Miedo al otro

BRUSELAS- Las embarcaciones que Italia ha detenido durante los últimos días en alta mar han recordado a la UE que la inmigración ilegal continúa como uno de sus principales desafíos. Y no sólo eso, también las duras críticas y exigencias de muchos países como Francia o Italia para acabar con este fenómeno. La crisis económica parece haber rebajado la presión de los flujos de sin papeles, como han comprobado en Canarias. No obstante, la prosperidad de la principal potencia económica mundial sigue brillando como una poderosa llamarada en el horizonte de miles de exiliados, que ponen en un aprieto a la Unión cuando intenta garantizar sus derechos y el blindaje de sus fronteras. En el camino hacia una política migratoria común, que aún gatea, España ha dado su apoyo a la propuesta de Italia de organizar una cumbre extraordinaria sobre la materia, en la que se buscaría la receta secreta para conquistar el principio perseguido de una migración ordenada. «Nos parece bien la propuesta de unos guardacostas europeos», aseguró el lunes en Bruselas el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, recogiendo la idea lanzada por su homólogo italiano, Franco Frattini. Pero Europa «no debe renunciar a sus principios y valores en materia de inmigración», en alusión a que esas patrullas pudieran rechazar a los extranjeros sin oportunidad a que plantearan el derecho de asilo, como sugerían en Roma. El Partido Popular Europeo (PPE) considera «esencial» la presencia de estas patrullas y es una de sus propuestas para las elecciones de junio. Los conservadores abarcan en su política migratoria el reforzamiento de la colaboración con los países de origen y la coordinación de los sistemas de regularización de extranjeros entre los socios. Y se oponen a «la regularización unilateral realizada por los Estados miembros». Los socialistas también observan la necesidad de complementar la labor que realiza la Agencia Europea para la Gestión de Fronteras (Frontex) con una nueva «Policía de Control de Fronteras Externas común». Ambos partidos comparten en general la línea de las propuestas. De hecho, han coincidido en un 63 por ciento de las votaciones relacionadas con los temas de inmigración durante la pasada Legislatura, según los datos del estudio «Votewatch». Uno de los puntos de división fue la Directiva de Retorno, aprobada en junio, y con la que se estableció que los inmigrantes pudieran ser retenidos hasta 18 meses en los centros por no tener los permisos administrativos. Se dieron los primeros pasos hacia una política migratoria común, pero un primer paso equivocado, como señalaron organizaciones de derechos humanos y el Partido Socialista Europeo (PSE). A pesar de ello, los socialistas españoles (a excepción de tres de sus miembros) se desmarcaron de su familia política y apoyaron esta norma. Durante los últimos cinco años, la cámara también aprobó una directiva que introduce sanciones para los empresarios que contratan sin papeles y la llamada «tarjeta azul» para favorecer la llegada de cerebros de países terceros.