El alquiler barato, un pilar del Estado del Bienestar sueco

La crisis de la vivienda es uno de los más acuciantes problemas que afronta Suecia. Lo saben bien quienes se trasladan a vivir a Estocolmo o Gotemburgo, las dos ciudades más grandes del país nórdico, donde encontrar dónde vivir se ha convertido en una auténtica odisea con listas de espera de más de una década para alquilar una casa. Según la Junta Nacional de Vivienda, Construcción y Planificación (Boverket), 255 de los 290 municipios suecos reconocen la escasez de viviendas.

A diferencia de otros países europeos, en Suecia los precios de los alquileres están regulados para garantizar el acceso a la vivienda de todo la población. Los propietarios no pueden imponer la renta que les plazca, sino que deben acordarla con la Asociación Sueca de Inquilinos (Hyresgästföreningen). El precio depende del “valor de utilidad”, que se calcula según el estado de la vivienda y la zona en la que se encuentre.

El escaso margen de beneficio a consecuencia de esta regulación estatal disuade a las constructoras de levantar pisos de alquiler, lo que reduce la oferta disponible en las ciudades, especialmente de pequeñas viviendas.

La idea detrás de este sistema es garantizar que las personas tengan acceso a una vivienda asequible, por lo que en Suecia no resulta rentable comprar una propiedad para alquilar, a diferencia de muchos países. Los controles de alquiler son un pilar clave del Estado del Bienestar sueco, introducido por los socialdemócratas después de la Segunda Guerra Mundial y, en teoría, garantizan que incluso aquellos ciudadanos con ingresos modestos puedan vivir en su zona preferida.

A la espera de encontrar un alquiler de primera mano, los suecos se ven obligados a recurrir a los alquileres de segunda mano, es decir a los pisos subarrendados, que resultan más costosos. La enorme demanda facilita que los propietarios sin escrúpulos cobren de más, y la escasez de apartamentos significa que algunas personas acepten pagar más en lugar de pasar por el proceso de encontrar una nueva casa. Los propietarios pueden subarrendar sus apartamentos a un precio más alto (aunque todavía están obligados a cobrar un “alquiler razonable”) basándose en el valor actual de mercado de la propiedad y en su ubicación.

El Acuerdo de Enero de 2019 por el que liberales y centristas dieron su apoyo al Gobierno rojiverde de Stefan Löfven incluía la desregulación del mercado del alquiler. La presentación por el Gobierno de un proyecto de ley para cumplir este compromiso provocó la furia del Partido de Izquierda, que el jueves pasado retiró su apoyo al Ejecutivo tras expirar su ultimátum de 48 horas para que retirara la ley o presentara una nueva.

Los ex comunistas se abstuvieron en la investidura del primer ministro socialdemócrata y durante estos dos años y medio han respaldado al Gobierno en el Parlamento, pero ya entonces advirtieron de que la liberalización del mercado del alquiler era su “línea roja” y que presentarían una moción de censura en caso de que Löfven la sobrepasara.

Al no sumar los 35 diputados necesarios para presentarla, los ultraderechistas Demócratas Suecos (SD), tercera fuerza del “Riksdag”, aprovecharon la oportunidad y registraron su propia moción para tumbar al Gobierno a pesar de que también están en contra de liberalizar el mercado del alquiler. Como aliados para derribar a Löfven, los extremistas de izquierdas y derechas contaron con la necesaria ayuda de conservadores y democristianos, que sí están a favor de que sea el mercado quien determine los alquileres.

El polémico proyecto de ley, que aún no ha iniciado su trámite parlamentario si quiera, prevé que los alquileres de los inmuebles de nueva construcción estén sometidos a las leyes del mercado. Es decir, que los propietarios e inquilinos negocien el precio, que se verá afectado por la inflación anual y revalorización del barrio.

Los socialdemócratas aceptaron a regañadientes las exigencias de liberales y centristas, pero solo para las nuevas viviendas, apenas un 1% del parque total de viviendas. Sin embargo, para los ex comunistas y la Asociación Sueca de Inquilinos, la nueva legislación desregularía el mercado del alquiler y dejaría indefensos a los arrendatarios.

Actualmente, los propietarios de obra nueva ya pueden cobrar alquileres más altos que muchos edificios antiguos durante los primeros 15 años para cubrir los costes de la inversión en el edificio, pero no pueden negociar de forma individual.

Los jóvenes suecos y los inmigrantes son los grupos que sufren especialmente por la situación actual y para muchos de ellos la idea de tener su propia casa en un futuro próximo es cada vez más un sueño imposible. Según un informe de Hyresgästföreningen, casi una cuarta parte de los jóvenes de entre 20 y 27 vive actualmente con sus padres, el número más alto desde que se registraron las cifras por primera vez en 1997, cuando la proporción era del 15%.

Solo el 57% de los jóvenes en esa franja de edad tiene su propia casa, ya sea a través de un contrato de alquiler de primera mano o subarrendado. Estar en el mercado laboral por un corto período de tiempo significa que muchos jóvenes simplemente no pueden pagar los gastos de compra de una propiedad, por lo que el acceso a alquileres asequibles es esencial. Pero esos alquileres asequibles son dolorosamente escasos en las grandes ciudades.