30 años de la invasión de Panamá, la última aventura militar de Estados Unidos en Latinoamérica

La invasión militar de Panamá por parte Estados Unidos dejó una herida abierta en la sociedad panameña y un reguero de dudas sobre las víctimas y las violaciones de derechos humanos cometidas en las navidades más amargas del país. El 20 de diciembre de 1989 tropas estadounidenses entraron en Panamá con el objetivo declarado de derrocar al general Manuel Antonio Noriega, ex agente de la CIA y buscado en EE UU por narcotráfico. El pretexto fue la muerte de un tiro en la cabeza de un teniente del Comando Sur de Estados Unidos en los alrededores del cuartel central de Noriega en el barrio popular del Chorrillo.

El presidente George Bush envió 27.000 soldados para una invasión rápida en la que se produjeron bombardeos aéreos y ataques con carros artillados y armas no convencionales en medio de muestras de júbilo de buena parte de los panameños, cansados de la dictadura de Noriega. “Hay informes que dicen que gran parte del armamento norteamericano se utilizó por primera vez en Panamá”, explica a LA RAZÓN José Luis Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, creada por decreto presidencial hace tres años para esclarecer los sucesos, identificar a todos los fallecidos y proponer medidas de reparación y reconciliación.

Estados Unidos disponía en el momento de la invasión unos 12.000 hombres estacionados en las diferentes bases panameñas, un hecho que hizo pensar a muchos expertos que el verdadero motivo del ataque era otro, desde afianzar el control estadounidense del Canal ante otros países hasta el deseo de ensayar con nuevos armamentos para su utilización posterior en otros conflictos.

Los ataques estadounidenses dejaron el Chorrillo reducido a escombros, producto del efecto de las bombas lanzadas desde aviones A-37 y helicópteros. Si bien los soldados panameños y batallones de la dignidad, formados por civiles armados, atacaron a las tropas de Estados Unidos, las fuerzas locales apenas ofrecieron resistencia. Se ha hablado de la falta de convicción ideológica de los militares, de la ausencia de medios y de la escasa preparación castrense. Meses antes de la invasión hubo dos sublevaciones internas para derrocar a Noriega. Según han contado los cineastas Luis Pacheco y Luis Franco en la película “Operación Causa Justa”, existía desconfianza y división entre las tropas y oficiales por la supuesta orden del dictador de recoger todas las armas para evitar que fueran usadas contra él.

En tres días el país quedó bajo la tutela de las fuerzas de ocupación. Estados Unidos tenía a Noriega en el punto de mira desde 1987, cuando fue encausado en Miami por delitos de narcotráfico. Durante los sucesos, el general se refugió en la sede de la Nunciatura en la capital panameña hasta que se entregó el 3 de enero de 1990. Cumplió pena de prisión en Francia, Estados Unidos y finalmente en su país,donde murió en 2017.

El número de muertos se estima en 300 militares y 214 víctimas, unas cifras basadas en los datos del instituto forense de la época. Otras entidades y organizaciones sociales elevaron la cifra por encima de los mil fallecidos, pero Sosa matiza que esas listas “aportan cifras sin mencionar nombres”. El ataque dejó, además, 17.000 personas sin hogar.

Durante los días posteriores a la invasión, las tropas estadounidenses rastrearon la ciudad en busca de delincuentes y civiles armados vinculados al régimen de Noriega. Disparaban a todo lo que se movía con el objetivo de dominar la ciudad, según cuentan las crónicas de la época. En uno de esos episodios el fotógrafo español Juantxu Rodríguez fue asesinado por los disparos de soldados norteamericanos.

La comisión especial, que cuenta con el acompañamiento de la ONU, quiere normalizar aquel episodio traumático. “Ha sido un tema tabú porque es algo que divide a la sociedad. Muchos de los que fallecieron eran personas muy humildes y no tuvieron en su día oportunidad de tomar medidas para reclamar justicia”, añade Sosa. En palabras de Juan Planells, presidente de la Comisión, se trata de encontrar “la narrativa del sufrimiento de muchos panameños que ha permanecido en el olvido”. A su juicio, “el pueblo panameño tiene que respaldar el dolor de las víctimas”, que han sufrido “la pérdida de sus familiares y la indiferencia de la población”.

En el informe final, que debería ser entregado el próximo mes de julio, se pedirá que la declaración del 20 de diciembre como día nacional y que en las escuelas se enseñe lo que sucedió en aquel momento. “Por increíble que parezca en los colegios panameños no se imparte ninguna enseñanza al respecto en las clases de historia. Es un error gravísimo que esperamos incluir en las recomendaciones”.

Sosa admite que aún existe una gran parte de hechos por reconstruir, pero confía en seguir avanzando gracias, en otras cosas, a la alianza con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, el colectivo de periodistas Concolón y la propia Comisión 20 de Diciembre para reunir documentos estadounidenses y otros que aún quedan por desclasificar y ponerlos a disposición de los investigadores. El material de la Universidad de Washington permitirá ver la invasión desde la perspectiva estadounidense: “Ahí aparecen los informes internos de denuncias a soldados que cometieron violación a los derechos humanos, aparecen todas las comunicaciones internas”, ha explicado Planells.

Dentro del proceso de identificación de las víctimas, en enero se llevará a cabo una exhumación en el cementerio Jardín de Paz, donde se encuentra la mayor cantidad de los cuerpos de los que murieron en la invasión. “No es la primera vez que se exhuman cadáveres, ya se han hecho varias desde diciembre de 1989”, apunta Sosa.