La fuerza de las manifestaciones no se ha agotado después de seis meses, desde que comenzaron las protestas en contra del proyecto de ley de extradición impulsado por el Gobierno Local de Hong Kong. Cientos de miles de personas se han sumado hoy a la marcha con motivo del Día Mundial de los Derecho Humanos, que se celebrará este martes, 10 de diciembre. La marcha se ha producido sin ningún incidente de gravedad, a pesar de que las autoridades avisaron poco antes de su comienzo de la detención de once personas por presunta tenencia de armas. La multitud salió de Victoria Park, en el distrito comercial de Cause Bay, y -al grito de “Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong” y “Gloria a Hong Kong”- se dirigió a Chater Road, cerca del distrito financiero.

Durante todo el trayecto fueron “escoltados” por policías antidisturbios, porque es la primera marcha convocada por el Frente Civil de Derechos Humanos al que las autoridades han dado el visto bueno desde el 21 de julio: “El Gobierno de Hong Kong debe responder a nuestras cinco exigencias para cumplir con el deber de proteger los derechos humanos internacionales y defender la dignidad humana”, sentenciaba la organización a través de un comunicado en el que avisaba que esta es la “última oportunidad” para que la jefa del Ejecutivo Local, Carrie Lam, cediese a todas las demandas de los manifestantes: retirar el calificativo de “revueltas” a las manifestaciones, poner en marcha una investigación sobre la actuación policial, la puesta en libertad de los más de 4.000 detenidos en las protestas, y lainstauración del sufragio universal para la elección de los miembros del Consejo Legislativo y la Jefatura de Gobierno de Hong Kong.

Una azafata retirada de 40 años, identificada como C. Ma, le explicó a EFE, “la opresión del partido comunista chino es mucho más clara cada día”, “los hongkoneses y todos los que compartimos un enemigo común, estamos más unidos que nunca”. Los manifestantes reivindicaban también, el cese inmediato de la práctica de disparar gases lacrimógenos para reprimir las protestas. Y es que, desde que comenzaron las protestas hace seis meses, la Policía ha disparado en torno a 10.000 cargas por toda la ciudad, algo que ha alarmado a la población por la posible liberación de dioxinas, unas compuestos químicos que pueden generar efectos adversos en la salud. Y aunque las autoridades negaron que hubiese evidencias de ello, se negaron a revelar la composición de los gases, argumentando que si se ha echado mano de ellos es por pura “necesidad operativa”.

El Gobierno Local -por su parte- lamentó que muchas de las movilizaciones acabasen en “enfrentamientos violentos e ilegales, el bloqueo imprudente de carreteras, el lanzamiento de cócteles molotov y de ladrillos, incendios, vandalismo, quema de tiendas y propiedades privadas, ferrocarriles, (…)". Pero se ha mostrado favorable al inicio de un diálogo “basado en la ley, en un ambiente pacífico y de confianza mutua”, explicó el Ejecutivo Local en un comunicado.