Gobierno peruano acudirá a la Corte IDH para revertir la liberación de Fujimori

La población peruana amaneció dividida una vez más, en esta ocasión, como consecuencia de la liberación de uno de los expresidentes más polémicos del país, Alberto Fujimori.

Tras darse a conocer el fallo, aprobado este jueves por el Tribunal Constitucional, el Viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, confirmó que el Gobierno peruano acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para revertir la excarcelación.

Carrasco dijo que desde el Ejecutivo se están “coordinando acciones” para revertir este fallo “indignante” que “revictimiza a las familias y a los agraviados de los crímenes por los que fue sentenciado el exmandatario”.

“Existen mecanismos constitucionales para que Perú acceda a la notificación y se vean también cuáles son los alegatos, el sustento y los fundamentos del Tribunal Constitucional para emitir este fallo que, definitivamente para todos los peruanos que creemos en la democracia y la justicia, resulta totalmente indignante”, agregó.

La votación había quedado empatada a tres. Los votos a favor de la liberación del expresidente fueron de los magistrados José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero; y quienes votaron en contra fueron: Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma y Manuel Mirada. Finalmente, el voto dirimente a favor de Fujimori, lo dio el magistrado Augusto Ferrero, al ser presidente del TC.

La incomodidad de la población no tardó en hacerse presente, ya que decenas de manifestantes salieron a las calles a manifestarse en contra del fallo con carteles de rechazo hacia al Tribunal de Justicia.

En la actualidad, Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.

La liberación de Alberto Fujimori se dará una vez que la sentencia esté firmada por todos los magistrados, lo cual puede tardar hasta una semana.

Entre los argumentos que favorecieron el recurso se encuentra que el exmandatario es una persona avanzada de edad y con enfermedades crónicas, además de que el indulto otorgado fue bien sustentado en su momento.

INDULTO HUMANITARIO

Fujimori recibió el indulto humanitario por su delicado estado de salud en diciembre de 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en lo que fue un intento desesperado por evitar los votos de Fuerza Popular en la moción de censura que se presentó contra él por corrupción.

El perdón fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta para la cual no cabe indulto humanitario al tratarse de delitos de lesa humanidad.

Posteriormente, la Justicia de Perú aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el expresidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.

REACCIÓN DE PEDRO CASTILLO

Tras conocerse la resolución del Constitucional, el presidente del país, Pedro Castillo, manifestó su rechazo, pues considera que la decisión es un reflejo de la “crisis institucional” que vive Perú y a la que ya aludió esta misma semana durante una intervención en el Parlamento.

“La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del Tribunal Constitucional”, dijo Castillo en un mensaje en sus redes sociales.

Además, el mandatario ha instado a los órganos de justicia internacional a los que está adscrito Perú a que cautelen “el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo” de la nación andina.

Por su parte, el primer ministro de Perú, Aníbal Torres, se ha manifestado en los mismos términos que su presidente y ha lamentado que esta decisión demuestra que en el país “tienen justicia los criminales”.

Torres dijo, ante esta situación, que el Tribunal Constitucional debería “desaparecer” porque le cuesta “muchísimo dinero” a la ciudadanía y se dedica a “proteger a los más poderosos”.