Nicolás Maduro ha perdido definitivamente a uno de sus mayores aliados a manos de EE UU: el colombiano Álex Saab ha sido extraditado a Miami, donde le espera un juicio por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que lo podría condenar a 20 años en prisión. Sin él, el régimen chavista no solo deja de tener a un operador financiero fundamental sino el control sobre una inmensa cantidad de secretos de cómo funciona el andamiaje económico bolivariano.

Investigaciones periodísticas y de parlamentarios opositores han determinado que Saab, cuya relación económica con el chavismo comenzó hace casi una década, terminó convertido en una suerte de zar de los negocios. De construir viviendas de bajo coste e importar alimentos, enriqueciéndose con sobreprecios y entregando comida que incumplía estándares nutricionales, terminó siendo el responsable de triangular montones de importaciones a través de Turquía, Irán, Emiratos Árabes y Rusia, entre otros países.

Algunos, como el diputado opositor Carlos Paparoni, lo han llamado el ministro de Economía en las sombras de Maduro, encargado de operar conexiones del régimen venezolano en el mercado negro, una manera de sobreponerse a las sanciones que Washington impuso a la industria petrolera venezolana y a las importaciones estatales.

Cuando fue detenido en Cabo Verde, en Caracas se encendieron las alarmas: lo nombraron embajador, le dieron nacionalidad venezolana, afirmaron que tenía estatus diplomático y comenzó una intensa campaña publicitaria, amén del pago de su defensa encabezada por el ex juez español Baltasar Garzón que se calcula ha consumido unos 170 millones de dólares.

Pero ahora Saab está en Florida, luego de que su extradición cumpliera los requisitos legales de Cabo Verde, algo que sus abogados niegan. «Esta acción se realizó sin que se hubiera dado una notificación previa a ningún miembro del equipo de defensa, que tampoco contaba con la documentación o resolución relevante al respecto», dijeron en un comunicado ayer.

Por su parte, el régimen venezolano respondió con fiereza. Primero arreciando su ataque contra Roberto Deniz, el periodista que ha develado desde 2017 los negocios turbios de Saab en Venezuela. El viernes la vivienda de su familia en Caracas fue allanada, y su hermano sometido a interrogatorio. En los próximos días deberá volver a comparecer sobre la relación con el reportero, a pesar de que éste abandonó el país en 2018 y no se han visto desde entonces. Denis salió de Venezuela cuando un tribunal admitió una causa en su contra pues Saab y su socio Álvaro Pulido –también fugitivo de EE UU– lo demandaron por difamación pues negaban tener negocios con el régimen de Maduro. De igual forma, un tribunal ha solicitado la captura del reportero, señalándolo por «incitación al odio».

Asimismo, el sábado (madrugada del domingo en España), los cinco ciudadanos estadounidenses y un residente estadounidense ex gerentes de la petrolera Citgo que fueron arrestados en 2019 fueron nuevamente recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Según su abogada María Alejandra Poleo, el traslado de los «seis de Citgo» se hizo sin una orden judicial a un lugar donde se registra un brote de covid-19. El Departamento de Estado de EE UU exigió ayer su «liberación inmediata».

Desde abril pasado tenían «casa por cárcel» como un gesto del chavismo hacia el presidente Joe Biden y como antesala a unas negociaciones con la oposición. Pero ahora esa actitud ha cambiado. De hecho, la tercera ronda del diálogo en México que comenzaría ayer fue suspendida por la delegación chavista. El jefe de la comisión del régimen, Jorge Rodríguez, lo anunció como medida de protesta por la extradición de Saab. Rodríguez reiteró que Maduro defenderá «con todos los recursos legales y diplomáticos» a Saab y «llevará el caso a todas las instancias multilaterales defensoras de los derechos humanos». Acusó a la oposición de querer atentar contra el diálogo en México.

Su contraparte opositora acudió a la capital azteca y desde allí declaró que «ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano». El jefe de la delegación, Gerardo Blyde, exhortó al régimen a retomar las conversaciones que este fin de semana debía avanzar e constituir a los integrantes de una mesa de atención social humanitaria que, ahora, queda en veremos. El líder opositor Juan Guaidó dijo que «la dictadura convirtió el hambre en arma de control social y en un negocio para sus jerarcas, quienes hoy responden ante la justicia. Con la irresponsable suspensión de su asistencia a México, evaden de nuevo la atención urgente al país, que hoy sufre con 76,6% de pobreza extrema».