Atacan con proyectiles a policías en las protestas contra la “tiranía sanitaria” de Macron

Miles de personas han salido a la calle este sábado en Francia para protestar contra las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, contra la pandemia de coronavirus. Las marchas, que han tenido lugar en las principales ciudades del país, como París, Marsella, Lyon, Montpellier, Nantes y Rennes, entre otras, han sido convocadas después de que el Ejecutivo impusiera la vacunación de todos los trabajadores sanitarios y el uso de un certificado sanitario para la realización de determinadas actividades.

La Policía estima que más de 100.000 personas se han sumado a las manifestaciones a pesar del riesgo que supone de contagiarse de COVID-19. En París, la capital, se han registrado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lo que ha llevado a los agentes a hacer uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes en varios puntos de la ciudad.

Además, según informaciones del diario ‘Le Figaro’, varios agentes han sido atacados con proyectiles. Los manifestantes, que aseguran que las protestas van dirigidas contra la obligatoriedad de tener que presentar un certificado COVID y no tanto contra la vacunación ‘per se’, han lamentado que dicha medida suponga un “desprecio” hacia las “libertades democráticas”.

El tránsito del texto por las cámaras está siendo largo y tras dos días de discusiones y votaciones en la Asamblea Nacional se encuentra ahora en el Senado, de mayoría conservadora, donde los debates prometen también prolongarse. Las primeras modificaciones se introdujeron antes incluso de que se iniciara el debate, pues la comisión de Leyes y Asuntos Sociales de la Cámara alta retiró dos cláusulas importantes antes de que comenzara el pleno.

No será por tanto necesario presentar un certificado sanitario -bien de vacunación, de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses o un test negativo de las 48 horas anteriores- para acceder a centros comerciales ni para hacer una visita a hospitales.

Sí que se mantienen las grandes líneas del texto: será necesario contar con él para poder entrar en cafés, restaurantes y transportes públicos de larga distancia a partir de principios de agosto, y a partir del 15 de septiembre la vacunación será obligatoria para el personal sanitario.

Pero los senadores han aligerado las sanciones en el caso del personal de sanidad: no habrá despido si al cabo de dos meses el profesional mantiene su negativa, como preveía el texto inicial. En cambio, las multas serán más duras para los empresarios que no controlen el certificado de sus clientes, que podrían recibir una orden de cierre administrativo temporal, en lugar de una multa, y en caso de reincidir en tres ocasiones podrían ser multados con 9.000 euros y hasta un año de prisión.

Los controles sólo podrán ser ejecutados por las fuerzas de orden y no por agentes de seguridad privados. Habrá multas también para los que muestren un certificado falso, de hasta 3.750 euros. Sin embargo la introducción más importante de los senadores es la necesidad de que el certificado sanitario funcione únicamente cuando el país haya decretado el estado de emergencia sanitario, por lo que votaron que vuelva a ser aplicado ahora hasta el 31 de octubre de 2021.