La oposición en Venezuela vive horas bajas después de la denuncia de sobornos y corrupción entre sus filas. Este episodio se suma a las actuaciones de persecución contra los legisladores opositores que ha mermado y debilitado la fuerza del antichavismo. De los 112 diputados opositores, al menos 88 han sufrido acoso y hostigamiento, según denuncia Delsa Solórzano, presidenta de la comisión de Justicia y Paz en la Asamblea Nacional.

Un informe sobre la situación de los parlamentarios venezolanos señala que 31 de ellos viven en el exilio, algunos en España. Al menos 25 han visto suspendida su inmunidad parlamentaria y ha sido cursada sobre ellos una orden de captura. Desde hace cuatro años no cobran su sueldo como legisladores. “Las caras visibles de la oposición han salido casi todas del país o están silenciadas. Quieren acabar con nosotros”, denuncia Solórzano.

Desde 2016, la Asamblea Nacional, único poder del Estado en manos de la oposición, se encuentra en desacato según la justicia chavista, por lo que todos sus actos son nulos. Sin embargo, en el plano internacional, la Asamblea es reconocida por más de 50 países como el único órgano de poder legítimo de Venezuela, un hecho que tiene consecuencias de carácter económico y político de gran trascendencia.

Para Estados Unidos y otros países, el Gobierno Juan Guaidó, autoproclamado presidente en enero de este año, es el que representa a Venezuela en los tribunales en el exterior. La Constitución venezolana exige que la Asamblea Nacional apruebe los contratos que comprometan el interés nacional. Maduro, por ejemplo, tiene las manos atadas para renegociar la deuda externa con algunos países y necesita volver a controlar el Parlamento nacional para ampliar el margen de maniobra.

El próximo 5 de enero se acaba el periodo de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, pero existe un acuerdo legislativo de 15 partidos antichavistas para renovar el mandato de Guaidó “hasta lograr el cese de la ursurpación” de Maduro. Si en la votación no existen los votos suficientes, la oposición podría perder el control del parlamento nacional.

“Es obvio que existe una maniobra del chavismo para tratar de comprar voluntades y debilitar la unidad de la oposición”, asegura a LA RAZÓN el eurodiputado Leopoldo López Gil. Estas son las maniobras denunciadas por la oposición “para descuartizar”, en palabras del opositor Antonio Ledezma, a los parlamentarios críticos con el Gobierno de Maduro:

1. Sobornos

Diputados vinculados a la mesa del diálogo nacional y al gobierno de Maduro han sido acusados de tejer una red de corrupción para ensuciar a la Asamblea Nacional. El diputado de Voluntad Popular Yon Goicochea ha revelado que algunos compañeros en el Parlamento han recibido hasta un millón de dólares para que el 5 de enero voten a un candidato títere afín al chavismo. De momento han sido señalados nueve diputados opositores que habrían sido comprados, pero en las filas antichavistas hay sospechas de que pudiera haber muchos más.

2. Amenazas y agresiones físicas

La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la comisión de Justicia y Paz en el Parlamento, ha sido amenazada en varias ocasiones y ha denunciado tres intentos de acabar con su vida. Asimismo, ha recibido golpes físicos en el interior de la Asamblea Nacional por parte de diputados del partido de Maduro. El Gobierno también ha empleado a los colectivos civiles armados para acosar a los legisladores. Solórzano explicó a LA RAZÓN que “la nueva modalidad” de persecución es el allanamiento de las viviendas, en las que se realizan pintadas atemorizantes en el interior y exterior “como los nazis que marcaban a los judíos”. La policía política del Sebin, según otras fuentes, envía a sus agentes a los colegios donde estudian hijos de diputados opositores.

3. Retirada de la inmunidad

El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, ha revocado la inmunidad parlamentaria a diputados opositores como Henry Ramos Allup, Luis Florido, Americo de Grazia, Mariela Magallanes, Édgar Zambrano, Simón Calzadilla y Richard Blanco. En estos casos las acusaciones han sido variadas. Se les señalaba por traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública para desobedecer las leyes. Tanto legisladores principales como los suplentes han sido perseguidos por el Gobierno, denuncia Solórzono. En muchos casos pesa una orden de captura “que el régimen utiliza como espada de Damocles, nunca sabes cuándo van a venir a por tí”, añade la parlamentaria.

4. Cárcel y torturas

Juan Requesens es el único diputado que se encuentra en estos momentos en una cárcel como preso político. En agosto cumplió un año entre rejas, acusado por un supuesto atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro. Su familia ha denunciado que fue torturado durante sus primeros meses de encierro en la prisión del Helicoide. El Gobierno le considera como uno de sus rivales más duros por su posición frontal hacia el régimen. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha exigido su inmediata liberación. También fue encarcelado el concejal Fernando Albán, bajo la misma acusación de atentado fallido. Albán falleció días después mientras estaba bajo custodia del Estado. Su familia asegura que fue un caso de asesinato político.

5. Persecución y exilio

Más de 30 de diputados opositores se encuentran en el exilio. Al menos diez de ellos han sido objeto de acciones penales por su apoyo Guaidó. El caso más reciente es el de los legisladores Mariela Magallanes y Américo de Grazia, que se refugiaron en la embajada italiana desde mayo después de la revocación de su inmunidad parlamentaria por el gobierno de Maduro, que los acusaba de haber participado en un fallido levantamiento militar en abril. Ambos llegaron el pasado domingo a Italia. El diputado Freddy Guevara cumplió este noviembre dos años como huésped en la embajada de Chile en Caracas, donde se refugió después de que en noviembre de 2017 se le abriera un juicio por presuntamente instigar las protestas antigubernamentales que se registraron ese mismo año. Hay ocasiones en que el ataque se dirige contra la familia del diputado, como es el caso de José Manuel Olivares, del partido Primero Justicia, quien se vio obligado a salir de Venezuela después de que fuera emitida una orden de captura contra su esposa.