La “número dos” del defensor del Pueblo pide “paralizar” la extradición del opositor venezolano Rolando Figueroa

La adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, ha solicitado “paralizar” la extradición del opositor venezolano Rolando Figueroa, reclamado en su país por un presunto delito de estafa -algo que él atribuye a una persecución política-, hasta que haya una resolución judicial firme sobre la decisión del Ministerio de Interior de denegarle el asilo.

Así consta en un escrito enviado por Jiménez-Becerril a Figueroa donde le comunica formalmente que han recibido su petición de suspender su entrega a Caracas, “teniendo en cuenta las circunstancias” que concurren en su caso.

“Le informo que en el día de hoy me he dirigido al Director General de la Policía, al que he solicitado, como autoridad policial competente para llevar a efecto la eventual entrega, que valore paralizar, suspender o aplazar provisionalmente la misma en tanto haya un pronunciamiento judicial definitivo en España (...) sobre este caso”, le indica.

En el escrito, fechado el 22 de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, Jiménez-Becerril alude también a “la situación actual de los Derechos Humanos en Venezuela”, sin entrar en detalles.

Figueroa se reunió con Jiménez Becerril la semana pasada, por intermediación del destacado opositor venezolano Leopoldo López, para trasladarle su caso y presentar una queja formal ante el Defensor del Pueblo solicitando que se suspendiera su extradición a la nación caribeña.

Venezuela pidió la extradición de Figueroa en 2018 por, supuestamente, haber estafado a una mujer que había contratado varios tratamientos médicos con una empresa de productos sanitarios. La presunta víctima habría pagado más de 200.000 dólares sin recibir tratamiento alguno.

La extradición quedó aprobada en julio de 2020 pero, por problemas logísticos relacionados con la pandemia, no llegó a materializarse. Un año después se reactivó, aunque volvió a suspenderse después de que Figueroa formulara una segunda petición de asilo.

El pasado 12 de abril, el Ministerio de Interior volvió a negarle el asilo por las mismas razones que la primera vez, esto es, por entender que era un militante de base cuya labor de oposición no era lo suficientemente destacada como para ser víctima de persecución por parte de Gobierno de Nicolás Maduro.

Esta segunda negativa podría reavivar el proceso de extradición de Figueroa, si bien sus abogados, del despacho Ismael Oliver, que lleva la causa ‘pro bono’, preparan ya un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

“MI DELITO HA SIDO PENSAR DISTINTO”

En una entrevista concedida a Europa Press, Figueroa se declaró “totalmente inocente”, asegurando que solo era un asesor legal de la empresa que habría consumado la presunta estafa.

Así, achaca la acusación en su contra a una persecución política impulsada por la presunta víctima, Mayerling Rojas, una antigua compañera del Ministerio de Interior y Justicia que le tachó de “traidor a la patria” por no acatar las órdenes que llegaban desde el oficialismo.

Figueroa, que lleva viviendo en España desde 2017 junto a su mujer y sus dos hijos menores -los tres de nacionalidad española-, afirma que la verdadera razón de que Venezuela le reclame es su tarea de oposición. “Mi delito ha sido pensar distinto”, dice.

Además, advierte de que “esto es un tema de vida o muerte”. “De ser metido en un avión, al pisar Venezuela yo soy torturado (...) No se sabrá más nunca nada de mí”, sostiene sin ninguna duda.

Por ello, pide a las autoridades españolas que revisen su caso, mostrándose dispuesto a aportar toda la documentación necesaria para respaldar sus palabras y conseguir el asilo.