (Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter...) y las plataformas cuentan con ejércitos de empleados encargados de borrar mensajes demasiado sensibles políticamente para orientar a la opinión pública.

Las nuevas medidas del régimen comunista chino llegan tras un año convulso, especialmente tras las masivas protestas que se sucedieron en todo el país, en parte provocadas por las políticas de “Cero covid“, en vigor desde hace aproximadamente tres años. Estas políticas se han caracterizado por el uso de medidas represivas, como bloqueos de ciudades enteras, que en ocasiones han afectado a millones de personas. Miles de disidentes tomaron entonces las calles y las redes sociales, arriesgando sus medios de vida y sus carreras académicas para exigir una relajación de las restricciones. Algunos incluso pidieron que el recién investido presidente de la República Popular China dimitiera de su cargo, una medida de desobediencia civil que se considera especialmente drástica dadas las posibles consecuencias, incluidos cargos judiciales.

Cómo se las ingenian los disidentes para abrirse paso al “Gran Cortafuegos”

Pero los analistas centrados en el aparato censor quedaron fascinados por la disidencia en redes Al fin y al cabo, las autoridades chinas llevan años desplegando enjambres de personal censor para vigilar y erradicar los contenidos que chocan demasiado descaradamente con las rígidas narrativas de los medios de comunicación estatales del gobierno, mientras que la IA y el aprendizaje automático han dotado a la disidencia de un nuevo estrato de sofisticación que les ha ayudado a expandir sus ideales.

Pekín enfatiza cada vez más la soberanía gubernamental sobre el ciberespacio y los datos, haciendo evolucionar rápidamente su régimen de ciberseguridad, promulgando numerosas políticas, y formulando normas nacionales de ciberseguridad y protección de datos. Los derechos de privacidad y los principios de seguridad están enraizados en la Constitución de la RPC, el Código Civil y la Ley de Seguridad Nacional, fundamentados en tres pilares legales establecidos: la Ley de Ciberseguridad (CSL), la Ley de Seguridad de Datos (DSL) y la Ley de Protección de la Información Personal (PIPL).

El sistema de censura se conoce fuera de China continental como el “Gran Cortafuegos”, en doble referencia a su función de cortafuegos de la red y a la Gran Muralla. Creada en 2011, la Oficina Estatal de Información de Internet es el órgano responsable de este control en el país comunista. Por ello confía en las principales empresas de telecomunicaciones, como China Telecom, China Unicom y China Mobile, para imponer los bloqueos.

La Ley de Ciberseguridad de 2017, junto con otras normativas, ha aumentado la presión sobre las empresas privadas de tecnología para que ayuden al gobierno a crear un sofisticado proyecto de control. Esta directriz exige a las empresas que controlen el contenido que sus clientes crean o comparten, censuren el contenido que infrinja las leyes y normativas, y lo denuncien a las autoridades.