El caso de Genaro García Luna ha evidenciado -una vez más- que el negocio del narcotráfico necesita de la connivencia con los poderes públicos para poder sobrevivir. Este ingeniero mecánico de 51 años ocupó la jefatura de la Agencia Nacional de Investigaciones mexicana (AFI) durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada (2000- 2006), y fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón (entre 2006 y 2012), lo que le daba control total sobre la Guardia Nacional. Durante su largo mandato pasó de encabezar la “guerra contra las drogas”, a ser acusado de narcotráfico; de recibir sobornos, a ser quien sobornaba. El ex secretario de Seguridad creó un imperio de corrupción que -a día de hoy- continúa aquejando a la sociedad mexicana.

El pasado 10 de diciembre se informó de la detención de García Luna por las autoridades estadounidenses bajo la acusación de cuatro delitos: tres por conspirar para introducir drogas en el país y uno por mentir cuando se encontraba bajo juramento en su solicitud de naturalización de 2018. De acuerdo con el documento sobre el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos asienta su acusación, Genaro García Luna recibió millones de dólares en sobornos y, “a cambio de estos pagos, el Cartel de Sinaloa obtuvo, entre otras cosas, paso seguro para sus cargamentos, informes sensibles de inteligencia y aplicación de la ley sobre investigaciones al cártel e informaciones sobre agrupaciones rivales”, sentencia la acusación.

Estos cargos se sustentan en las informaciones obtenidas de una investigación llevada a cabo por el Gobierno estadounidense que se alarga desde el año 2014, y por aquellas informaciones que salieron a la luz durante el llamado “juicio del siglo” al líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán, así como durante la causa del Distrito Norte de Chicago contra Iván Reyes Arzate, ex comandante de la Policía Federal de México.

Pero hasta su detención, este conocido exfuncionario mexicano había pasado el escrutinio de la comunidad internacional. De hecho, varios países premiaron sus muchos años de “servicio” y su “fiel defensa de la Justicia”. Tanto la agencia antidrogas estadounidense (DEA) como el FBI rindieron homenaje a García Luna por su labor al frente de la lucha contra el narcotráfico. Llegó incluso a recibir honores de España, que le otorgó la condecoración de la Orden del Mérito Policial por su contribución al combate contra el terrorismo.

El proceso que se ha iniciado en la Corte de Nueva York contra García Luna está generando mucha expectación, no solo por las evidentes aspiraciones de justicia, sino también por la necesidad de desentrañar cómo fue posible la construcción de un entramado corrupto de tal magnitud y alcance, y por averiguar qué otros altos cargos de la Administración mexicana podrían verse salpicados por este escándalo.

Hay fundadas sospechas de que los tres predecesores de Andrés Manuel López Obrador podrían haber participado en esta trama: durante el juicio contra “el Chapo” Guzmán, el narcotraficante Alex Cifuentes señaló -directamente- al ex presidente Fox, que colocó a García Luna al frente de la Agencia Nacional de Investigaciones a pesar de que ya había suficientes evidencias de su relación con el Cartel. De hecho, la primera vez que el narcotraficante se “escapó” de la prisión de máxima seguridad de Río Grande fue durante su mandato.

En una entrevista con los medios locales, el excomisario general de la Policía Federal Preventiva (PFP) Javier Herrera Valles explicó cómo en 2008 envió varias misivas al entonces presidente Felipe Calderón, denunciando las irregularidades cometidas por su mano derecha y cómo éste -simplemente- obvió la mala conducta de García Luna y le dejó continuar al cargo de la Secretaría de Seguridad hasta el final de su mandato. El narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias “La Barbie”, también denunció los vínculos del expresidente con el cartel en una carta al periódico mexicano “Reforma”. Llegó -incluso- a afirmar que Felipe Calderón encabezó varias cumbres con los gerifaltes del narco.

El ex ignatario mexicano Enrique Peña Nieto, antecesor del actual presidente, también podría verse salpicado: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció que la administración de Peña Nieto hizo una transferencia a la empresa de asesoría en materia de seguridad del ex funcionario García Luna por valor de 2.000 millones de pesos (unos 95 millones de euros).