Polémica en Francia: ¿Hay que prohibir la difusión de imágenes de policías?

La Asamblea Nacional francesa debate a partir de hoy una proposición de ley sobre la seguridad que ya ha generado polémica. El punto más criticado es el artículo 24 que prohíbe difundir imágenes que permitan identificar personalmente a policías y agentes con el objetivo declarado de impedir agresiones. El castigo por incumplirlo es un año de cárcel y 45.000 euros de multa. Ya hay una enmienda para que la prohibición no se aplique a los números de identificación individual (RIO) de las fuerzas del orden. El viernes el ministro del Interior, Gérald Darmanin, apuntó a un “difuminado” de las imágenes, pero este matiz no está recogido en la proposición y seguro será objeto de debate en el Parlamento.

Los que están a favor de este artículo, entre ellos su gran defensor, el ministro del Interior, argumentan que se trata de defender a las fuerzas el orden de ataques personales, como ya ha ocurrido en el pasado.

Los que critican este punto alertan de que es un límite a la libertad de expresión y un impedimento a que se denuncien abusos policiales. Darmanin alega que e se seguirá pudiendo grabar a los agentes en las manifestaciones, y que lo que no se podrá hacer será su divulgación “de forma malévola”.

Asociaciones de periodistas y diversas ONG como la Liga de Derechos Humanos llevan semanas denunciando esa iniciativa legislativa, que, consideran, restringe “los derechos de los periodistas y la libertad de prensa de forma desproporcionada respecto a la realidad de la amenaza” de la que supuestamente pretende protegerlos.

No es el único punto polémico. También suscita controversia la modificación del marco jurídico de las cámaras móviles de policías y gendarmes que les permitiría explotar las imágenes en tiempo real.

Tampoco ha gustado el punto que aclara el uso de drones durante manifestaciones en caso de que se teman “graves alteraciones del orden público”, lo que podría atentar contra la vida privada y la libertad de reunión.

Las fuerzas del orden han sido objeto de denuncias de racismo y brutalidad policial, especialmente tras la muerte en enero de Cédric Chouviat, un mensajero de 42 años que murió de un paro cardíaco tras ser asfixiado en el suelo durante un control policial en París.