Liberan a ambientalistas condenados en Honduras

Una corte de Honduras resolvió sorpresivamente el jueves dos amparos presentados hace un año y ordenó que seis ambientalistas hondureños sentenciados el miércoles sean puestos en libertad en las próximas horas.

“La corte lo que ordena es la nulidad de todo el proceso desde el auto de formal procesamiento (acusación formal)”, expresó a The Associated Press Kenia Oliva, la defensora de los ambientalistas, ocho en total, que estaban siendo acusados por privación injusta de la libertad e incendio agravado.

Los ocho fueron acusados en 2018 por su labor en defensa del agua ante un proyecto minero que opera de manera supuestamente ilegal en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

Según el Ministerio Público, los ambientalistas provocaron daños a la propiedad privada y retuvieron de forma ilegal a un experto en seguridad durante un enfrentamiento que sostuvieron con guardias de seguridad de la empresa minera Los Pinares.

Seis de ellos fueron condenados el miércoles y dos fueron absueltos de la responsabilidad penal. Uno de los amparos era contra el auto de formal procesamiento y el otro porque no se les otorgó en su momento una revisión de la medida de prisión.

“Ellos debieron haber salido libres en la audiencia inicial (antes de llegar a juicio oral y público), porque la corte considera que hubo violación a la tutela judicial y al debido proceso desde un inicio”, expresó Oliva.

La abogada lamentó que la corte haya resuelto de forma tardía los amparos, uno presentado en marzo y el otro en abril de 2021.

“De hecho, el tribunal no debió haber dictado un fallo hasta que se resolvieran los amparos”, señaló.

Tras conocerse el nuevo fallo, cientos de pobladores de la localidad de Trujillo, en el departamento de Colón, salieron a las calles para acompañar a los familiares de los ocho ambientalistas con el fin de celebrar su liberación.

La condena el miércoles de seis ambientalistas, defensores del río Guapinol, fue repudiada por varios organismos nacionales e internacionales. Incluso organismos nacionales estaban prestos a presentar escritos para que se les aplicara un decreto de amnistía aprobado por el Congreso la semana pasada y publicado en el diario oficial La Gaceta el sábado 5 de febrero.

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado, dijo a la AP ese día que “el juicio ha sido manipulado y no ha existido un debido proceso en cuanto a la defensa de los compañeros”, por lo que buscarían que se les aplicara la amnistía.

“Este veredicto es escandaloso y va en contra de las obligaciones de Honduras de garantizar el derecho a defender derechos humanos. Debe anularse de forma inmediata. No cesaremos de demandar a las autoridades hasta que sean liberados inmediata e incondicionalmente todos los defensores de Guapinol”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Las autoridades hondureñas deben dejar de utilizar el sistema de justicia para criminalizar, intimidar y hostigar a las personas defensoras de derechos humanos”, apuntó.

Por su parte, Isabel Albaladejo Escribano, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, había señalado: “La Oficina que represento ha llamado en reiteradas ocasiones a que se revise la detención preventiva de los defensores y a que se cumplan las garantías del debido proceso con base en las obligaciones internacionales de Honduras en la materia”.

“Lamentamos que, nuevamente y sin acreditarse los elementos que justifiquen mantener la detención preventiva, los defensores sigan sometidos a dicha medida”, añadió Albaladejo Escribano.

Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para el activismo ambientalista. El crimen más sonado a la fecha es el de la ambientalista Berta Cáceres, ultimada a balazos el 3 de marzo de 2016 por desconocidos que entraron a su casa en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá.

De acuerdo con datos publicados por Global Witness el 2 de marzo de 2020, al menos 27 personas defensoras de la tierra y el territorio habían sido asesinadas desde el ataque a Cáceres. Según las estadísticas de Vía Campesina —una organización de Honduras que aglutina a varias organizaciones de campesinos para defender sus derechos—, a esas muertes se suman 12 más ocurridas en los meses posteriores de ese año.