El narco pone de rodillas al Estado mexicano. ¿Ha fracasado López Obrador?

En las últimas semanas dos atentados de extrema gravedad han cuestionado la política de seguridad del Gobierno mexicano presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero fue el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, un hijo de El Chapo, en la ciudad de Culiacán. El cártel de Sinaloa sacó a sus hombres a las calles haciendo una exhibición de armamento, secuestró a militares y acabó doblegando al Ejército, que se vio obligado a entregar a los criminales a Guzmán.

El segundo episodio se ha vivido esta semana con el asesinato de seis niños y tres mujeres en el norte del país, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Ataques de esas dimensiones son frecuentes en México, pero las víctimas -con nacionalidad estadounidense y mormones- y el modus operandi de los autores de la masacre llevó el suceso a las primeras planas de medio mundo.

El número de muertos por violencia de las bandas organizadas en lo que va de año no ha disminuido, lo que hace a muchos a preguntarse si la estrategia de seguridad establecida por la administración de López Obrador está fracasando. El presidente sostiene que la criminalidad es fruto, sobre todo, de la miseria en la que viven muchos mexicanos y que forma para de la herencia recibida de gobiernos anteriores. Su plan para enfrentar el problema ha consistido en buena medida en el lanzamiento de programas sociales y ayudas a los más desfavorecidos. Obrador, además, argumenta que el Estado no puede hacer la guerra a los narcotraficantes porque conduce a una espiral que genera más violencia.

Sin embargo, cada vez más analistas, incluso algunos que defendieron la llegada de Obrador a la presidencia, lamentan que el Gobierno haya renunciado al combate frontal contra el crimen organizado. Un informe del área de estudios municipales del Senado de la República en 2010 señalaba entonces que en torno al 80 por ciento de los municipios mexicanos estaba gobernados por políticos relacionados de forma directa o indirecta con el crimen organizado.

Los expertos en seguridad han señalado repetidamente que si la cúpula de cualquier institución y organismo público está “contaminada”, la cadena de mando necesariamente tendrá que participar de ese esquema de corrupción. Es la llamada "parapolítica". En los últimos años ha habido denuncias de agentes policiales al servicio de los señores de la droga. Periodistas como Ricardo Ravelo o el asesinado Javier Valdez han denunciado que el narco no solo ha sometido a policías y políticos sino también a reporteros, empresarios y jueces, y que algunos de ellos amasaron fortunas de la noche a la mañana por dar cobertura a los criminales.

Como comentaba a LA RAZÓN el comentarista Sabina Bastidas, en muchos territorios del país este tipo de grupos delictivos goza de una implantación social que hace aún más difícil encontrar una estrategia apropiada para acabar con esta lacra. El propio Ravelo, autor de numerosos libros y artículos sobre la materia, ve “claro que el crimen organizado no tiene un enemigo en la presidencia (de López Obrador), sino un aliado que no quiere utilizar los instrumentos legales para combatir nada”. Su estrategia mediática, además, ha generado no pocas polémicas. Días atrás ha sido cuestionado por el general Carlos Gaytán Ochoa, subsecretario y jefe del Estado Mayor de la Sedena en el sexenio de Felipe Calderón, quien denunció que los soldados se sienten agraviados por la actual administración, a lo que el presidente respondió alertando de un posible golpe de Estado en México. El malestar generado en algunos sectores por sus declaraciones han acentuado las críticas sobre la idoneidad de su política para combatir la violencia.

La crisis de seguridad en México ha entrado en una nueva dimensión tras lo sucedido en Cualiacán. Lo visto el 19 de octubre la capital del estado de Sinaloa da cuenta de la poderosa maquinaria del narco, dueño y señor de todo un estado, el de Sinaloa, capaz de derrotar al Ejército y poner de rodillas al Estado mexicano, que cedió ante la brutalidad desatada contra la población de una ciudad de miles de habitantes.El poeta y activista Javier Sicilia ha cuestionado los planes del Gobierno y se ha preguntado si no es tiempo de que el pueblo de México vuelva a congregarse para obligar al Gobierno a realizar una verdadera política de verdad, justicia y paz. "¿A qué nivel de espanto y de horror tenemos que descender para que este país, este pueblo vuelva a reaccionar?", se pregunta.